El sector oleícola español ha presentado una certificación de calidad que de forma autorregulada busca aumentar el nivel de exigencia que marca la ley en los procesos productivos y en las cualidades del aceite de oliva, con el objetivo de garantizar su excelencia en los mercados.
El sector oleícola refuerza su autorregulación con un nuevo certificado de calidad
El anuncio de esta certificación tuvo lugar este lunes en un evento en Madrid en el que han participado diferentes agentes del sector, privados y públicos, para hablar sobre la nueva norma de calidad y trazabilidad del aceite de oliva aprobada el año pasado por el Gobierno.
En esta ocasión, se trata de una certificación privada que regulará el propio sector y a la que de forma voluntaria se podrán adherir todos aquellos operadores que quieran plasmar ese sello de calidad en el aceite que producen.
«Esta certificación se sustenta sobre dos pilares: el control de los procesos industriales y el refuerzo de la calidad del producto, de tal forma que sea un sistema robusto que exigimos a las empresas que quieran certificarse», ha explicado a Efeagro el impulsor de la iniciativa, Iñaki Benito, director general de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
Aquellos que quieran conseguir esta certificación tendrán que comprometerse, por ejemplo, a dejar abiertas sus instalaciones en todo momento para poder ser sometidos a auditorías independientes, al margen de las que se hagan desde las administraciones.
Para la obtención de esta certificación se aumentan también los parámetros de pureza, de manera que para el aceite de oliva virgen extra se exigirá que el nivel de acidez no sobrepase el 0,4, en vez del 0,8 que marca la normativa de la Unión Europea.
«Todo producto que se comercialice con esta certificación contará con unos estándares de calidad mucho más estrictos que los que marca la normativa (gubernamental)», ha agregado Benito, quien ha destacado también que se contemplan todos los tipos de aceite de oliva y no solo el virgen o virgen extra.
En el desarrollo de la iniciativa participan agentes de todo el sector y también representantes del Gobierno central y de las administraciones de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Benito ha informado que la iniciativa acabó de definirse a finales del año pasado y que en breve comenzarán a hacerse auditarías piloto para que «en semanas o en pocos meses» se ponga en marcha.
