PAC, a tapar agujeros. Por Vidal Maté

Vidal Maté. Periodista agroalimentario

Vidal Maté. Periodista agroalimentario

La desigual distribución de los fondos de la Política Agrícola Común y con ello, la necesidad de lograr un reparto más justo de los mismos en beneficio  de  los profesionales de la actividad y básicamente  para  apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones viables frente a los agricultores de salón y a las  grandes empresas, ha sido una constante en las  preocupaciones de los estamentos comunitarios en los  últimos tiempos.

En esa línea se halla el paso de considerar como prioritarios a los  agricultores  genuinos más allá de los agricultores activos; a la medidas encaminadas a sacar de la lista de beneficiarios a diferentes sociedades, campos de golf, inmobiliarias  o aeropuertos cuya  actividad principal, obviamente, aunque tenga terrenos, no es la cosa agraria; a la posibilidad de aplicar el capping  o ajustes para  los  importes por encima de los 60.000 euros y el techo de los 100.000; a la convergencia de ayudas; a la aplicación de una  redistribución con el incremento de fondos para las primeras hectáreas de una explotación o la decisión a estudio, ya adoptada en algunos países, de aplicar un ajuste general  para lograra más fondos y apoyar  con  los mismos a las pequeñas  y medianas explotaciones viables.

Tradicionalmente, en el conjunto de los pagos de la PAC en la Unión Europea se ha dado por hecho que el 20% de los beneficiarios percibían el 80% de los fondos con  grandes diferencias en cada país. En el caso de España, una  radiografía  significativa de esa distribución  referida al conjunto de las ayudas directas  en los últimos años supone  el 1,26% de los beneficiarios con ingresos por encima de los 60.000 euros que significa  el 3,4% de la superficie y el 16% de los  importes. La situación se repite  considerando solo el importe del pago básico y el de los pequeños agricultores, donde menos de 3.000  beneficiarios, el 0,43% con unos cobros por encima de los 60.000 euros, se embolsan el 10,5% de los fondos con casi 2.900 millones de euros. A esta cifra  se debería sumar una cantidad  similar procedente de  otras  ayudas como el pago verde, lo que hace polvo la relación del 80-20.

Descendiendo a  los beneficiarios de las ayudas en España, destaca el fuerte peso de Andalucía, Comunidad  Autónoma que en 2019 recibió un montante de 1.566 millones de euros sobre un total de 5.681 millones y donde se halla también el mayor número de perceptores con ayudas más elevadas -lugar de la explotación-, seguida de Madrid -lugar de registro de empresas-,  Extremadura y de Castilla-La Mancha.

De  cara a la elaboración del Plan Estratégico, la actual distribución de los fondos  pone de manifiesto la existencia de diferentes desajustes o desaguisados que ha dejado la gestión de  los fondos de la PAC y más concretamente con la implantación progresiva de los  pagos desacoplados desde los primeros años de los 2000, inicialmente como un pago único y que se consolidaron como pago básico desde 2015 para quienes  los solicitaron en base a los datos de 2013.

En este escenario, se han  registrado muchas situaciones injustas  que provocan desigualdad de trato entre los propios profesionales con la misma actividad, muchos «rotos» que necesitan ajustes dentro de un marco global para lograr un mayor  equilibrio con diferentes actuaciones,  unas ya en  marcha  y otras sobre la mesa.

En este contexto para equilibrar los pagos, se halla el ajuste  a la aplicación prevista del capping  progresivo reconociendo el papel y peso de las grandes explotaciones en la creación de empleo, pero  también sus mayores posibilidades para operar con menos ayudas al disponer de una economía de escala que no tienen las pequeñas y medianas explotaciones. Los fondos obtenidos por el sistema, no computados los gastos laborales, no parece vayan a ser muy importantes, aunque todos sumen para la redistribución.

Una segunda actuación se concreta en la convergencia de ayudas entre regiones y en una misma región ya planteada desde el Ministerio, tras el escaso efecto de las medidas adoptadas en 2015 argumentando que una convergencia rápida podía alterar los planes de inversión de muchas explotaciones, aunque impidiera que otras tantas  hicieran los suyos. Hoy, la convergencia prevista ha  nacido con polémica y división entre las organizaciones  agrarias; afecta de forma muy diferente a cada territorio  y a cada beneficiario, y está claro que la misma no pude venir sola,  sino que debería estar ligada  a otras medidas como la redistribución  de las ayudas con los profesionales  de la actividad agraria como  los principales destinatarios.

En los últimos años ha sido un escándalo que los derechos históricos de pago en determinadas producciones se mantuvieran al margen de que  no hubiera cabaña ganadera o el cultivo generador del derecho, dando lugar  a una desigualdad entre agricultores que operan en un mismo mercado. Ejemplo, tierras de tabaco con ayuda al cultivo dedicadas al cultivo de tomate,  en competencia con  los tomateros  tradicionales, sin ayuda, que denunciaba  FEPEX. El problema se repite hoy entre  agricultores en un mismo sector con las ayudas radicalmente diferentes en función de rendimientos fijados hace décadas,  ajenos a la realidad actual.

Se impone, como ya preveía Atocha, por la demanda de algunos sectores, la posibilidad de incluir otras producciones en los pagos desacoplados al no existir razones objetivas para que las mismas no tengan  la ayuda básica  a la renta.

Parece razonable reflexionar para ordenar el sistema de los derechos de pago básico implantado solo para quien lo solicitara en 2015 en base a lo declarado en 2013. Este sistema ha dado lugar a un mercadeo especulativo y que ha propiciado una nueva clase, la de los derecho-tenientes. En  unos casos,  con miles de derechos adquiridos en  los mercadeos de compra venta de derechos. En otros muchos reteniendo los derechos de  tierras arrendadas donde sus propietarios se han quedado con la tierra, pero sin  el derecho y con la  superficie, que era su patrimonio, devaluada; también en el caso que un heredero, agricultor genuino, que  se vería obligado a la compra de derechos para  su tierra, para  lograr rentabilidad, mientras con los derechos de su tierra otros juegan en los mercados.

Agricultura  ya  proponía en la Conferencia Sectorial de junio de 2020 que, una vez  lograda la convergencia de ayudas, se produjera la supresión de los derechos individuales para pasar a un sistema  basado en pago por superficie, ligado a la tierra, menos complejo, burocrático y especulativo, pero que no estará exento de debate.

Para todo ello y para las nueva exigencias de la PAC donde los pagos deberán estar justificados con resultados, la respuesta se concretará en el futuro Plan Estratégico, para señalar dónde  y cómo ubicar los 47.000  millones de euros de fondos previstos para el nuevo periodo cuyas negociaciones  se deben acelerar  en los próximos meses de cara a tener un primer documento propuesta para  finales de este año.