Encarecimiento de los alimentos: un problema de costes, no de márgenes. Por Jaime Lamo de Espinosa
Algún ministro ha querido cargar el aumento de precios finales al consumo sobre la gran distribución, incluso personalizando tal hecho sobre Mercadona… No cabe atribuir responsabilidades ni mucho menos sanciones a la distribución.
Por Jaime Lamo de Espinosa, director de Vida Rural.
Querido lector:
He tenido muchas dudas sobre el tema de mi Carta de esta quincena. Han ocurrido demasiadas cosas: primer aniversario de la guerra de Ucrania; anuncio de moción de censura con mi amigo Ramón Tamames como candidato; consecuencias gravísimas de la decisión tomada respecto al trasvase Tajo-Segura con la fijación creciente de caudales ecológicos y los recortes en los caudales a suministrar; gran preocupación económica sobre los precios de los alimentos y sus consecuencias sobre las economías familiares… Dejaré hoy los temas mencionados y abordaré lo relacionado con el encarecimiento de los alimentos dado su gran impacto en la vida cotidiana y los ahorros familiares.
Digamos en primer lugar que la inflación comenzó a dispararse a raíz del inicio de la guerra de Ucrania, que ahora cumple un año, pues el granero de Europa vio imposibilitado su comercio de granos y fertilizantes. A ello se unió todo el tema de la energía, básicamente gas, procedente de Rusia. Y así los costes de producción agraria –energía, piensos, fertilizantes, etc.– se dispararon e impulsaron al alza durante todo 2022 los precios de los alimentos. A lo que se añadió el mayor coste de los eslabones de la cadena. A mediados de año estaban ya en dos dígitos.
Y ya en este año, la alimentación creció por encima del 15% el pasado enero en tasa anual mientras que el IPC lo hacía solo en un 5,9%. Pero el IPC adelantado de febrero sitúa la variación anual en 6,1%, crece pues dos décimas sobre enero, básicamente por la energía y los alimentos, pues estos, respecto al mes anterior, aumentaron un 0,4%, el doble que el IPC (también en Francia sube el IPC al 7,2% por causa de los alimentos). No obstante, no olvidemos que la comparación interanual supone comparar enero y febrero con los precios de antes del inicio de la guerra de Ucrania, más bajos que los de los meses posteriores, por lo que tales aumentos porcentuales comparativos deberían moderarse en meses próximos, según transcurra el presente año.
Esta situación me ha recordado aquella que vivimos entre 1973 y 1982 cuando la inflación, el IPC, superó el 25% en 1977. Estuvo en dos dígitos entre 1973 y 1983, una década. Entonces el peso de los alimentos en el IPC era muy alto, hoy es menor, pero suma casi el 20%, sin bebidas alcohólicas. Entonces se proponía congelar los precios y existían los llamados precios autorizados. Pero hoy es el libre juego de la oferta y la demanda quien marca los precios y no se puede, ni debe, jugar frente a esa libertad. Proponer soluciones antitéticas con ese principio está fuera de la ley.
En otra Carta anterior pedí que la reducción del IVA se aplicara también a carnes y pescados, pero quedaron excluidos. Escribía así a fin de año: “la bajada del IVA acordada por el Gobierno en los alimentos básicos no ha mitigado en nada esos aumentos. El coste de la cesta de la compra ha sido creciente. Porque esa compensación ha sido de muy bajos efectos económicos, tan solo un ahorro de unos 5 euros al mes para las familias según unos, o de 11,25 euros por español en un semestre (calculado tomando como base los datos del Informe de Consumo Alimentario 2021 del MAPA). Y es, además, absolutamente inexplicable que tal reducción no se haya aplicado a las carnes, los pescados y la miel, que suponen el 70% del gasto de la compra”. Tal vez solo el afán recaudatorio explica que no se haya mitigado la escalada de los precios en estos alimentos básicos y de gran efecto sobre la cesta de la compra.
Es por ello que la OCU y Aecoc han reclamado en los últimos tiempos bajar el IVA a carne y pescados, Cepesca lo mismo respecto al pescado, Facua ha solicitado intervenir ciertos precios y Funcas revisaba sus previsiones, tras el dato de enero, y anunciaba hace tiempo un próximo IPC cuatro décimas sobre sus datos anteriores y una inflación subyacente 0,6 puntos superior a la anteriormente prevista. Ello confirmaría las previsiones alcistas hechas con anterioridad sobre el IPC español por el FMI o el Banco Mundial.
Ahora, además, la presión alcista sobre los precios finales de los alimentos llega desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha pasado de 1.000 a 1.080 euros. Aumento de considerable repercusión sobre los costes agrarios pues el campo es muy sensible al SMI. Y estamos en una inflación de costes. Un SMI que en los últimos 5 años ha crecido casi un 50% junto a las bases de cotización, por lo que, naturalmente, o los agricultores repercuten esos costes en sus precios de venta, lo que empujará la cadena al alza, o se verán obligados a sufrir pérdidas en su actividad.
Afortunadamente el 31 de enero el Ministerio autorizó el pago de 300 millones en ayudas a los agricultores para hacer frente al alza de los fertilizantes. Dato positivo pues percibo desde hace tiempo una tendencia al abandono del campo por parte de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias por sus bajas rentabilidades. Abandono que será muy peligroso, de continuar así. Nos estamos jugando a un tiempo los precios al consumo y el vaciamiento del medio rural. Asaja avisa ya de que en 2022 el empleo en el campo cayó en 86.000 unidades.
Algún ministro ha querido cargar el aumento de precios finales al consumo sobre la gran distribución, incluso personalizando tal hecho sobre Mercadona. Esto, además de suponer un delito, implica exponer a un excepcional empresario valenciano que ha creado a lo largo de los años una potente cadena de distribución nacional, con decenas de miles de puestos de trabajo, con unos productos de una calidad excepcional y con unos precios que son los más competitivos del mercado. Parece mentira que hayamos llegado a esto… y que algún ministro califique a los integrantes de la cadena como “representantes del capitalismo despiadado”… olvidando que sin ellos no habría empleos… ni alimentación económica… ni ingresos fiscales… No cabe atribuir responsabilidades ni mucho menos sanciones a la distribución.
Por todo lo anterior ha estado llena de buen sentido la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria con todos sus integrantes, convocada por el ministro Planas. Algunos solicitaron la bajada del IVA en carnes y pescados, pero esta propuesta no fue aceptada en esa fecha. El ministro realizó un análisis, según los presentes, exhaustivo de los costes de la cadena en sus diferentes eslabones e insistió en que el origen de esa crisis es de costes y que seguramente los precios han tocado techo. Y es de destacar lo afirmado por García Magarzo de Asedas: “Es un problema de costes, no de márgenes. Tampoco de la distribución ni de los supermercados, sino de todos”. Lo que confirmó atinadamente Pedro Barato, de Asaja, subrayando que “la cadena ha funcionado perfectamente; mi trabajo es buscar soluciones, no culpables”. Y, por su parte, Anged, que agrupa a las grandes distribuidoras, suscribió el diagnóstico del ministro.
Planas, a la vista de todo ello, pidió a todos los eslabones que realicen un esfuerzo para lograr que, “dado que prevén una evolución favorable de los costes de producción, ello tenga un reflejo en los precios pagados por familias y ciudadanía”. Y advirtió que “estaremos muy vigilantes y desde el Ministerio haremos un seguimiento de los precios”. Y, pienso yo, es probable que la subida de los alimentos en febrero, como confirma el IPC adelantado, lleve al Gobierno a reconsiderar el IVA de la carne y los pescados. Ojalá lo haga.
Toca esperar… veremos cómo se comportan los datos de marzo…
Un cordial saludo
