Mercosur sí, pero así no
Manuel Lamela Fernández
Presidente Ejecutivo Acountax Madrid
Tras más de 25 años de negociaciones para crear la zona de libre comercio más grande del planeta (conformada por más de 700 millones de personas) nos encontramos ante una delicada e incierta situación que enfrenta a gobiernos aliados, tribunales de justicia y sitúa a miles de agricultores afectados en las calles de Madrid, París y Bruselas.
La firma de Asunción del pasado 17 de enero de 2026, plagada de triunfalismo por todas las partes firmantes, ha entrado en una fase de dudas múltiples e incertidumbre tras la reciente votación del Parlamento Europeo que traslada el conflicto a los tribunales de Luxemburgo.
Efectivamente, el pasado 21 de enero, el Parlamento Europeo, por una corta mayoría, decidió paralizar la ratificación y elevar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) bajo el amparo del artículo 218.11 del Tratado de la Unión Europea (UE). Esta decisión supone nada menos que los jueces deberán dictaminar si el acuerdo respeta la arquitectura constitucional de la Unión o si la vulnera en aspectos concretos y no baladíes. Si el TJUE llega a emitir un dictamen negativo, el acuerdo no podría entrar en vigor, salvo que se reformen los tratados de la UE o se renegocie el acuerdo en aquellos puntos o extremos que choquen contra la norma comunitaria. La decisión del Tribunal, esperada para finales de 2026 o principios de 2027, será vinculante para la Comisión y podría impedir una hipotética aplicación “provisional” deseada y solicitada por algunos países de la UE.
En España, una vez más, la situación es especialmente complicada dado que el apoyo incondicional del Gobierno a Mercosur hace que se haya convocado para el 29 de enero un «Súper Jueves» de protestas agrarias, desde nuestro punto de vista, no sin razón, para una buena parte de la agricultura y ganadería española.
Es verdad que, para la industria agroalimentaria española exportadora, Mercosur puede ser una oportunidad. Por ejemplo, el aceite de oliva español enfrenta aranceles de hasta el 35%. Su eliminación, sumada a la protección de 357 denominaciones de origen (como Rioja o Jamón de Jabugo), podría dar a España una ventaja competitiva, eliminando las limitaciones locales que hoy encontramos en los supermercados sudamericanos, pero no es menos cierto que no pasa lo mismo con otros sectores que pueden quedar seriamente afectados, como es el caso del sector vacuno y el cítrico, por citar los más importantes.
Lo cierto es que, con este acuerdo, el Gobierno ha vuelto a conseguir, desafortunadamente, una unanimidad de todo un sector en su contra. Nos referimos a todas las organizaciones agrarias que claman por paralizarlo o bien por modificarlo al grito de “Reciprocidad o Bloqueo».
Las organizaciones agrarias han celebrado el envío del acuerdo al TJUE como una victoria temporal, esperando que los jueces confirmen que el acuerdo vulnera aspectos importantes del Derecho de la UE, pero tendremos que esperar a ver cuál es el criterio definitivo del Tribunal y desear que, entre tanto, no se acuerde una aplicación provisional del mismo. Mientras tanto, España, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y el ministro Planas, actúa como promotor y vendedor planetario del acuerdo, defendiendo que las salvaguardias actuales diseñadas y el fondo de compensación de 45.000 millones de euros son herramientas suficientes para proteger al sector.
En el otro lado de la UE, está Emmanuel Macron, encabezando la resistencia y articulando una posible «minoría de bloqueo» con Polonia, Italia y Austria. Esta minoría sostiene que el acuerdo es obsoleto y exige que el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el clima sea una cláusula de ruptura inmediata. A mayor abundamiento, Francia ha impugnado la intención de la Comisión de «trocear» el acuerdo para, “casualmente” evitar los votos de los parlamentos nacionales, un punto que pensamos que será clave en el juicio ante el TJUE y que obviamente no podemos compartir dada la trascendencia del acuerdo.
La Comisión Europea defiende las que llama salvaguardas automáticas de protección afirmando, entre otras cosas, que han incluido los cítricos en una lista sensible (si las importaciones suben más de un 5%, se pueden reponer aranceles en 21 días) y la apertura para arroz y azúcar se distribuirá en un periodo de hasta 10 años y señala, además, que el tratado vincula las ventajas comerciales a la lucha contra la deforestación.
Aun así, para el sector agrario español, estas medidas son parches, requieren de desarrollo reglamentario que puede tardar y será complejo de aplicar, dudándose de la “agilidad” de la Comisión para su implementación en caso de “emergencia”. Por otra parte, la histórica reivindicación legitima de las «cláusulas espejo» y de la no competencia desleal, queda una vez más aparcada y residenciada en la “fácil palabrería política”, dado que nada hace suponer que puedan existir en el futuro mecanismos agiles y fiables que amparen la exigencia de que no entre ni un gramo de carne o fruta en la UE que no haya sido producido bajo las mismas reglas que se aplican en Europa.
La situación hoy es más preocupante que hace unos meses y al campo español no le faltan razones para hacer sentir sus inquietudes y protestas al gobierno y a la sociedad ante una situación de incertidumbre que puede llevar a una parte del sector agroalimentario al desastre.
Si se logra paralizar la aplicación provisional y el TJUE avala dentro de unos meses el tratado, se dará vía libre para aplicarlo y las reivindicaciones agrarias creemos que deberían ser replanteadas en fondo y forma e ir a buscar medidas compensatorias nacionales y europeas que eviten o minimicen el impacto en determinados sectores. Ahora bien, si el Tribunal declara la incompatibilidad total o parcial, el acuerdo quedará herido de muerte y habrá que replanteárselo de nuevo, sin duda, de otra manera.
Nuestro Gobierno, debería reflexionar sobre el coste interno que esta aplicación (tal como está hoy) tendrá para una buena parte de nuestro sector agroalimentario y sobre las consecuencias de una posible fractura social irreversible con un mundo rural, que una vez más se siente legítimamente maltratado y hoy el «pagano» de Mercosur.
Mercosur es sin duda un reto, un gran mercado y una gran oportunidad, pero no debe hacer olvidar que su aplicación no puede ir en contra de nuestro modelo productivo, ni poner en peligro los altísimos niveles de calidad y seguridad alimentaria por los que hemos apostado en España y en toda la UE con un altísimo coste económico. Esperemos acontecimientos, pero no bajemos la guardia.
