El ministro Planas presenta su programa de Gobierno en el ámbito de la agricultura para esta legislatura

Tras ponderar y elogiar al máximo el trabajo desarrollado por agricultores y ganaderos y por la cadena alimentaria durante esta etapa de la pandemia, pasó a concentrase en tres temas principales: la Ley de la cadena de valor, la nueva PAC y su situación financiera y el Brexit en sus consecuencias pesqueras y agrarias. Tres temas mayores, todos de gran trascendencia.
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.

Querido lector:

En muy escasas ocasiones he comentado en profundidad y con toda amplitud los de­ba­tes habidos en el Congreso o en el Se­nado sobre nuestra política agraria. La nuestra, con independencia de que en ella se presente también lo que la PAC nos aporta o nos detrae. Pero el pasado 12 de junio se reunió la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado en se­sión plenaria, donde comparecía el mi­nistro Luis Planas, cuya intervención, lar­ga, extensa y detallada, merece ser co­mentada por muchas razones. Pero sobre todo por una, porque en ella expuso, como él afirmó, “cómo se plantea el Gobierno esta legislatura en el ámbito de la agricultura, la pesca y la alimentación”, tras lo vivido ya de esta pandemia. Es decir, expuso el programa de Gobierno de una legislatura.

Creo que es el primer ministro de este Go­bierno que lo hace. Y eso, unido a sus primeras palabras recordando las tractoradas de enero-febrero, trajo a mi memoria las tractoradas que tanto Fernando Abril como yo, como ministros, sufrimos en el Mi­nisterio, aunque entonces era por otras razones, y la presentación del “Programa de cambio de la agricultura española”, también un programa de gobierno, que formulé ante el Congreso de los Diputados en junio de 1979. También ahora se precisan cambios profundos tras las alteraciones de los mercados que está introduciendo el coronavirus. Y por eso me parece tan oportuna esta intervención.

El ministro Planas, tras ponderar y elogiar al máximo el trabajo desarrollado por agricultores y ganaderos y por la cadena alimentaria durante esta etapa de la pandemia, sector que fue calificado en el de­creto de alarma del 14 de marzo como “servicio esencial”, resaltó que es casi el 11% de nuestro PIB, genera 2.700.000 empleos y ofrece una producción global anual que supera los 106.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad, más de 54.000, son exportaciones a la Unión Europea y a países terceros, es decir, fue­ra de las fronteras nacionales de España. Tras ello pasó a concentrase en tres temas principales: la Ley de la cadena de valor, la nueva PAC y su situación financiera y el Brexit en sus consecuencias pesqueras y agrarias. Tres temas mayores, todos de gran trascendencia.

Respecto a la Ley de cadena alimentaria de 2013, destacó que fue una ley pionera, que permitió avanzar en muchas cosas relacionadas con esta materia. Ley que tuvo que modificar el Gobierno, al calor de las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias, mediante un Decreto-Ley que, entre otras cosas, prohibía las ventas a pérdidas y situaba el contrato escrito y los costes de producción como referencia para la venta. Y añadió: “si queremos tener un medio rural vivo necesitamos explotaciones que sean rentables y medioam­bien­talmente y socialmente sostenibles. Por tanto, esta ley, es, desde ese punto de vista y desde el de su contenido, un avance muy notable respecto de la ley del año 2013”.

Y seguidamente anunció que “el Go­bierno tiene intención de enviar a las Cor­tes Generales un proyecto de ley, antes de finales de octubre, donde incorporaremos a nuestro cuerpo legislativo el contenido de la Directiva europea 633/2019, de 17 de abril, sobre prácticas comerciales, de tal modo que podremos completar una revisión global del conjunto del funcionamiento de la cadena”. Y seguidamente describió las taras de la cadena con las siguientes palabras: “esta cadena alimentaria se ha desequilibrado notablemente en los últimos años; diría que no funciona horizontalmente, sino que la formación de precios lo ha sido en muchas ocasiones más bien de arriba a abajo que al contrario; es decir, distribución sobre industria, industria sobre productores. Creemos que reequilibrar y dar­le un papel a cada uno de los actores fundamentales de la cadena alimentaria constituye un elemento muy importante de la modernización y de la competitividad del sector, al tiempo que es una respuesta a las demandas de rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos”.

Sí, así es, la cadena funciona muchas ve­ces de modo inverso. Es lo que yo he de­nominado en múltiples ocasiones “la do­ble presión inversa” que reciben los productores desde los proveedores de inputs y desde sus clientes de la IAA o la distribución. Los escandallos se hacen presionando hacia abajo, contrayendo resultados para minimizar el precio de venta al público, no sumando costes y beneficios de los proveedores, y ello trajo, creo yo, las tractoradas de primeros de año que podrían re­petirse en fechas ya de otoño. Cuidado con esa situación, advierto.

La segunda cuestión abordada fue la PAC y los problemas financieros que hoy la rodean. PAC sobre la que influyen los nue­vos documentos “De la granja a la mesa” y “La nueva estrategia de la biodiversidad”. Temas muy complejos. Menos mal que el magnífico curriculum del ministro avala su extraordinario conocimiento y experiencia en esta materia. Su objetivo, así lo destacó, es el mismo que estableció de común acuerdo con el conjunto de las co­munidades autónomas de España, sin ex­cepción, y también con las organizaciones profesionales agrarias y con las coo­pe­rativas agroalimentarias de España: que España tenga para el periodo 2021-2027, al menos, los mismos fondos de que ha dis­puesto en el periodo 2014-2020. Y ratificó que ese es un objetivo del Gobierno anun­ciando, y que lleva una negociación du­ra, compleja y difícil, que entrará en los próximos días en un momento fundamental.

En la propuesta de la Comisión Eu­ropea se reflejan buena parte de las peticiones efectuadas por el Gobierno de Es­paña, en el sentido de disponer no solo de una financiación suficiente para los próximos siete años, sino también de una respuesta inmediata a muchas de las necesidades que tenemos en relación con esta crisis del coronavirus. Y precisó que sólo en el momento en que concluya la negociación y tengamos las cifras definitivas será cuando podamos hacer una valoración. Hasta ese momento, toda la energía, toda la atención del Gobierno está en lo­grar el mejor resultado posible en relación con tales fondos.

La tercera cuestión abordada fue el Brexit, pero más en sus consecuencias pesqueras que agrícolas, aunque dejó cla­ro que el objetivo es mantener la presencia en ese mercado porque es uno de los más importantes para nuestras exportaciones de vino, aceite de oliva y hortofrutícolas.

En todo caso y a lo largo de su exposición, formuló un conjunto de premisas y objetivos que merecen ser reseñados. Nos recordó que si queremos tener un medio rural vivo necesitamos explotaciones que sean rentables y medioambientalmente y socialmente sostenibles. Nos advirtió que caminamos hacia una nueva PAC con una orientación claramente preservacionista desde el punto de vista del medio natural lo que dotará a los agricultores y ganaderos de una legitimación suplementaria de su actividad. Seremos verdes, sí o sí, añado yo. Nos anunció el camino, defendido por la nueva PAC, y por los nuevos do­cumentos europeos, hacia la conversión de una gran parte de la superficie agrícola útil en cultivo ecológico, lo que obligará a reorientar las prácticas productivas, tanto más cuanto que la diversidad agraria de los distintos territorios españoles obliga a adaptaciones diferentes.

Defendió la agricultura familiar, la agricultura profesional y ante el problema de la definición de “agricultor genuino” reconoció que también lo son los agricultores a tiempo parcial. Elo­gió el sistema de seguros agrarios que acaba de cumplir cuarenta años y pasó después a referirse a dos aspectos sectoriales: lo ocurrido con los cítricos el año pasado y la situación presente del aceite de oliva, muy preocupante por la situación de los mercados y por la gran cosecha que se avecina.

En ese marco defendió la corresponsabilidad de las comunidades autónomas y el sector, la necesidad de interprofesionales fuertes, y en relación a la representatividad del sector, al margen de la modificación o derogación de la Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, no está prevista de mo­mento la convocatoria de elecciones para medir la representatividad de las organizaciones. E hizo una especial mención a la integración cooperativa, a su papel supra-autonómico y a la necesidad de elevar su nivel de competitividad en los mercados nacionales e internacionales.

Y como final hizo un exhaustivo examen de los créditos ICO concedidos a em­presarios agrarios y a la IAA, los datos de la aplicación de los ERTEs en ambos subsectores, el Decreto-Ley en materia de empleo agrario prorrogado hasta el 30 de septiembre por las cosechas de otoño, las consecuencias del cierre temporal del ca­nal Horeca y cierre de la restauración, el plan de apoyo al sector vitivinícola con destilaciones y promoción, al almacenamiento primado de ciertos productos y en especial las medidas tomadas y a adoptar respecto al sector de ovino y caprino, así como su reunión con la Unión de Cria­do­res de Toros de Lidia, que han visto reducidas a cero sus ventas.

Muchas otras cuestiones fueron abordadas por el ministro. Creo que merecen ser leídas con detalle y pueden encontrarse en el Diario de Sesiones del Senado del 12 de junio. Porque además respondió seguidamente a numerosas cuestiones de distintos senadores, cuestiones muy diversas, algunas de claro contenido regional o autonómico, que están llenas de interés.

Enhorabuena ministro por esta sesión tan importante en un momento tan crítico como el actual. El sector lo necesitaba.

Un cordial saludo

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