Montoro anuncia que el Gobierno no va a recurrir al TC la tasa catalana a las bebidas azucaradas

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Monto,  anunció este martes 20 de junio en el Foro “Cinco Días” que el Gobierno no va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la tasa catalana a las bebidas azucareras, a pesar de las peticiones de la patronal de alimentos y bebidas, FIAB, y de otras organizaciones agrarias, cooperativas y de la distribución comercial.

Montoro explicó en ese foro que no es partidario de recurrir dicho impuesto, ya que existe en otros países y que recomienda implantar la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el propio Gobierno lo mantiene en la recámara por si hiciese falta extender su aplicación a toda España en función de cómo evolucione la recaudación impositiva y el déficit presupuestario.

No obstante, añadió que tampoco entra en los planes del Gobierno crear un impuesto a las bebidas azucaradas de ámbito nacional, ya que necesitaría un consenso parlamentario que ahora no existe. “No estamos como para contar con todo el mundo”, señaló el ministro.

El ministro de Hacienda recordó que sobre la afeccción de esta tasa impositiva al mercado interior que él mismo recurrió por este motivo la tasa sobre los depósitos bancarios, que creó Extremadura, y que el TC no le dió la razón. Por ello, instó al sector fabricante de alimentos y bebidas a entenderse con el resto de grupos política para instar a una posible reorganización del tributo.

Las organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración remitieron el lunes 19 de junio al presidente del Gobierno un informe jurídico en referencia al impuesto autonómico sobre las bebidas azucaradas aprobada en Cataluña el pasado mes mayo.

A propósito del nuevo impuesto catalán a las bebidas azucaradas, y según el estudio sobre la constitucionalidad del mismo, elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez, esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.

Estos sectores valoran muy negativamente la entrada en vigor de este impuesto por las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por  las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Las organizaciones firmantes, ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, FIAB, Promarca, AECOC, ANGED, Asedas, ACES, FEHR y Marcas de Restauración, representan tanto a la cadena agroalimentaria (sector primario, industria transformadora y la distribución) como a la hostelería y restauración. En su conjunto, suponen más del 20% del PIB nacional y dan empleo a más de 5 millones de personas,  casi el 30% del empleo total del país.

Así, estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines.

Desde FIAB, se ha destacado cómo “la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada. La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido”.

Los representantes de las organizaciones de la distribución, ANGED, ACES y Asedas, coinciden en que “esta incipiente política fiscal sobre los alimentos, en la medida en que se extienda a otros productos y a otras comunidades autónomas, supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas. En un mercado europeo cada vez más digital que tiende a la integración, es totalmente anacrónico fragmentar nuestro mercado interno con tributos de este tipo”.

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias advierten del posible coste social del nuevo impuesto, y consideran que la remolacha es un cultivo estratégico para el campo español, precisamente en un momento en el que se afronta un nuevo modelo sin cuotas de producción fijado por la Unión Europea para el mes de octubre de este año”. Por ello lamentan la estigmatización de un producto alimentario y el “golpe” que da este impuesto al sector en este momento, considerando que  podría suponer un desincentivo a la producción de remolacha en España.

A estas alegaciones se unen también las organizaciones de la hostelería y la restauración, que añaden que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado “convenientemente a los consumidores a pesar de estar directa y claramente afectados”.

Por todo ello, los sectores de la producción agraria, las cooperativas agroalimentarias, la industria agroalimentaria, la distribución comercial, la hostelería y la restauración ven motivos suficientes para que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas.

Archivo adjunto:  Nota del Bufete de Abogados Uría Menéndez sobre constitucionalidad del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas en Catañula


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