Productores y regantes ven la derogación del “impuesto al sol” un impulso a la competitividad del agro

Las comunidades de regantes consideran que la prevista supresión del “impuesto al sol” impulsará la competitividad del sector agrario. COAG y ANPIER consideran que disminuirá los costes energéticos.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, considera la derogación del impuesto al sol como un impulso para la competitividad del sector agrario, que podrá reducir sus costes energéticos a través de la autoproducción de energía sin peajes ni cargos.

De esta forma valora la aprobación este viernes 5 de octubre en Consejo de Ministros del real decreto con el que el Ministerio de Transición Ecológica persigue hacer más llevaderos los costes eléctricos tanto de los hogares, como de la industria, y con el que da carpetazo a la reforma sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del Partido Popular en 2015.

Para Del Campo, la eliminación del impuesto al sol muestra la voluntad política de ponerse del lado de los consumidores, que se ven obligados a pagar en forma de costes fijos el agujero económico que se deriva de una estrategia errónea en materia energética, prolongada durante años.

En concreto, consumidores estacionales como los regantes vieron cómo en los últimos ocho años estos costes fijos regulados por el Gobierno se incrementaron en más de un 1.000%, con la excusa de cubrir el déficit de tarifa, lo que provocó que el aumento medio de la factura de la luz para el regadío fuese superior al 110% en este periodo.

Esto llevó a que buena parte de los regadíos modernizados, que ahorran agua pero demandan más energía, no resulten económicamente viables; algo que, mediante esta modificación legal, se podrá mitigar siempre que los regantes dispongan de medios económicos y recursos naturales para poder producir energías renovables para autoconsumo, ya sin penalización.

Además, esta medida contribuirá a que España alcance los objetivos de autoproducción que marca Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de Adif.

Aplicar modificación de la Ley del Sector Eléctrico

Sin embargo, a pesar de lo positivo de la medida, el presidente de Fenacore recuerda que para alcanzar un escenario tarifario realmente competitivo queda pendiente el desarrollo del reglamento que permita aplicar la Ley de Medidas Urgentes para la Sequía, publicada en el BOE desde el pasado mes de marzo y en el que se añaden una serie de disposiciones finales relativas, entre otras cuestiones, a los contratos de distribución eléctrica para regadíos con las que se modifica la Ley del Sector Eléctrico.

Así, esta ley contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos.

Esta medida les evitará pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el coste eléctrico.

Según Del Campo, “que eliminen el impuesto al sol es, sin duda, bienvenido, pero hay que seguir dando pasos con más medidas de calado. Tenemos la solución en la mano porque ya existe una ley vigente. Solo hace falta aplicarla”.

Cambio de rumbo

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) se felicitan por la derogación del denominado “impuesto al sol”, aprobada por el Gobierno durante el Consejo de Ministros del pasado viernes.

COAG y ANPIER consideran que este cambio de rumbo será muy beneficioso para la ciudadanía y, en especial, para las zonas rurales. En este sentido, la energía solar fotovoltaica presenta numerosas oportunidades para ser una fuente de generación accesible y social, por ser una tecnología de carácter modular, adaptable para ser desarrollada de forma colaborativa, y con costes de inversión cada vez más bajos.

Esto permite la generación a más pequeña escala, con inversión de personas individuales, grupos o pequeñas y medianas empresas que generan y reparten los beneficios a nivel local.

Las aplicaciones de la fotovoltaica a nivel agrario son numerosas. Entre ellas se puede destacar su empleo para iluminación, cercas eléctricas, motores, ventiladores, bombeo de agua, regadío o recarga de baterías. Estas instalaciones permiten una disminución de los costes energéticos de las explotaciones, un mayor control y seguimiento de los consumos propios, se producen menos pérdidas de red y reducen la dependencia energética de fuentes contaminantes, ayudando a conseguir los objetivos de reducción de emisiones.

A pesar de estos beneficios, la implantación de energías renovables en las zonas rurales es aún lenta, como consecuencia de las trabas administrativas y legales vigentes. En la mayoría de los casos se realizan instalaciones aisladas de la red, pero el desconocimiento general de la legislación a aplicar y la percepción de la sociedad de que el autoconsumo es ilegal, es un lastre para la inversión en fotovoltaica.

Autoconsumo

El autoconsumo conectado a red es una modalidad de generación distribuida y, en nuestro país, estaba regulado por el RD 900/2015, el llamado “impuesto al sol” que establecía dos tipos de instalación, como auto-consumidor o productor con autoconsumo, con sus respectivas cargas correspondientes, siendo la modalidad de productor con potencia mayor a 10kW la más restrictiva por pagar dos peajes de acceso a red.

Según estas organiaciones, a pesar de las trabas, el autoconsumo es una inversión cada vez más rentable y con mayores perspectivas de futuro. Sin embargo, no hay que olvidar que no sólo es importante eliminar las mismas, sino que la sociedad requiere seguridad jurídica y un apoyo decidido por parte de las instituciones públicas en el fomento de la producción de energías renovables por parte de la ciudadanía, de forma colectiva, a pequeña o gran escala y, en especial, en las zonas rurales por su capacidad para mantener población y generar empleo y riqueza.

Tras este avance, es de esperar que en breve se conozcan las medidas necesarias para recuperar la confianza y la estabilidad regulatoria en el sector de la generación renovable, puesto que decenas de miles de familias, un elevado porcentaje de ellas profesionales del sector agrario, están aún pendientes de un marco normativo que repare el daño que llevan soportado por los recortes retroactivos impuestos durante los últimos años.

Un colectivo de pioneros de la generación fotovoltaica, que soporta mermas retroactivas de entre el 30% y el 50% de la tarifa que ofreció el Estado y motivó su esfuerzo inversor, y que espera que se cristalicen en breve las promesas de reparación de este Gobierno.

 

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