El Gobierno seguirá evaluando la situación de sequía en el campo antes de avanzar nuevas medidas paliativas

El Gobierno seguirá evaluando la situación de sequía en el campo antes de avanzar nuevas medidas paliativas

El Grupo de Trabajo para el Seguimiento de la Sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), analizó por videoconferencia este lunes 5 de septiembre las consecuencias de esta adversidad climática en el sector agrario y evaluó las medidas de apoyo que el Gobierno puso en marcha ya en marzo, cuando aún la sequía no había hecho los estragos en el campo en los cuatro meses siguientes (mayo-agosto) para hacer frente a la situación y que aún, recalcó este departamento, siguen estando plenamente en vigor.

 

Como se preveía también, la mayor parte de las organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, principalmente), los regantes (Fenacore) y algunas CC.AA. (Andalucía y Castilla y León) se mostraron críticas por la falta de “nuevas soluciones” ante un episodio adverso y extremo, que se ha recrudecido desde entonces y que ha mermado -y sigue mermando- considerablemente las cosechas y puesto en vilo también la sementera ya en ciernes y a la ganadería extensiva.

A lo más que se llegó en esta reunión técnica (que no política) es que el Gobierno (MAPA y Miterd) llevarán a cabo una evaluación de los informes de seguimiento de la situación de sequía presentados (o aún por presentar) por las distintas CC.AA. y por las organizaciones participantes, así como de las medidas o soluciones que puedan plantear ante esta adversidad meteorológica para, a partir de ahí, estudiar las líneas a seguir.

Es decir, habrá que esperar aún para ver si el Gobierno adopta nuevas medidas adicionales, como las demandadas reiteradamente por el sector agrario y por las CC.AA., que vayan más allá de las que aún están en vigor.

En la reunión de la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC) participaron representantes técnicos de los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) y del MAPA, así como de las CC.AA., de Comunidades de regantes (Fenacore), de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA y COAG, y de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Según el MAPA, los participantes valoraron las medidas adoptadas por el Gobierno a principios de primavera, pero a la vez mostraron su preocupación por la actual situación de sequía. También demandaron medidas urgentes, más incisivas y determinantes para paliar esta situación que, según cálculos de las propias OPAs, podrían haber causado ya pérdidas estimadas entre 8.000 y 10.000 millones de euros en el campo español.

En su exposición, los responsables del MAPA se limitaron a recordar (sin que se comunicaran resultados) las medidas que el Gobierno puso en marcha ya en el mes de marzo (previo al periodo álgido de la sequía y de las olas de calor que se sucedieron entre los meses de mayo a agosto).

No obstante, el MAPA señaló que con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno se anticipó con la aprobación y puesta en marcha de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica y sus consecuencias en la actividad agraria, tras la reunión de la Mesa de la Sequía celebrada el 4 de marzo.

Las medidas adoptadas entonces fueron de orden fiscal, laboral, social, financiero e hidráulico implican a seis ministerios y reflejan el compromiso del Gobierno con el sector agrario, que juega un papel fundamental en la economía nacional.

En el orden fiscal, señala el MAPA, los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos -unos 800.000 en el conjunto del país- han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF de 2021.

Además, de forma complementaria, el Gobierno estableció reducciones a nivel nacional para la ganadería y el viñedo, y numerosas rebajas a nivel autonómico, provincial y municipal.

Igualmente se redujeron los índices aplicables a las actividades ganaderas, que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros, así como el índice aplicable a los cultivos en tierras de regadío que utilicen electricidad.

En total, la reducción de la base imponible de la renta se estimó por el MAPA en 1.016 millones de euros.

De cara al ejercicio fiscal del año 2022 (declaración de IRPF de 2023), el MAPA recogerá también en su informe para Hacienda los efectos de la sequía de este año.

Por otro lado, el MAPA recordó, entre las medidas en vigor aún, la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones agrarias que cumplan determinados requisitos. Al respecto, el Gobierno compensa a los Ayuntamientos que apliquen esta exención en el actual ejercicio presupuestario.

Asimismo, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania está también, indico el Ministerio de Agricultura, el incremento de la subvención al seguro agrario, que se ha traducido en un incremento de 60 M€, lo que permite aumentar en 10 puntos la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación.

Esta subvención se aplica ya a aquellas líneas que iniciaron la contratación este 1 de septiembre y llegará, en principio, hasta el 31 de agosto de 2023.

Con esta subida, señala el MAPA, unida al aumento de determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en 2021, algunos colectivos como el de los agricultores jóvenes tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste total de la prima, que es el máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales.

El MAPA recordó que el seguro agrario, que incluye la cobertura de contingencias por efecto de la sequía, es una herramienta fundamental a disposición los agricultores y ganaderos para hacer frente a situaciones de contingencia y dificultades sobrevenidas por adversidades climatológicas.

En materia laboral y social, el Gobierno concedió ya en marzo aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta, que han sido  prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta este mes de septiembre para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios  del Régimen General de la Seguridad Social, y hasta octubre de 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA) del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El MAPA recordó también que se ha reducido de 35 a 20 el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

El Gobierno señaló también que ha establecido una línea de 12 M€ para apoyar la financiación de empresas del sector, que se ampliaron posteriormente hasta los 24,7 millones por acuerdo del Consejo de Ministros el 25 de junio. Igualmente se ha ampliado el plazo para la solicitud de estos créditos favorables hasta el 1 de mayo de 2023.

Esta ampliación responde a la fuerte demanda del sector a estas medidas de apoyo, fruto del convenio entre el MAPA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y que, desde el 20 de mayo, ya han vehiculado operaciones financieras por más de 100 millones de euros.

El plazo de solicitud, recuerda este departamento, aún sigue abierto y, en este sentido, el MAPA animó en la reunión al sector agrario a acogerse a esta medida, para lo cual se ha facilitado en la web del MAPA el listado de entidades financieras por el que pueden solicitarla:

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Medidas_financiacion.aspx

Por un lado, el presupuesto de la línea ICO-MAPA-SAECA se amplió en 10 millones, elevándose hasta los 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta los 220 millones de euros aproximadamente.

Esta ayuda consiste en la bonificación para las explotaciones agrícolas del 7 % del principal de los préstamos, con una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario. En el caso de las explotaciones ganaderas, la bonificación asciende al 10 %.

Se financian préstamos de hasta 100.000 euros, con un plazo de hasta 15 años, con periodos de carencia de hasta 3 años, según la duración del préstamo.

Igualmente se incrementó en 2 millones el presupuesto de la línea de subvención de avales de SAECA, con lo que esta línea de apoyo alcanza un importe total de 4,7 millones de euros.

El potencial de la línea aumenta así hasta 120 millones de euros de crédito subvencionado para un total potencial de 3.400 beneficiarios.

El RD-ley 4/2022 prevé también actuaciones sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado (AGE) y medida urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las que presentan un mayor déficit de reservas debido a la prolongada situación de sequía.

Por su parte, Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se mostró “defraudada por la reunión celebrada este lunes 5 de septiembre y reclamó una Mesa Nacional de la Sequía al más alto nivel para impulsar actuaciones que aporten soluciones y un mayor compromiso al Estado para que adopte medidas contundentes frente a la sequía.”

Crespo pidió “compromiso” al Estado ante la escasez de recursos hídricos que afecta a Andalucía y al resto de España, y apuntó que, con una media de agua embalsada del 26%, esta región se encuentra ya en “una pertinaz sequía, que requiere medidas más ágiles y contundentes”.

Entre las reclamaciones de esta Comunidad, Crespo volvió a reiterar la necesidad de poner en marcha de la doble tarifa eléctrica para los regantes, “que le permitiría reducir su factura”; la bajada del IVA de los insumos, que afectan a la actividad agraria; la bonificación del agua desalada a 0,30 euros; y la utilización y reprogramación de los fondos europeos Next Generation, aumentando la dotación destinada tanto a modernización del regadío, como a obras hidráulicas para evitar que “territorios de España como Andalucía, que se encuentra al sur del sur, estén en desventaja”.

“No vamos a tener un momento igual en el país”, subrayó la consejera, en relación a la disposición de los Next Generation, que entiende que deban utilizarse en el ámbito de la energía, pero sin dejar de lado las políticas hídricas.

En este sentido, la responsable autonómica de Agricultura y Agua se mostró “defraudada” por la reunión organizada por el Gobierno central, que se correspondía únicamente con un “seguimiento de las medidas adaptadas en marzo”.

Por esta razón, reclamó una vez más la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político” para impulsar nuevas medidas adicionales encaminadas a hacer frente a la situación actual.

Carmen Crespo volvió a subrayar la necesidad de poner en marcha las obras hidráulicas declaradas de interés general del Estado, que aún están pendientes de ejecutar en Andalucía como, por ejemplo, las conducciones de Rules.

Al respecto, la consejera solicitó “rapidez” en la ejecución de unas actuaciones de gran importancia para esta Comunidad, “donde el sector agrario está sufriendo el impacto negativo de la sequía y de los altos costes de producción, una situación que lastra la economía del mundo rural”.

Respecto a la actuación del Gobierno andaluz, Crespo recalcó que “la Junta ha sido previsora y ha aprobado dos decretos de sequía, que reúnen medidas por valor de 141 M€ para el 33% del territorio andaluz”, ya que estas planificaciones hacen referencia a las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras) cuya gestión le corresponde al Ejecutivo regional.

“La situación de sequía no espera más y en Andalucía vamos a seguir tomando medidas”, afirmó la consejera, que apuntó también a que, próximamente, se activará una línea de ayudas para respaldar la construcción de abrevaderos para el ganado y se resolverá la última convocatoria de subvenciones relativa a la conexión de las instalaciones de regadío con las depuradoras, de las que es posible obtener aguas regeneradas. A esta última iniciativa se destinan 25 millones de euros.

No obstante, añadió Crespo, “necesitamos que el Gobierno ponga en marcha medidas complementarias para la zona de su competencia, que supone el 67% de la Comunidad Autónoma andaluza, pues el Estado ha aprobado únicamente un decreto de sequía para la cuenca del Guadalquivir, con actuaciones valoradas en 9,6 millones de euros.”

La responsable del ramo en Andalucía se mostró dispuesta a “trabajar hombro con hombro” para impulsar actuaciones entre todas las Administraciones públicas, que mejoren la posición de España en general, y de Andalucía en particular, ante la sequía.

 

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