El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, celebró este 3 de febrero la reunión constitutiva de la Mesa de Diálogo Agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, en la que anunció un primer paquete de medidas para tratar de dar valor al trabajo de agricultores y ganaderos, que éste sea socialmente reconocido y pueda lograr una remuneración justa del mismo, obteniendo unos precios adecuados por la venta de sus productos.
Planas acelerará la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria y abordará la «venta a pérdidas»
Así, entre los compromisos adquiridos, Planas reiteró la intención de su departamento de revisar este mismo año la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, con la presentación en breve a los representantes del sector de un primer borrador de anteproyecto de ley que, entre otras aspectos, incluya también la posibilidad de actuar sobre la práctica de la «venta a pérdidas» (por debajo de los costes de producción), es decir, la regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios, que una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario, a pesar de que la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, que se tiene que transponer a normativa nacional, no lo contempla.
Más en concreto, Planas añadió que borrador del anteproyecto de la Ley para la mejora de la cadena alimentaria se someterá a exposición pública en las «próximas semanas», según el ministro, quien confía en que pueda llegar al Congreso este mismo año, con el objetivo también de adaptar dicha normativa a la directiva comunitaria y darle un «papel más significativo y relevante a cada uno de los eslabones de la cadena en el reparto del valor, sobre todo al eslabón de la producción.
Según apuntó incluirá «todas» las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal contempladas en la Directiva comunitaria, y se verá cómo se puede añadir también la posibilidad de erradicar la denominada «venta a pérdida», que es una pérdida de valor y daña considerablemente la reputación de algunos productos agrarios, añadió Planas.
Los principales aspectos de la modificación legislativa son el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (trasposición a norma nacional de la Directiva comunitaria que regula las prácticas comerciales desleales); la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, así como la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos, además de la antedicha regulación de la «venta a pérdidas».
Otras propuesta que el ministro puso sobre la mesa son la de actualizar también la vigente Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias; aumentar la dotación financiera en los próximos Presupuestos Generales del Estado para subvencionar los seguros agrarios, aunque no contempló la revisión del sistema, del que dijo que es de los mejores de Europa, a pesar de que el sector considera que debería adaptarse a la actual incertidumbre climática y hacerse más eficaces, asequibles y atractivos para los agricultores.
Asimismo, Planas reunirá la semana próxima el Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria para llevar a cabo un examen pormenorizado de los precios y determinar qué sectores son los que están pasando mayores dificultades, entre ellos el hortofrutícola y el aceite de oliva.
De hecho, este jueves 6 de febrero se reúne la mesa del aceite y la próxima semana la del sector hortofrutícola, para analizar cómo establecer una «hoja de ruta» de posibles actuaciones. Y también se verá cómo se puede estudiar el comportamiento de los principales insumos agrarios, que inciden directamente sobre los costes de producción y los márgenes de rentabilidad.
El ministro destacó que será clave también el diálogo que va a mantener con las grandes empresas de la distribución alimentaria, como Carrefour, Mercadona, Lidl, Eroski, Auchan…etc, que pueden contribuir de manera significativa a valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista económico, como de reputación social.
En cuanto a la modificación de la Ley de las organizaciones interprofesionales, Planas estimó necesario para «mejorar la vertebración o estructuración horizontal y vertical de la oferta y lograr que los productores, sobre todo las empresas cooperativas, que son un elemento fundamental, mejoren su posición negociadora dentro de la cadena de valor, o mel objetivo de fomentar su presencia en los diferentes sectores. Para Planas, las OIAs pueden contribuir a la mejora de la rentabilidad al contar, por ejemplo, con herramientas legales para retiradas de mercado y medidas de promoción.
El ministro insistió también que, desde el punto de vista horizontal, las cooperativas agroalimentarias deben ganar en dimensión para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y ser más competitivas. En España, detalló Planas, hay unos 800.000 productoers, unas 4.000 cooperativas agrarias y, siendo el cuarto país productor agroalimentario dela Unión Europea, no hay ninguna española entre las 50 primeras de Europa, datos que «evidencian la necesidad de aumentar su dimensión y reforzar la organización de la oferta del sector productor para fortalecer su posición negociadora.»
Acuerdos comerciales, SMI
Como no podía ser menos, el ministro de Agricultura hizo referencia también a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 950 €/mensuales brutos, saliendo en su defensa, al ser un compromiso «político y social del Gobierno», considerado de justicia para todos los trabajadores, agrarios o no. No obstante, Planas mostró su predisposición a examinar si esta medida puede generar algún impacto en los estrechos márgenes de rentabilidad de determinadas explotaciones agrícolas, con el fin de «arbitrar», en su caso, las medidas compensatorias que fuesen pertinentes.
Por otro lado, conseguir una suficiencia y un buen reparto de fondos y un plan estratégico nacional para la futura Política Agraria Común (PAC); ampliar los mercados de destino, así como ver las consecuencias que para el sector tienen las importaciones de países terceros, avaladas por acuerdos comerciales preferenciales, junto a las actuales trabas arancelarias en el comercio exterior de países como EE.UU. y Rusia, fueron otros apuntes que el ministro se comprometió a analizar y debatir con los representantes de las organizaciones agrarias.
En concreto, el ministro valoró las oportunidades que ofrece la suscripción de nuevos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y países terceros, sobre todo por la vocación exportadora de las empresas agroalimentarias españolas. No obstante, pedirá a la Unión Europea que refuerce las medidas de seguimiento para que las importaciones de países terceros cumplan los mismos estándares de control y seguridad sanitaria y fitosanitaria, que se exigen a los productores comunitarios, así como los precios de entrada.
Planas evocó la importancia de la PAC como uno de los mejores instrumentos de apoyo a la insuficiencia de márgenes y de rentas para agricultores y ganaderos. Y, en este sentido, el ministro destacó el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de situar la política agraria como una prioridad para España de cara al reparto de los fondos comunitarios para el periodo 2021-2027.
Planas recalcó que la voluntad de diálogo y trabajo del Gobierno es «firme y decidida» para atajar la crisis actual en el primario y para que todo vaya hacia adelante» hará falta también que el sector empresarial, la distribución y los consumidores «sean capaces de reconocer» la contribución que el campo hace a la sociedad.
A pesar del buen tono de este primer encuentro de la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, las manifestaciones y las protestas de los agricultores y ganaderos, protagonizadas por el sector la semana pasada en algunas CC.AA., continuarán en los próximos días y a lo largo de este mes de febrero.
Tras el Consejo de Ministros de este martes 4 de febrero, donde Planas presentó un informe sobre la Mesa de Diálogo Agrario constituida con las OPAs, el titular de Atocha recalcó «el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los precios y la disminución de los márgenes comerciales, situación que no solo está ocurriendo en España, sino que también afecta a otros países comunitarios, como Alemania, Francia o Países Bajos.
Planas aseguró que la constitución de esta Mesa de Diálogo «demuestra que el Gobierno está dispuesto a dialogar y trabajar de manera coordinada con todas las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso con los ciudadanos que, con sus decisiones de compra, marcan también el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario.»
Por eso, según el ministro, el Gobierno se compromete con las medidas enunciadas «a apoyar a la «inmensa clase media» de agricultores y ganaderos, que pasan un mal momento, como consecuncia de la volatilidad de los precios y de una reducción de los márgenes comerciales, y que están generando preocupación entre los productores, algo que es compartido.»
Reacciones
Tras el encuentro, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, mostro su disposición a seguir trabajando con el ministro, pero apuntando que las protestas se mantendrán, porque sus reivindicaciones son «justa y legítimas», ya que las medidas para paliar la actual situación de crisis «no se adoptan de un día para otro».
Barato insistió en que la subida del SMI, que fue posterior a la convocatoria de las protestas, es la «puntilla» al sector agrario, en medio de «tantos problemas como tiene».
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, coincidió en la necesidad de seguir con las protestas de agricultores y ganaderos, con el fin de «dar una respuesta concreta» y «lo más inmediata» posible a la actual crisis del campo. Valoró el paquete de acciones, propuesto por el MAPA y que se darán un margen de tiempo para poder evaluar su ejecución y sus resultados.
Por último, desde UPA, su secretario general, Lorenzo Ramos, cree que el «mensaje» lanzado por los agricultores en la calle «ha llegado» al Ministerio, ya que, por «primera vez, vemos que se reconoce que tenemos razón en lo que denunciamos».
