AICA ha sancionado desde 2014 más de 1.900 infracciones en la cadena agroalimentaria

En el marco del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que ha tenido lugar hoy se presentó la “Memoria anual de actividades de 2019” y los resultados acumulados desde el inicio (2014) para cumplir así con su labor de información que han servido para marcar sus objetivos para 2020.

Desde el comienzo de su actividad inspectora y hasta el 31 de diciembre de 2019, los inspectores de AICA han realizado 4.264 inspecciones de oficio, de los que destacan 1.448 realizadas en el sector de frutas y hortalizas; 795, en el vitivinícola; 776, en el lácteo; 569, en el del aceite de oliva; 128, en el bovino; 125, en el de cereales; 107, en porcino; y 101, en avícola.  A estas hay que añadir las inspecciones realizadas en otros sectores como ovino y caprino, cultivos forrajeros, huevos, cultivos industriales, aceituna de mesa, cunícola, conservas vegetales, miel, equino, conservas de pescado o frutos secos.

Además de los programas de control e inspección efectuados de oficio, AICA ha analizado todas las denuncias que se le han presentado. En estos 6 años se han recibido 293 denuncias: 113 en el sector lácteo, 78 en frutas y hortalizas, 38 en el sector vitivinícola y 36 en el sector oleícola y 28 de otros sectores. Por tipo de denunciante, el 48% han sido realizadas por organizaciones y asociaciones, un 28% por administraciones públicas, 18% por productores, 6% industrias y otros.

Dentro de éstas, AICA recibió 53 que denunciaban posible “venta a pérdidas” que se trasladaron a las autonomías correspondientes según el ámbito territorial de la oferta comercial de la presunta venta a pérdidas, ya que son la autoridad competente para sancionar en la materia.

Las inspecciones han concluido con 1.916 infracciones con sanción, desde 2014 y hasta 2019. Los sectores con un mayor número de incumplimientos han sido el hortofrutícola, con 824; lácteo, con 315 sanciones; vitivinícola, con 256; y aceite de oliva, con 151.

El motivo más frecuente de sanción se debe al incumplimiento de los plazos de pago (49%), ausencia de contratos (16%), no incluir los extremos mínimos en los contratos (13%) y no suministrar la información requerida (11%).

Un 39% de las infracciones sancionadas son atribuidas a la industria agroalimentaria, el 37% a la distribución comercial mayorista, el 16% a la distribución minorista y el 8% a productores. El importe de las sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena ascendió a 10,98 millones de euros.

En lo referente a los controles oficiales a DOP e IGP de ámbito supraautonómico, y que han elegido a AICA como organismo de control y certificación (actualmente DOP Jabugo, IGP Cordero Segureño, IGP Carne de Ávila, DOP Arroz de Calasparra e IGP Queso Los Beyos), se han realizado un total de 389 auditorías (238 a productores y 151 a operadores certificados).

AICA inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la Ley 6/2015 de las DOP e IGP de ámbito supraautonómico ante las denuncias presentadas por los Consejos Reguladores. AICA ha incoado 244 expedientes sancionadores en estos 6 años.

En cuanto al control de las declaraciones en el sector oleícola, AICA ha realizado 4.750 inspecciones para comprobar la veracidad de los datos.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, que presidió hoy el Consejo Asesor, destacó  que, desde 2014, la AICA se ha convertido en un organismo referente en control “necesario, que vela por los intereses del sector agroalimentario”.

Por su parte, la directora de AICA, Gema Hernández, subrayó que en 2020 se abre para la agencia una nueva etapa. “Un año en el que nos tenemos que preparar para la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y su aplicación”.

Hernández expuso las principales líneas de trabajo del plan de actuaciones de control de la Agencia para 2020 e indicó que continuará con la labor de información sobre la Ley de la Cadena y dará a conocer el papel que desempeña la agencia entre agricultores y ganaderos, industria y distribución, ya que “el desconocimiento y/o el ‘no querer ver la realidad’ es uno de los problemas a abordar”, según Hernández.

 

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