Las organizaciones agrarias han mostrado este miércoles sus dudas ante la posible disminución de las ayudas por los nuevos requisitos ambientales de la nueva PAC, mientras que distintos sectores han pedido más apoyo.
Reforma PAC: la gestión de los ecoesquemas preocupa a las organizaciones agrarias
En concreto, se han referido a la decisión de los países de la Unión Europea de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas, incluida en el acuerdo alcanzado de madrugada en el Consejo Europeo sobre la futura PAC del periodo 2023-2027.
El responsable del departamento de Internacional de ASAJA, Ignacio López, ha lamentado que «se incluyan nuevos requisitos pero sin introducir más dinero», y ha rechazado el «recorte» presupuestario asignado a la política agraria el pasado julio. Según López, la posible reducción de los fondos debido a los ecoesquemas, «coloca al agricultor en una peor situación que antes porque se le obliga a aplicarlos, aunque sean voluntarios, y sin saber aún cómo ni a qué coste para poder alcanzar el mismo nivel de pago que tenía hasta ahora».
ASAJA ha llamado a desarrollar «normas y reglas uniformes» para evitar un posible trato discriminatorio entre los agricultores y ganaderos de la UE, si no se diseñan bien los Planes Estratégicos Nacionales para la aplicación de la PAC.
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha coincidido en que la vinculación del 20% de los pagos directos a los nuevos requisitos ambientales puede llevar a recortes «muy graves» de las ayudas a los productores si dicho modelo «no es inclusivo».
En su opinión, no se consigue un incentivo de práctica medioambiental, sino un recorte del 20% para quien no se acoja a esos programas, por lo que ha pedido que se tenga en cuenta la «variabilidad» de cada sector y que todos los productores puedan optar por un «menú amplio» de ecoesquemas.
COAG también ha cuestionado el «recorte» de los fondos europeos de la PAC acordado en julio y ha mostrado su desacuerdo con que los ministros «no hayan hecho ninguna consideración» sobre la necesidad de «recuperar partidas» para el sector agroalimentario en los fondos de los planes de recuperación económica frente a la pandemia.
La organización agraria UPA ha valorado el acuerdo, que «puede ser positivo» para los pequeños agricultores, por ser «un paso importante» en tiempos de gran incertidumbre y que «contribuirá a avanzar» en línea con el Pacto Verde Europeo «sin menoscabar» la renta de los productores.
Destinar el 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas «premiará» las prácticas «más beneficiosas para el medio ambiente», que deberán concretarse en cada país, según la organización, que ha destacado que el presupuesto de la PAC se mantiene en cifras similares a las del anterior periodo 2014-2020.
Por su parte, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que el Consejo Europeo haya pasado «la patata caliente de los principales aspectos» de la PAC los países, ya que se les otorga «un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros para otorgar y distribuir las ayudas».
Además, ha reclamado que esas ayudas se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales, para lo que hace falta «definir al agricultor genuino conforme a criterios objetivos y no discriminatorios».
La Federación Española de Productores y Exportadores Hortofrutícolas (FEPEX) ha llamado a incorporar en el régimen de pagos directos de la PAC al sector de frutas y hortalizas, sin acceso a estas ayudas hasta la fecha.
Según la misma, el acceso a las ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad de las explotaciones y en favor del clima y el medioambiente permitirá «corregir las desigualdades y distorsiones de la competencia actuales entre agricultores con las mismas características agronómicas y socioeconómicas».
También los sindicatos han instado a condicionar las ayudas europeas al cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores del campo con el fin de mejorar la situación de los jornaleros en España.
El secretario sectorial agrario de UGT, Emilio Terrón, ha abogado por sancionar a las empresas agrícolas que no cumplan la ley, dejándolas sin recibir los fondos comunitarios si no cambian de actitud.
«Es inadmisible que no se incluya entre las condiciones el cumplimiento de las normativas laborales», ha afirmado el responsable adjunto de Política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, que se ha mostrado «cauteloso» a la espera de ver cómo queda la distribución de los fondos en España.
Los grupos ecologistas han tachado de «insuficiente» el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) destinado a objetivos ambientales y han asegurado que así se mantiene el apoyo a modelos agrícolas «insostenibles».
SEO/BirdLife ha acusado a los ministros de Agricultura y al Parlamento Europeo de mantener una actitud que «dificulta la transición agroecológica», mientras que WWF ha mostrado esperanza en que el plan estratégico nacional compense tales «debilidades» y Greenpeace ha alertado de que las pequeñas explotaciones y la naturaleza seguirán desapareciendo con las políticas actuales.
