Los plazos de pago en el sector primario no se mueven de 93 días

Los plazos de pago de las empresas que hacen negocios entre sí no se mueven. El tejido empresarial español trabajó en el último ejercicio con un plazo medio de 94 días, muy lejos del horizonte de los 60 días que trata de impulsar la legislación española y europea. De acuerdo con el estudio presentado hoy por Iberinform y Crédito y Caución, en el marco del Observatorio de Riesgo de Crédito que impulsan con el IE Business School, desde que se intentan reducir los plazos de pago en España, estos han oscilado entre los 89 días de 2011 y los 95 de 2013.

Los plazos de pago en el sector primario no se mueven de 93 días

Esa es la principal conclusión del estudio  (click) sobre plazos de pago elaborado utilizando la herramienta Insight View de Iberinform. La novedad del estudio es que trata de resolver el principal problema metodológico para calcular los plazos de pago reales que se dan en España: sólo los balances presentados siguiendo los formatos Normal y Mixto contienen la información necesaria para realizar un cálculo directo. El estudio de plazos de pago del Observatorio del IE Business School es el único de este tipo, en el que se tienen en cuenta también los modelos Abreviado y Pymes, a través de cálculos validados en el seno del Observatorio. El trabajo ha sido realizado a partir de los datos de 80.000 cuentas anuales, de las que apenas un 10% permite la estimación directa de plazos de pago.

El estudio confirma que los 90 días constituyen una barrera para la evolución de los plazos de pago en España. En el marco de una legislación cada vez más exigente orientada a su reducción, esta evolución constituye una respuesta del tejido productivo a la necesidad de financiar su actividad empresarial a través del crédito comercial. Por primera vez desde que comenzó a elaborar este estudio, el Observatorio ha estimado el impacto financiero que están trasladándose las empresas entre sí al trabajar por encima de los 60 días: 1.460 millones de euros de sobrecostes por cada punto porcentual en la tasa de acceso a la financiación. El 56% de estos costes son generados por la gran empresa y el 44% por las pymes.

De acuerdo con los cálculos del Observatorio, la necesidad de financiación alternativa a los proveedores, a través de mercados financieros o recursos propios, para reducir en 34 días los plazos de pago B2B se sitúa entre los 115.000 y 150.000 millones de euros.

Al analizar los plazos de pago teniendo en cuenta el tamaño de las empresas surgen algunas asimetrías relevantes. el crédito comercial de la gran empresa se sitúa 20 días por encima de la media. En el otro extremo se encuentra la pequeña empresa, cuyos plazos son los más cortos de la muestra, tres días por debajo de la media nacional. No puede trazarse, sin embargo, una regla sencilla y directa que vincule tamaño con plazos de pago. Buena prueba de ello es la evolución de las microempresas, que presentan plazos de pago superiores a la pequeña.

Por comunidades autónomas, la evolución del comportamiento en pagos depende de diversos condicionantes entre los que cabe citar, principalmente, dos: los matices en la cultura de pagos o la composición sectorial. La horquilla supone 34 días adicionales de crédito comercial. Ceuta y Melilla, Baleares, Cantabria y Navarra presentan los plazos de pago más reducidos de todo el Estado. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Castilla – La Mancha y Estremadura. Con excepción de Cantabria y Extremadura, las comunidades mantienen un comportamiento razonablemente estable.

Ninguno de los sectores productivos logra situarse por debajo de los 60 días. El mejor comportamiento se registra en el sector primario que se sitúa en 93 días, manteniéndose estable. La industria española trabaja con unos plazos medios de 99 días frente a los 102 de hace un año, un síntoma de la mejoría de su acceso a la financiación. Los plazos más amplios se dan en construcción, con nueve días de crédito comercial adicional frente a la media nacional, un síntoma de las tensiones de tesorería que produce la reestructuración de su actividad.

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