La reforma de la PAC, una cuestión de Estado

Esta es la cuestión crucial: saber de qué cifra partimos; es decir, cuál será el techo de gasto para la agricultura. Sabido esto, habrá que determinar en qué forma y con qué fines se distribuye dicho presupuesto. También debe rechazarse la renacionalización, que es sin duda un grave peligro. Y en España ocasionaría un serio problema por temibles discrepancias entre las comunidades autónomas a la hora de fijar el porqué y el cómo de la distribución de tales ayudas.
Por JAIME LAMO DE ESPINOSA, director de Vida Rural.

Querido lector:

Los acontecimientos políticos que culminaron con la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tras la moción de censura, ganada el pasado 1 de junio, y la formación de un nuevo Gobierno, han centrado la atención pública, también la de los agricultores y ganaderos.

Pero, sin embargo, alrededor de estas mismas fechas se han producido una serie de reuniones e informes tanto a nivel europeo como aquí, en España, que conciernen fuertemente a la definición de la nueva PAC 2021-2027. Y han sido reuniones, conversaciones y documentos que conviene comentar. Y que serán sin duda objeto de primordial atención por parte del nuevo ministro, Luis Planas, que, afortunadamente, conoce bien la materia y ha tenido una amplia experiencia en cuanto a las relaciones entre España y la UE.

Pero contextualicemos la cuestión. La PAC debe ser reformada porque pronto, en 2020, termina su periodo de vigencia y además porque uno de los protagonistas de esa PAC, Reino Unido, sale de la UE-28 y, por tanto, su contribución al presupuesto de la UE , desaparece. El Brexit conduce inevitablemente a reducir los fondos para la financiación de la agricultura europea, y esto obliga a redefinir objetivos, medios y coste.

Entre los años 2014-2020 la PAC habrá gastado 408.000 M€ de los que 27.483 M€ corresponden al Reino Unido. Es decir la UE-27 habrá gastado 381.000 M€. La previsión actual presupuestaria para el periodo 2021-2027, para una UE sin Reino Unido, será de 365.000 M€, es decir un 4,2% menos. Ese presupuesto, teóricamente asigna a España para ese periodo 33.481 M€, es decir -3,5%. Así pues el presupuesto total de la UE sería para ese periodo de 1.279 M€, y la reducción propuesta para los fondos de la PAC y además Cohesión sería de un 5% aproximadamente.

Pero la propuesta global de la CE es elevar el presupuesto hasta el 1,11% del PNB frente al 1,03% actual. Y ese presupuesto sí debería permitir compensar el agujero de cerca de 12.000 M€ que deja el preexistente más otros 10.000 M€ más para nuevos retos y desafíos de la UE. Y, además, se pretende que para cumplir los Acuerdos de París sobre el clima, al menos un 25% del gasto de la UE tenga dicho objetivo.

La PAC pues, se encuentra encerrada en medio de esta política revisionista presupuestaria que nace en Bruselas y que traerá consecuencias indubitables sobre la agricultura española. Y la cuestión difícil de conciliar es cómo se puede exigir más a los agricultores en su lucha contra el cambio climático al tiempo que se les ofrecen menos ayudas que las que están ahora percibiendo.

Sobre todas estas cuestiones se han ido produciendo, como se indicaba al inicio, una serie de reuniones y declaraciones que merecen ser comentadas. El mismo día 1 de junio, Phil Hogan, comisario europeo para la Agricultura, presentó su reforma de la PAC calificándola como “más moderna, más flexible y más sencilla”.

Sin duda tres objetivos altamente deseables aunque tengo, personalmente, serias dudas sobre su logro mediante esta reforma. Además, el comisario vincula de un modo muy estrecho las ayudas futuras de la PAC a la mejora del clima y el medio ambiente, hasta el punto de que el 40% del presupuesto tendría que estar condicionado a este objetivo climático e incluso un 30% de la asignación nacional para Desarrollo Rural tendría también este objetivo.

Ya no hablamos, pues, tanto de objetivos productivos o de eficiencia tecnológica cuanto de resolver el problema del clima sin que sepamos claramente en qué forma van a estar vinculadas las ayudas a este objetivo. Y sin que sepamos si el sector forestal va a disfrutar de ayudas climáticas específicas por su alta contribución a la absorción de CO2.

Respecto a la simplificación miedo me da pensar que lo que esté imaginando la Comisión sea una “agricultura sate­li­zada”, es decir, que las ayudas vengan reguladas por controles a través de programas especiales de imágenes de satélites y su monitorización. José Diogo Albuquerque, persona con buen criterio sobre esta materia, dice que la próxima reforma será “o triunfo da tecnicidade” y tiene razón. No será fácil para los agricultores medios su manejo administrativo.

Justo un día antes, el pasado 31 de mayo, mientras que el Congreso debatía la moción de censura, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en el que, creo, debió ser su último acto oficial, desarrollaba una importante reunión con seis ministros o secretarios de Estado de otros tantos Estados Miembros, para tratar sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y su impacto en la PAC. Era una reunión programada desde hacía mucho tiempo, debía mantenerse y las conclusiones que dicho grupo podía alcanzar eran, sin duda, trascendentes.

Conviene destacar que el citado “grupo de Madrid” volvió a recordar la importancia de la PAC para que la UE sea una gran potencia agrícola y un seguro proveedor mundial de agroalimentos. Resaltó también que las ayudas tienen un efecto directo sobre las rentas agrarias de singular importancia, tanto más cuanto que los ingresos de los agricultores siguen siendo inferiores a los de otros sectores. Y advirtió de la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y la condicionalidad, en ambos pilares, para la obtención de las ayudas previstas. Y, finalmente, se manifestó claramente en contra del posible –y casi seguro– recorte del presupuesto de la PAC.

Y el día de antes –otra vez la secuencia temporal–, 30 de mayo, el Parlamento Europeo fijaba su posición sobre la nueva PAC advirtiendo que debía ser “sencilla, justa, sostenible y basada en un presupuesto común”. No negaba a las autoridades nacionales que puedan tener un cierto margen para adaptar la PAC, pero rechazaba de modo expreso la “renacionalización de la misma, por lo que podría suponer de alteración de la competencia”.

Y, cómo no, el Parlamento advertía de la necesidad de financiar íntegramente los pagos directos con cargo al presupuesto de la UE, reducir la burocracia vinculada a las medidas medioambientales, alejarse progresivamente de los criterios historicistas, fijar un límite máximo por explotación para la percepción de las ayudas, aportar nuevos fondos para revitalizar las zonas rurales y ello unido a un mayor apoyo a los jóvenes y nuevos agricultores.

Como se ve estas tres sesiones –del Parlamento, el grupo de Madrid, y el informe del comisario– parecen coincidir en la necesidad de mantener una determinada PAC, simplificarla, evitar su renacionalización y sostener la red de seguridad alimentaria que supone la agricultura europea.

Pero también se observa el claro temor a que se produzca una fuerte reducción del presupuesto de la UE y que esto arrastre a su vez una caída del presupuesto para la agricultura, tanto en el primero como en el segundo pilar. Esta es pues la cuestión crucial: saber de qué cifra partimos; es decir, cuál será el techo de gasto para la agricultura. Sabido esto, habrá que determinar en qué forma y con qué fines se distribuye dicho presupuesto y qué papel debe jugar el cambio climático como criterio –primordial o no– en la distribución de las ayudas.

Y repito, si se introduce ese criterio, deben entonces fijarse ayudas para las explotaciones forestales. También debe rechazarse la renacionalización, que es sin duda un grave peligro. Y en España ocasionaría un serio problema por temibles discrepancias entre las comunidades autónomas a la hora de fijar el porqué y el cómo de la distribución de tales ayudas.

Como se ve el tema es de enorme complejidad y, en realidad, está mucho más abierto al debate de lo que parece, aunque no olvidemos que siempre el que crea el documento va por delante de los demás. Y ese papel lo tiene, sin duda, el comisario Europeo.

El nuevo ministro, Luis Planas, ha tomado ya la iniciativa y ha reunido al Consejo Consultivo de Agricultura el pasado 13 de junio, para escuchar a los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas y formar criterio unánime, de consenso, para luego ser defendido en Europa.

No es un papel fácil. Pero conoce bien el mundo comunitario y esto es siempre un tanto a favor. Su posición, además, ha sido contundente en esa primera reunión pues ha afirmado: “Debemos hacer de la reforma de la PAC una cuestión de Estado”. Es una afirmación llena de buen sentido político.

Un cordial saludo

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