Agricultura destituye al director general de Acuamed

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , ha aprobado hoy el cese inmediato del director general de Acuamed, Arcadio Mateo, ante la pérdida de confianza que implican las actuaciones de la Fiscalía conocidas ayer y la alarma social generada.

El Consejo de Administración de Acuamed se ha reunido hoy, convocado y presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, para aprobar esta destitución, junto a la de la directora de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, María Gabriela Mañueco, tras las diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid.

El Consejo de Administración de la sociedad estatal, en el que están representados varios Ministerios y la Intervención General del Estado, ha analizado también las posibles actuaciones que se pueden adoptar como reacción a los sucesos ayer conocidos, y ha acordado las siguientes medidas:

-Contratar una auditoría técnica externa para investigar y auditar todas las contrataciones que ha venido haciendo Acuamed a lo largo de sus diferentes etapas, mediante una contratación que autorizará el Consejo de Administración.

-Crear un grupo de trabajo en el Magrama que sirva para coordinar y de enlace entre toda esa información que resulte de la auditoría externa con la información de la que dispone el Ministerio, poniendo toda ella al servicio de la investigación para esclarecer el caso cuanto antes.

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha destacado el compromiso del Ministerio y de la sociedad estatal Acuamed, ya manifestado a la Fiscalía, de someter toda la información disponible y ponerse a su disposición para lo que puede necesitar. Saavedra, en este punto, ha recordado que la Fiscalía solicitó hace más de un año una serie de información a Acuamed, que le fue remitida en noviembre de 2014.

Asimismo, el Ministerio ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para personarse en las causas instruidas, con el objetivo de poder aportar todos los hechos y contribuir a la clarificación de todas las responsabilidades que pudiera haber lo antes posible en el marco de la máxima colaboración con los tribunales y con las investigaciones judiciales.

 

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