El sector agroalimentario pide más control de las alianzas de la distribución minorista en la cadena de suministro

Las tres asociaciones profesionales que representan a agricultores y cooperativas agrícolas (Copa-Cogeca), a los fabricantes de alimentos y bebidas (FoodDrinkEurope) y a los fabricantes europeos de marcas (AIM),  reaccionan y responden al informe del Centro Común de Investigación (JRC, en sus siglas en inglés) de la Comisión Europea (ver abajo)  sobre las alianzas de la distribución minorista y su impacto en la cadena de suministro de alimentos, publicado el 13 de mayo.

Para las mismas, dicho informe del CCI confirma que estas alianzas minoristas pueden llevar a un comportamiento desleal o anticompetitivo en el marco de la cadena de suministro alimentario. Sin embargo, el informe también demuestra que se necesita investigar mucho más para comprender los efectos negativos de estas alianzas sobre el conjunto de la cadena de suministro.

Para dentro de casi un año, el 1 de mayo de 2021, se prevé que los Estados miembros de la UE hayan adoptado y publicado ya sus medidas legales de transposición de la Directiva 2019/633 sobre Prácticas Comerciales Desleales (PCD).

El informe del CCI viene a recordar oportunamente los objetivos de la directiva comunitaria, al abordar una serie de prácticas comerciales injustas o desleales, que son aplicadas por los compradores o grupos de compradores al resto de proveedores o suministradores de la cadena alimentaria.

El CCI ha abordado un asunto complejo, donde es importante analizar con claridad y transparencia cómo el comportamiento de un eslabón de la cadena puede tener importantes efectos en cascada sobre el resto de los eslabones de la cadena, “desde la granja, hasta la mesa”.

El análisis, realizado a petición del Parlamento Europeo, tras la aprobación de la Directiva comunitaria sobre PCD en 2019, proporciona una visión general de cómo se han establecido y cómo operan las alianzas minoristas.

Señala que las mismas han llevado a un incremento de la concentración del mercado de la distribución alimentaria, por ejemplo en Francia, donde cuatro alianzas minoristas representan ya el 90% de las ventas totales de alimentos en ese país. En otros mercados, como Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica, estas alianzas mantienen igualmente una posición dominante.

El informe reconoce que tal concentración puede dar lugar a prácticas comerciales anticompetitivas o desleales, que «pueden afectar negativamente a los consumidores o al resto de los agentes de la cadena de suministro».

Sin las salvaguardas necesarias, la concentración del poder del comprador da como resultado importantes desequilibrios en detrimento de los proveedores, señalan estas tres asociaciones europeas. Para muchos de ellos, el factor de presión y de miedo puede alcanzar niveles extremos, obligándoles a aceptar pagos por debajo del coste de producción.

Beneficios potenciales

El informe señala que «los posibles beneficios que las “Retail Alliance” (RA)  pueden proporcionar a los consumidores (con precios más asequibles u ofertas a la baja en el precio de los alimentos) podrían ser compensados ​por el posible daño infligido al resto de los eslabones de la cadena alimentaria aguas arriba». Y, por tanto, insta a «las autoridades a permanecer vigilantes para poder abordar las preocupaciones que existen sobre las alianzas minoristas en la normativa de Competencia de la UE, la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales y de las disposiciones legales nacionales pertinentes».

El análisis muestra que las posibles eficiencias de las alianzas minoristas en los precios al consumidor pueden ser limitadas, en particular cuando se trata de las alianzas de grandes cadenas minoristas que actúan en el mismo mercado.

Los beneficios potenciales de tales eficiencias siempre deben compararse con los efectos negativos sobre la innovación del producto alimentario, la sostenibilidad y la competencia general en el mercado.

Las alianzas minoristas europeas tienden a negociar con proveedores internacionales tanto para marcas, como para etiquetas privadas, ya que las alianzas «tienen importantes efectos de red …”.  Obviamente, los agricultores también están indirectamente vinculados a los minoristas cuando los productos agrícolas se transforman en alimentos finales».

La evaluación de impacto de la Directiva de PCD proporcionó ya los antecedentes de las complejas interacciones y dependencias en la cadena de suministro agroalimentario, que se han vuelto ahora más visibles con la actual crisis sanitaria del Covid-19.

Estas tres asociaciones hacen un llamamiento a los Estados miembros para que continúen impulsando un enfoque de «equidad para todos» y garanticen la rápida aplicación de la Directiva de PCD antes del 1 de mayo de 2021 (para su aplicación antes del 1 de noviembre de 2021) que dé lugar a una cadena de suministro agroalimentario europea fuerte y saludable.

Las preguntas que el informe del CCI plantea deberían servir a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales de Competencia para que profundicen más en el análisis de las operaciones de creación de alianzas minoristas y para investigar los efectos que éstas tienen en la cadena de suministro alimentario. Un análisis más concienzudo permitiría, según estas tres organizaciones, un enfoque holístico o integral de las políticas aplicadas al funcionamiento de las cadenas alimentarias, basado en la transparencia y en la equidad de toda la cadena de suministro.

La Asociación Europea de Marcas (AIM) representa a los fabricantes de marcas en Europa en cuestiones clave que contribuyen a su capacidad para diseñar, distribuir y comercializar sus marcas. Cuenta con 2.500 empresas, desde pymes hasta multinacionales, directa o indirectamente, a través de sus miembros de asociaciones corporativas y nacionales.

El COPA y la Cogeca son la voz de los agricultores y de sus cooperativas en la UE para asegurar que la agricultura de la UE sea sostenible, innovadora y competitiva, garantizando la seguridad alimentaria a 500 millones de personas en toda Europa. El COPA representa a más de 23 millones de agricultores y a sus familias, mientras que la Cogeca defiende los intereses de 22.000 cooperativas agrícolas. Cuentan con 66 organizaciones de los Estados miembros de la UE y, en conjunto, es el grupo de presión más grande y activo de Bruselas.

La FoodDrinkEurope representa la industria de fabricación de alimentos. La componen 294.000 empresas y 4,7 millones de trabajadores de la industria de alimentos y bebidas, que adquieren el 70% de todos los productos agrícolas de la UE, y es la industria manufacturera más grande de Europa.

Archivo pdf informe CE  pdf [EN]: jrc120271_report_retail_alliances_final

Reforma de la Ley de la Cadena

Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analizó el pasado 14 de mayo con las organizaciones agrarias el anteproyecto de reforma de la Ley 12/2013 de medidas de mejora para el funcionamiento de la cadena alimentaria.

El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, se reunió con las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario para analizar un primer borrador de Anteproyecto de ley de reforma de la ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo principal es dotar de un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena, además de trasponer la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

La reforma de la ley de la cadena es una de las medidas presentadas por el ministro Luis Planas en la Mesa de Diálogo Agrario, dentro de la estrategia del Gobierno para dar respuesta, en su opinión, a la mayoría de las reivindicaciones planteadas por el sector. Con esta iniciativa, según el MAPA, se busca reforzar la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria y lograr una distribución más justa de su valor.

En una primera fase de esta reforma, el Gobierno aprobó un real decreto-ley, convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

La tramitación de la segunda fase comenzó el pasado 1 de abril, al llevar a consulta pública previa la redacción del Anteproyecto de ley, en el que se incorporará al Derecho español la citada directiva comunitaria, a pesar de las circunstancias sobrevenidas por la actual crisis sanitaria del Covid-19.

 


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