Planas defiende las cuentas de la nueva PAC ante unas CC.AA. divididas por su resultado
El Gobierno cuantifica en 47.682 millones las ayudas que España recibirá de la Política Agraria Común entre 2021 y 2027, un «objetivo logrado» y defendido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la Conferencia Sectorial extraordinaria de Agricultura a la que han acudido todos los consejeros autonómicos.
La cifra proyectada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asciende a 47.682 millones de euros para el periodo 2021-2027: 39.156 millones para el primer pilar (34.181 millones en ayudas directas) y 8.526 millones para el segundo, centrado en desarrollo rural. No obstante, el conjunto de las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias calculan que la PAC sufrirá un recorte de al menos el 10% en su conjunto dentro del marco de financiación global de la Unión Europea.
Planas ha calculado que el acuerdo final de la PAC podría estar listo para principios de 2021, aunque las nuevas reglas no entrarán en vigor hasta enero de 2023, debido en parte al retraso causado por la pandemia del coronavirus.
El ministro ha precisado que las cifras globales de la PAC se incrementarán con el fondo de recuperación pos-covid, que incluye 7.500 millones en desarrollo rural frente a los 15.000 propuestos inicialmente, aunque falta por saber qué fondos irán al sector agroalimentario.
El 40% de esos fondos deberán destinarse a fines ambientales o de lucha contra el cambio climático, en línea con el Pacto Verde Europeo, y para compensar a los pequeños productores el Gobierno propone un pago anual simplificado de hasta 250 euros por hectáreas para quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, tanto si son o no «agricultores genuinos».
Planas ha abordado con los consejeros autonómicos la definición de esa figura, referida a aquella persona que se dedica principalmente al sector primario y que se beneficiará de los pagos directos.
Por ello, según Planas, el parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajustar la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio (del 20-30%) podría situarse la base del consenso.
También ha incidido en el futuro diseño de los ecoesquemas, propuestas con las que lograr financiación para mejorar la sostenibilidad ambiental del sector con prácticas como el pastoreo extensivo, el aumento de la agricultura ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.
Por su parte, las posiciones de las autonomías varían desde las que apoyan sin fisuras la negociación del Gobierno español en Bruselas esta semana, las que subrayan la incertidumbre de cuánto dinero vendrá y las que dan por seguro que habrá una reducción.Desde Aragón y Castilla-La Mancha han valorado el presupuesto y la defensa española en Bruselas, mientras el País Vasco pone el foco en la posterior distribución de los fondos entre autonomías.
Se han mostrado críticos los representantes de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Murcia o Madrid, comunidad que ha llegado a asegurar que el recorte de ayudas supondrá «600 millones de euros menos al año» para España.
Más allá del presupuesto, la mayor parte de las comunidades se han mostrado a favor de acabar con los derechos históricos, hacer una definición de agricultor genuino o potenciar la agricultura familiar.
