Convocatoria de premios UPA-Syngenta en defensa de las iniciativas agrarias sostenibles e innovadoras

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la empresa biotecnológica Syngenta presentaron este jueves 10 de enero los premios “Sostenibles por naturaleza”, cuyo fin es valorar las iniciativas más sostenibles e innovadoras en agricultura y ganadería.

Convocatoria de premios UPA-Syngenta en defensa de las iniciativas agrarias sostenibles e innovadoras

El plazo de presentación ha comenzado hoy y estará abierto hasta el próximo 28 de febrero.

La agricultura y la ganadería afrontan el “inmenso reto” de alimentar a una población en crecimiento con unos recursos limitados.

En España se están desarrollando miles de proyectos innovadores, que contemplan la sostenibilidad como uno de sus principales pilares. El objetivo de estos nuevos premios es poner en valor y dar difusión a esas iniciativas.

UPA y Syngenta otorgarán seis premios “Sostenibles por naturaleza” en esta primera edición, correspondientes a seis categorías: Lucha contra el cambio climático; Uso eficiente y sostenible del agua; Gestión sostenible de recursos (suelo, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles fósiles…); Mejora de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza; Iniciativa colectiva sostenible y al joven o mujer rural más sostenible.

El premio consistirá en un viaje de formación para los premiados, con todos los gastos pagados a la estación experimental de Syngenta en Stein (Suiza) durante el mes de abril de 2020.

El fallo del jurado se conocerá durante el mes de marzo.

Podrán optar al premio agricultores y ganaderos, tanto de forma individual como con trabajos de equipo, que se desarrollen en España. El plazo para la presentación de proyectos ya está abierto y finalizará el 28 de febrero de 2020. Los detalles para la inscripción se detallan en el sitio web sosteniblespornaturaleza.es.

En la rueda de prensa se puso de manifiesto los enormes problemas con que se enfrentan los agricultores europeos ante las limitaciones y prohibiciones impuestas tanto por la Comisión Europea, como por los propios Estados miembros, para el empleo de algunos productos fitosanitarios y sustancias activas, muchas veces sin tener en cuenta si existen o no otras alternativas válidas y viables de lucha contra plagas y sin base científica suficiente que las sustente.

Tanto los responsables de UPA, como de Syngenta, como del propio Ministerio de Agricultura (al que se le pidió un mayor esfuerzo de información, comunicación a la sociedad civil  y de defensa del colectivo agrario) demandaron que se apliquen criterios con base científica y técnica a la hora de adoptar este tipo de decisiones, que afectan al quehacer diario de los agricultores y a la rentabilidad de las explotaciones, así como al esfuerzo inversor de las empresas de insumos.

 

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