Las Comunidades de Regantes insisten en la necesidad y urgencia de un Pacto Nacional del Agua

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) solicita la  puesta en marcha de un Pacto Nacional del Agua,  que permita al Estado ejercer plenamente y sin injerencias de las autonomías sus competencias sobre la gestión del Dominio Público Hidráulico y la planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias que la Constitución le reconoce, asegurando de esta forma un horizonte estable, justo y ordenado del agua en España.

Más de un centenar de regantes, reunidos en la Junta Directiva de Fenacore, aprobaron un Manifiesto en favor de un consenso global entre los partidos mayoritarios que haga posible el desarrollo de una política hidrológica largoplacista y basada en el interés general.

De esta forma, tras el reconocimiento de Bruselas por hacer los deberes en materia de planificación hidrológica en tiempo récord, evitando así las sanciones por los retrasos en el primer ciclo por importe de unos 100 M€, los regantes insistieron en que los planes de cuenca que se aprueben deben ejecutarse durante el ciclo político que corresponda,  sin depender de las prioridades de quien gobierne entonces.

Además, este pacto nacional terminaría con la visión localista del agua que intentan imponer las autonomías, ya que supondría proteger el principio constitucional de unidad de cuenca, defendiendo a las Confederaciones Hidrográficas como instituciones del Estado en las que se integran y tienen participación sin extralimitarse en sus competencias todos los usuarios y agentes interesados en la gestión del agua.

Los regantes mostraron su respaldo a los Planes Hidrológicos aprobados por el Gobierno el pasado mes de enero –mediante el Real Decreto 1/2016- al representar un ejemplo de consenso entre usuarios, comunidades autónomas y representantes sociales.

En este sentido, recordaron que los planes de cuenca -Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro- fueron aprobados de acuerdo con lo previsto en la legislación española (Ley de Aguas) y europea (Directiva Marco de Aguas), con el apoyo mayoritario de los Consejos del Agua y prácticamente el apoyo unánime de los usuarios.

MANIFIESTO DE LOS REGANTES DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) acordó  por unanimidad manifestarse en los siguientes términos:

PRIMERO: Apoyamos los Planes Hidrológicos aprobados por el Gobierno, que son fruto de un amplio consenso de los usuarios, las Comunidades Autónomas y los representantes sociales tras los correspondientes procesos de información pública.

SEGUNDO: Exigimos el respeto absoluto al principio de unidad de las cuencas hidrográficas, que se concreta en la gestión a través de las Confederaciones Hidrográficas, Organismos de la Administración del Estado que velan por los intereses generales, con una amplia tradición en España, en las que se integran las Comunidades Autónomas, los usuarios y otros interesados en la gestión del agua.

TERCERO: Solicitamos la aprobación de un Pacto Nacional que permita al Estado ejercer plenamente las competencias que constitucionalmente le corresponden en la gestión del Dominio Público hidráulico estatal y en la planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias para asegurar un horizonte estable, justo y ordenado del agua en España.

CUARTO: Solicitamos la aprobación de Plan Nacional de Regadíos Sostenibles que dé un impulso y priorice las políticas de ahorro de agua y de modernización de regadíos con las correspondientes dotaciones presupuestarias.

España, referente mundial

Por su parte, La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, subrayó en la apertura  de la jornada técnica sobre “El regadío y la necesidad de una normativa sobre balsas de riego”, organizada por Fenacore este 31 de marzo que España es un referente mundial en el ámbito de la política hidráulica y de su aplicación al desarrollo del regadío.

Asimismo, la ministra destacó los esfuerzos de este Gobierno para culminar la planificación hidrológica y cumplir la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

En su intervención, García Tejerina señaló que garantizar el suministro de agua solo es posible mediante una política basada en cuatro grandes pilares: la planificación hidrológica, la participación pública, la seguridad jurídica y las infraestructuras.

De esta forma, la planificación “constituye el instrumento más importante para la gestión del agua”. A este respecto, García Tejerina recordó  que este Gobierno tuvo que tramitar y aprobar los planes que debían haber estado listos en 2009, y a continuación, los planes del segundo ciclo, para el periodo 2016-2021. Por lo tanto, “en esta Legislatura, con enorme esfuerzo y un amplio proceso de participación, hemos hecho el trabajo de los ocho años anteriores”, añadió.

España pasó, así, de incumplir sus compromisos europeos a estar entre los 12 países de la Unión que ya han aprobado los planes de segundo ciclo. Gracias a estos avances, “la Comisión Europea ha archivado el expediente sancionador que abrió a España por incumplir la Directiva Marco del Agua”, recalcó García Tejerina.

Por otro lado, a través de los planes de cuenca se conocen las necesidades de agua, los recursos hídricos disponibles y las actuaciones a impulsar, que suponen un total de 10.000 medidas, con inversiones de más de 17.500 millones de euros hasta 2021.

Regadío más moderno

Asimismo, la ministra indicó que, en tres generaciones, España ha pasado de tener 57 grandes presas a más de 1.200. También ha comentado que, en este periodo de tiempo, la potencia hidroeléctrica instalada se ha multiplicado casi por 100, de 200 MW a 17.000. Y las 900.000 ha. de regadío de principios del siglo pasado se han multiplicado por cuatro, hasta llegar a las 3.600.000 ha. actuales.

Para la ministra, los avances en las infraestructuras hidráulicas han hecho que el regadío sea un elemento fundamental para el sector agroalimentario español, “un sector estratégico para nuestro país, desde el punto de vista social, territorial y económico”. Un sector, ha añadido, “que nos convierte en una potencia alimentaria a nivel mundial”.

Dada esta importancia, García Tejerina considera necesario seguir apostando por el desarrollo de una agricultura sostenible, basada, entre otros elementos, en las inversiones en el sector del regadío y en la innovación.

Las inversiones en regadío han permitido llevar a cabo un importante proceso de modernización para lograr un uso más eficiente y un ahorro importante de agua. Según los últimos datos disponibles, de las 3,6 millones de hectáreas de regadío, cerca del 50% (1.793.000 ha) se riega mediante riego localizado, con la consiguiente mejora en el aprovechamiento del agua.

En cuanto al ahorro, las últimas publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan un descenso progresivo del consumo de agua para riego: de 16.900 hm3 en el año 2000, a 14.500 hm3 en 2013, lo que supone una reducción del 14%.

Regadío y Desarrollo Rural

En todo caso, la ministra aseguró que aún queda superficies por transformar y modernizar. En este contexto, García Tejerina subrayó el trabajo del Gobierno para modificar la propuesta inicial de la Comisión Europea en las negociaciones del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural.

Gracias a ello, añadió,  “hemos logrado mejoras muy sustanciales”, pues  en la mejora de regadíos existentes, las inversiones serán cofinanciadas, siempre que se alcance un ahorro de agua del 5%, en lugar del 25% inicialmente previsto.

También comentó que han quedado incluidas las inversiones –no condicionadas a un ahorro de consumo de agua-, dirigidas a mejorar la eficiencia energética, la creación de balsas de regulación y las que permitan la utilización de aguas regeneradas.

En relación con las balsas de regulación, García Tejerina aseguró que la garantía de seguridad constituye un objetivo prioritario, por lo que la legislación en esta materia ha sido objeto de revisión, estando yas avanzadas las normas técnicas  que corresponden a las presas y en estudio por la Comisión Europea las que afectarán a las balsas de almacenamiento de agua. Y “no se tratará como iguales, cosas que son diferentes”, afirmó Tejerina,  ante la preocupación expresada por Fenacore al respecto.

No pago de sobrecostes

En este sentido, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, solicitó que los titulares de balsas de riego, construidas con anterioridad al “boom” urbanístico, no tengan que sufragar los sobrecostes derivados de elevar los estándares de seguridad por estar próximas a infraestructuras de riesgo, como las carreteras o las vías de Alta Velocidad, levantadas en los últimos años.

Del Campo abogó por diferenciar,  en relación a las normas técnicas de seguridad (NTS) que deben ser aplicadas, las presas y las balsas.  En lugar de poner en marcha tres NTS (para la clasificación, elaboración e implantación de los planes de emergencia de presas y balsas; para el proyecto, construcción, puesta en carga y llenado de presas y balsas, y para la explotación, revisiones de seguridad y puesta en servicio de presas y balsas), dividir cada una de ellas en dos partes, distinguiendo las presas de las balsas.

Asimismo, Fenacore solicitó al Gobierno que agilice la construcción de las “autopistas eléctricas”, que permitan conectar de forma efectiva España con el resto de Europa, como paso previo para lograr un mercado energético común que realmente transparente la compra de energía, a la vez que garantice un abastecimiento asequible y una menor dependencia del exterior.

En este contexto hacia la Unión Energética, Fenacore advirtió del papel activo de los regantes, que valiendose del sol, el agua o el viento, pueden convertirse en productores de energías renovables, inyectando en la red nacional (REE) la electricidad que no utilicen en su autoconsumo fuera de la campaña de riego (lo que se conoce como balance neto o “Net Metering”), que ayudaría a compensar en parte el fuerte encarecimiento de la factura electrica, que ha subido más del 100% desde 2008, con unos costes fijos que suponen ahora más del 70% del total.

 

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