Las organizaciones agrarias deploran el “catastrazo” del IBI rústico en el campo y en el medio rural

La revisión al alza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en fincas agrícolas e instalaciones rurales, vinculados con las explotaciones en el medio rural está soliviantando a las organizaciones agrarias en varias comunidades autónomas, poniendo en más dificultades económicas a esta actividad.

En Galicia, Unions Agrarias (UU.AA.) alertó que el “catastrazo” disparará la tasa de rústica, por lo que urge a los “concellos” a aliviar la presión fiscal, mediante bonificaciones a granjas, naves e instalaciones agrícolas, que hasta ahora estaban exentas del pago de la contribución, ante los incrementos desorbitados que se proponen en este gravamen, alejado de la complicada realidad de la propia actividad en el campo.

Unions plantea que los “concellos” deberían rebajar al máximo la cuota de liquidación prevista legalmente, que es del 0,3% del valor catastral de los inmuebles de rústica (granjas, galpones, establos, invernaderos…) y, por otra parte, que se apliquen las bonificaciones que permita la legislación a las instalaciones actualmente en activo, utilizadas para generar renta y empleo en el medio rural.

Unions Agrarias, integrada en la estatal UPA, también denuncia que la revisión catastral tiene un efecto negativo en las becas de estudio de la familia rural, ya que el Ministerio de Educación pone un tope para tener derecho a dicha ayuda, siendo en función del valor catastral rústico.

No subidas arbitrarias

Por su parte, la organización agraria, Unión de Uniones, demanda la paralización de las subidas arbitrarias e indiscriminadas del IBI Rústico, dado que las fincas agrícolas e inmuebles rústicos vinculados a las explotaciones no son elementos meramente patrimoniales, sino que constituyen los medios imprescindibles para el ejercicio de la actividad agraria.

Según esta organización, se ha detectado un incremento desmedido del IBI, causado en parte por los resultados obtenidos de las actuales revisiones catastrales de inmuebles rústicos que se sitúan no solo lejos de la realidad económica de las explotaciones agrícolas y ganaderas, sino incluso por encima del valor de mercado.

Creemos, añade la Unión, que se están aplicando criterios que acaban aumentando injustificadamente las valoraciones. Por ejemplo, naves agrícolas que se equiparan a naves industriales; cercas cubiertas por toldos o pérgolas que se valoran como instalaciones cerradas; fincas agrícolas sin intención de dejar de serlo que se tratan como urbanas o, simplemente, parcelas cuyo valor asignado queda, dada la situación del sector, por encima de las expectativas del precio de venta que podría alcanzar en el mercado.

Otro claro ejemplo de irrealidad fiscal son los invernaderos, a los que se valora catastralmente como una construcción de uso industrial, clasificándolos como nave de fabricación y almacenamiento, cuando se trata de estructuras ligera e inherentes al cultivo agrícola. Es decir, se les aplica un IBI superior a lo que en realidad debería corresponderles, lo que afecta a unas 50.000 hectáreas de invernaderos de toda España.

Esta organización agraria pide a la Administración Tributaria y al Ministerio de Agricultura que paralicen, por ahora, las revisiones catastrales hasta que se diagnostiquen los problemas del sistema de valoración que están dando lugar a incrementos disparatadas del IBI, así como una moderación del tipo aplicado por los ayuntamientos para evitar llevar al límite a muchos miles de explotaciones agrarias.

Sentido común

En Castilla y León, la Alianza UPA-COAG reclama también a los ayuntamientos sentido común, justicia y racionalidad para no imponer un “catastrazo” abusivo y recaudatorio a costa de agricultores y ganaderos, aplicando tipos impositivos mínimos y bonificando este impuesto, sobre todo a la actividad ganadera, que es la que atraviesa una mayor crisis.

Las revisiones que se están aplicando son absolutamente desproporcionadas en el caso del Catastro de Rústica, señala esta organización agraria que, además, recuerda que se trata de la aplicación efectiva de un intento de Hacienda para sanear las cuentas de los ayuntamientos a través del IBI en toda España.

Esta organización recuerda también que el incremento “ficticio” del patrimonio agrario y rural podría perjudicar muy seriamente a los profesionales en materia educativa, ya que sus hijos dejarían de percibir becas de estudio, dado el actual sistema aplicado por el Ministerio de Educación.

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