A pesar de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistió en su propuesta de limitar el precio de la compra de alimentos básicos para proteger a las familias de la subida de la inflación, las tres asociaciones representativas de los intereses de la distribución comercial alimentaria consideran la misma ineficaz y distorsionadora del libre mercado.
El Ministerio de Trabajo fue escenario este lunes 12 de septiembre de la primera toma de contacto entre su titular Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las tres asociaciones patronales de las grandes cadenas de distribución -ANGED, ACES y Asedas- a las que pidieron que hagan un esfuerzo para “topar” los precios al consumidor de los alimentos básicos, como lácteos, carnes o frutas y hortalizas, al tratarse de empresas, que cuentan con márgenes (de rentabilidad) para poder hacerlo
El Ministerio de Trabajo fue escenario este lunes 12 de septiembre de la primera toma de contacto entre su titular Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con las tres asociaciones patronales de las grandes cadenas de distribución -ANGED, ACES y Asedas- a las que pidieron que hagan un esfuerzo para “topar” los precios al consumidor de los alimentos básicos, como lácteos, carnes o frutas y hortalizas, al tratarse de empresas, que cuentan con márgenes (de rentabilidad) para poder hacerlo
La propuesta de Díaz, que la ministra estima «absolutamente legal», fue dada a conocer la semana pasada y, en líneas generales (aunque luego se ha ido matizando o suavizando) consiste en que hasta después de Navidad las grandes cadenas ofrezcan ofertas comerciales para garantizar una cesta de la compra saludable y variada, que cambiaría cada semana, a precios más bajos, con alternativas también para los celíacos. Esta cesta incluiría proteínas y productos frescos, como pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas.
Según explicó la ministra en la rueda de prensa posterior al término de este primer encuentro, esta idea seguirá desarrollándose en una reunión de trabajo posterior más extensa.
Díaz salió de las críticas a su iniciativa realizada por los representantes del pequeño comercio (Confederación Española de Comercio, CEC, la organización empresarial que representa los intereses del comercio de proximidad), del que se definió como «usuaria y defensora a ultranza» y aseguró que Carrefour, que desde hoy ha dispuesto una cesta de compra de 30 productos a 30 euros, pero sin leche, lácteos, aceite de oliva y sin productos frescos, se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan desde Trabajo y Consumo.
Por su parte, las patronales de la distribución comercial minorista alimentaria consideraron, en cambio, que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado. En su lugar, presentaron a la ministra su propia “lista de la compra” dirigida al Gobierno para reiterarle su petición de bajada de impuestos, en concreto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos; abaratar la energía, y evitar normativas regulatorias que impongan costes adicionales.
Más en concreto, la Asociación Española de Cadenas de Supermercados (ACES), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) expresaron en la reunión mantenida con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que comparten con el Gobierno la preocupación por la situación de los precios de los alimentos y solicitaron, al respecto, su apoyo a las medidas que vienen proponiendo a las Administraciones en los últimos meses.
Estas organizaciones empresariales recordaron a la ministra de Trabajo y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que la propia dinámica competitiva del sector agroalimentario ha respondido a los problemas que la inflación genera en los consumidores.
De hecho, añadieron, “todas las cadenas de distribución llevan meses trabajando para ofrecer una cesta de la compra más económica, a través de productos de marca propia, más promociones y descuentos.”
Además, consideran que, “frente a escaladas de precios de hasta 3 dígitos en la energía y las materias primas básicas, la cadena agroalimentaria está contribuyendo a amortiguar la inflación”.
Así, de acuerdo con los últimos datos, entre julio de 2021 y julio de 2022 el IPC de la Alimentación y Bebidas ha crecido a una tasa anual media del 6,7%, frente a una tasa anual media en el Índice de Precios Industriales (IPRI) de Alimentación de 12,8%. En el mismo periodo, el IPC general también ha registrado una variación media del 7,5%.
Ante ello, concluyeron, estas asociaciones consideran inviable y contraproducente la propuesta de elaborar una cesta de la compra básica a precios cerrados por los siguientes motivos:
-Diagnóstico erróneo de la formación de precios en la cadena alimentaria: el IPOD (Informe sobre Precios en Origen y Destino) que compara solo la diferencia entre precios de origen y destino, al estar basado en datos de una organización agraria que carecen de base científica, ya que, al expresar las diferencias de precios en porcentajes, distorsiona la percepción del consumidor e ignora el valor que aportan otros eslabones de la cadena. Otros estudios fiables, como los que elabora el MAPA, no coinciden en absoluto con dicho análisis. La distribución alimentaria organizada tiene unos márgenes porcentuales muy reducidos como se puede comprobar en los datos públicos de las empresas.
-Ineficacia del acuerdo propuesto, ya que la estructura de la distribución alimentaria en España -definida por su escasa concentración– hace que el pacto requiera del acuerdo con cientos de empresas. El comercio tradicional tiene una cuota de mercado muy importante especialmente en productos frescos. Además, presentaría graves riesgos para la competencia, perjudicando a unos comerciantes frente a otros y a los consumidores que viven en poblaciones pequeñas. En cualquier caso, habría que evaluar su compatibilidad con la normativa de Defensa de la Competencia.
–Experiencias fallidas en otros países. Los acuerdos firmados por el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, en 2004 y 2010, tuvieron como resultado, por una parte, una drástica pérdida de confianza en el comportamiento del consumidor, con un descenso en el consumo y, por otra, una bajada muy importante de la calidad de los productos en las gamas afectadas. Cabe destacar que los precios de la alimentación en España en los últimos 20 años se han mantenido extraordinariamente estables, con subidas que han coincidido con otra crisis de materias primas en 2007 y con la subida del IVA en 2012. En la actualidad, las causas del alza del IPC en alimentación son objetivas: alza del coste de la energía, de los carburantes y de las materias primas –agravado por la guerra de Ucrania-.
En este sentido, las patronales de la distribución alimentaria se han propuestos varias acciones que ayudarían a la contención del IPC alimentario y que son más necesarias que nunca:
-Bajada temporal del IVA de los alimentos –una experiencia que hizo Alemania en 2020 por un periodo de seis meses con resultados positivos-, suspensión temporal de impuestos medioambientales que penalizan el consumo y reducción del coste regulatorio.
–Precio de la energía sostenible para toda la cadena, y especialmente para la distribución alimentaria. El alza del coste de la energía hace que empresas de la distribución corran el riesgo de entrar en pérdidas este año y, por ello, se solicita un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores.
Por último, las tres asociaciones indicaron que la distribución alimentaria española, así como el resto de la cadena, ha demostrado en las dos últimas décadas y, más recientemente, con la crisis sanitaria su eficiencia para servir al consumidor alimentos de calidad, variados, seguros y a precios competitivos y su compromiso con los consumidores.
Por tanto, señalan que no es momento de dividir a la cadena, sino de trabajar unidos para hacer frente a la actual crisis multifactorial y seguir facilitando a todos los ciudadanos por igual el acceso a la alimentación.
En declaraciones a los medios, el director general de la patronal de supermercados de alimentación, Asedas, Ignacio García Magarzo, aseguró que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio «no tiene la base científica suficiente, considerando que tampoco es buena la idea de elaborar una cesta básica común, porque no es coherente con la estructura de la distribución comercial española.»
Garcia Magarzo apuntó que “el mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco.»
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Javier Millán-Astray, lamentó también que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».
Según Millán-Astray, “el sector está realizando un esfuerzo extraordinario para no trasladar a los consumidores todos los costes de los diferentes eslabones de la cadena, incluidos los mayores precios de la energía, los cereales, los fertilizantes o los envases.”
Por último, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio Pino, apuntó que “el sector tiene un marco jurídico muy limitativo con la Ley de la Cadena Alimentaria», que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción.” Cada consumidor, añadió, puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa», ha subrayado Del Pino.
En la organización participaron también las organizaciones representativas del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). Así, la organización FACUA pidió al Gobierno que aplique la Ley de Comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución.
Según FACUA, “la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista permite al Gobierno, previa audiencia de los sectores afectados, fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas».
FACUA advierte que, tras la luz y los carburantes, las subida de precios de los alimentos está provocando una situación “inadmisible e inasumible” para muchas familias que no pueden acceder a una alimentación completa y saludable, generando un empobrecimiento de la población y afectando a su salud.
Para esta asociación, “se están produciendo numerosas subidas que no son el resultado de un aumento de costes, derivado de la carestía de la electricidad y las gasolinas, sino de un incremento desproporcionado de los márgenes de beneficio para las grandes empresas de la distribución.”
En esta situación, calificada de “muy grave”, FACUA defiende una política de intervención de precios de alimentos básicos, aunque está abierta a que las patronales de la distribución ofrezcan soluciones, como el compromiso de bajar de forma considerable los precios y el lanzamiento de cestas básicas que paqueticen los productos con grandes descuentos.
Al respecto, esta asociación “valoraría un compromiso del sector para recortar sus márgenes siempre que sea real y no una estrategia de desplazamiento de las subidas a otros productos, merma de calidad o dar salida a determinados productos con bajo nivel de demanda o con fechas de caducidad o consumo preferente próximas. Soluciones que, en todo caso, requieren seriedad y responsabilidad por parte de los empresarios y control de las Administraciones.”
En la reunión no participaron ni otros representantes del Gobierno, que tendrían que decir algo al respecto (MAPA, Mincotur, Asuntos Económicos), ni del pequeño comercio de proximidad (CEC), ni de la industria agroalimentaria (FIAB), ni de las organizaciones agrarias y cooperativas (ASAJA, UPA, COAG, UdU y Cooperativas Agro-alimentarias de España).
El ministro de Agricultura, Luis Planas, intervino en días pasados para señalar su disconformidad y contrariedad con la propuesta de sus compañeros de Consejo de Ministros, dejando frases como que “jamás aceptará que se ofrezcan alimentos baratos sobre la espalda de los agricultores”.
Otros miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la de Defensa, Margarita Robles, la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Montoro, expresaron igualmente sus muchas dudas sobre que la propuesta de Díaz, tal y como estaba planteada, fuese a salir adelante.
Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apunto en una entrevista en RNE que la propuesta de Díaz sobre poner un tope al precio de los alimentos básicos no suponía un mecanismo de control sobre los precios de éstos, sino más bien un ejercicio que los economistas denominan de “persuasión moral”, con el que se busca apelar a la responsabilidad de las grandes distribuidoras para ayudar a las familias ante la escalada de precios.
Por su parte, las organizaciones agrarias se mostraron igualmente críticas con la propuesta de la ministra Yolanda Díaz, porque la misma podría volverse contra los intereses del eslabón inicial y más débil de la cadena alimentaria, como es el sector productor y como ha sucedido en otras ocasiones y está sucediendo en que ciertos alimentos “reclamo” han bajado precios por debajo de costes de producción.
Al respecto, las OPAs han pedido a Díaz que se preocupa más por que se aplique y funcione la Ley de la Cadena Alimentaria, con el fin de que los agricultores y ganaderos, y sus cooperativas puedan trasladar a los siguientes eslabones de la cadena sus costes de producción, que se han disparado en este último año, y no que tengan que vender a pérdidas, porque desde arriba se les imponen unilateralmente las condiciones sobre precio de sus productos, algo que es incluso más acuciante cuando se trata de productos frescos y perecederos.
Para estas organizaciones, la iniciativa de la ministra de Trabajo va en contra de los propios objetivos que persigue la Ley de la Cadena Alimentaria, que no es otro que introducir claridad, equilibrio y transparencia en la fijación de precios de los productos, con un reparto justo de los márgenes entre todos los eslabones de la cadena de valor.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alertó, por su parte, del riesgo que supone limitar los precios de los alimentos y de otros productos de la cesta de la compra, con efectos negativos a medio y largo plazo.
Para Competencia, la regulación pública de los precios tiene normalmente efectos contraproducentes y deben sopesarse cautelosamente los efectos de la regulación. Además, recuerdan que los pactos o acuerdos, en el caso bastante improbable de que llegaron a ello los grandes de la distribución, para contribuir a través de una reducción de sus márgenes empresariales a conformar una cesta de precio asequible y de calidad, desembocan en precios más altos, en menos innovación, menos inversión y a una alteración de la estructura competitiva del mercado”.
La CNMC recuerda que la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado Fundacional de la UE prohíben de forma expresa los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios máximos o de otras condiciones comerciales, que restrinjan la competencia. El artículo 1 de dicha Ley y el 101 de la TFUE, señalan que “la fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impuso de autoridades públicas, es un acuerdo que está prohibido.”
Competencia considera que las grandes distribuidoras, por su mayor músculo financiero, poder de negociación y diversificación del negocio, podrían estar en situación de afrontar las ventas “a pérdida” que implicarían los topes acordados o impuestos, con más facilidad que las pequeñas, que tienes desventaja y menos posibilidad de reducir márgenes en un contexto, como el actual, de elevados coste de producción, con posibilidad de acabar desapareciendo.
La CNMC concluye que la propuesta de la ministra de trabajo elimina la libre competencia, un hecho que siempre perjudica a los consumidores y, por tanto, ante esta situación advierte que vigilará, inspeccionará y sancionará cualquier concertación que al respecto puedan pactar las empresas.
La multinacional francesa de distribución comercial, Carrefour, difundió este lunes 12 de septiembre la lista definitiva de 30 productos de su cesta básica, que podrá comprarse en su conjunto a un precio de 30 € hasta el 8 de enero de 2023, aunque también se puede comprar cada producto por separado.
La lista no incluye ni leche, ni aceite de oliva, ni huevos, ni legumbres, ni productos frescos (frutas, hortalizas, carnes o pescados) que, en líneas generales, son los que más han subido de PVP en los últimos meses. Se trata, además, de productos de “marca blanca” Carrefour o de marca de la distribución (MDD), no directamente marca de fabricante y, según la firma, son productos presentes en cualquier despensa, garantizando que se ofrecen al PVP más bajo del mercado.
El pack incluye aceite de girasol, pasta alimenticia en espirales, harina de trigo, caldo de pollo, latas de atún en aceite de girasol, albóndigas en salsa, zumo de naranja, limón y zanahoria y pan de molde.
También alimentos básicos, según Carrefour, para el desayuno, como café molido, galletas María, copos de avena y cereales de maíz, chocolate blanco, mermelada de melocotón y panes para hamburguesas.
Además, completa la cesta de alimentos sal marina, guisantes en lata, maíz dulce en lata, pimientos de piquillo en frasco, champiñones en lata y vinagre de vino blanco.
Junto a esto, la cesta incluye también algunos productos de higiene y limpieza (lavavajillas, detergente, lejía, limpiacristales, dentífrico, compresas, gel de ducha y papel higiénico).
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