Planas defiende las cuentas de la nueva PAC ante unas CC.AA. divididas por su resultado

El Gobierno cuantifica en 47.682 millones las ayudas que España recibirá de la Política Agraria Común entre 2021 y 2027, un «objetivo logrado» y defendido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la Conferencia Sectorial extraordinaria de Agricultura a la que han acudido todos los consejeros autonómicos.

La cifra proyectada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asciende a 47.682 millones de euros para el periodo 2021-2027: 39.156 millones para el primer pilar (34.181 millones en ayudas directas) y 8.526 millones para el segundo, centrado en desarrollo rural. No obstante, el conjunto de las organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias calculan que la PAC sufrirá un recorte de al menos el 10% en su conjunto dentro del marco de financiación global de la Unión Europea.

Planas ha calculado que el acuerdo final de la PAC podría estar listo para principios de 2021, aunque las nuevas reglas no entrarán en vigor hasta enero de 2023, debido en parte al retraso causado por la pandemia del coronavirus.

El ministro ha precisado que las cifras globales de la PAC se incrementarán con el fondo de recuperación pos-covid, que incluye 7.500 millones en desarrollo rural frente a los 15.000 propuestos inicialmente, aunque falta por saber qué fondos irán al sector agroalimentario.

El 40% de esos fondos deberán destinarse a fines ambientales o de lucha contra el cambio climático, en línea con el Pacto Verde Europeo, y para compensar a los pequeños productores el Gobierno propone un pago anual simplificado de hasta 250 euros por hectáreas para quienes tengan entre 6 y 10 hectáreas, tanto si son o no «agricultores genuinos».

Planas ha abordado con los consejeros autonómicos la definición de esa figura, referida a aquella persona que se dedica principalmente al sector primario y que se beneficiará de los pagos directos.

Al respecto destacó que  existe un amplio grado de consenso sobre el hecho de que se debe de tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos. «No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria».

Por ello, según Planas, el parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajustar la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio (del 20-30%) podría situarse la base del consenso.

También ha incidido en el futuro diseño de los ecoesquemas, propuestas con las que lograr financiación para mejorar la sostenibilidad ambiental del sector con prácticas como el pastoreo extensivo, el aumento de la agricultura ecológica o la reducción del uso de fitosanitarios y antibióticos.

Asimismo, España está de acuerdo con el techo de ayudas de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.
También Luis Planas ha advertido a las CC.AA. que la regionalización “no va ser un tema sencillo”. La CE exige reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna. Menos escollos se prevén para la eliminación de los derechos individuales, puesto que la mayoría de las comunidades aboga por su desaparición, que permitirá la incorporación de más jóvenes a la actividad agraria.

Por su parte, las posiciones de las autonomías varían desde las que apoyan sin fisuras la negociación del Gobierno español en Bruselas esta semana, las que subrayan la incertidumbre de cuánto dinero vendrá y las que dan por seguro que habrá una reducción.Desde Aragón y Castilla-La Mancha han valorado el presupuesto y la defensa española en Bruselas, mientras el País Vasco pone el foco en la posterior distribución de los fondos entre autonomías.

Se han mostrado críticos los representantes de Galicia, Andalucía, Castilla y León, Murcia o Madrid, comunidad que ha llegado a asegurar que el recorte de ayudas supondrá «600 millones de euros menos al año» para España.

Más allá del presupuesto, la mayor parte de las comunidades se han mostrado a favor de acabar con los derechos históricos, hacer una definición de agricultor genuino o potenciar la agricultura familiar.

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