SOS Rural y AEL lanzan una macrocausa judicial contra la instalación de fotovoltaicas en terrenos de cultivo
SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (AEL) impulsarán una macrocausa judicial contra las plantas fotovoltaicas en superficies agrarias útiles para evitar un «apagón alimentario» ante el auge de estas instalaciones que, en algunos casos, se han construido en base a un «fraude de ley».
«Nuestro objetivo es que este plan cristalice en una acción legislativa, que el Congreso impulse un proyecto de ley para zonificar el territorio nacional (…) poder ver dónde sí y dónde no se puede (instalar las plantas fotovoltaicas)», ha explicado la portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán.
Ambas asociaciones han escenificado este martes su alianza para poner en marcha una macrocausa judicial conjunta en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos con alto valor de cultivo, aunque no han especificado cuándo comenzarán ni el número de cultivos afectados.
Según Corbalán, muchos proyectos fotovoltaicos se están haciendo sin garantías y sin respetar la «zonificación» dado que no hay un orden que regule esta materia. A su juicio, se está calificando suelo industrial «por la parte de atrás», ya que una planta fotovoltaica no es una infraestructura.
Por su parte, la presidenta de la AEL, Margarita Fernández, ha urgido a que la instalación de estas estructuras se sustente en una planificación energética basada en criterios sociales, territoriales y ambientales y «no en intereses especulativos de organismos internacionales».
«Defendemos un modelo armónico, en el que convivan las energías renovables y la agricultura», ha resumido, y para ello realizarán un «análisis exhaustivo» de todos los proyectos fotovoltaicos nacionales, tanto de aquellos que ya están en funcionamiento como los que están en vías de desarrollo.
El primero será el de Lopera (Jaén), donde las asociaciones ya han pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que suspenda las expropiaciones y paralice los proyectos fotovoltaicos que implican la tala de 42.000 olivos. Para ello, SOS Rural ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que ya alcanza las 132.000.
Las portavoces han reiterado la necesidad de mantener el suelo agrario para no caer así en un «apagón alimentario», además, han coincidido en que con la pérdida de estas zonas se elimina «sumideros naturales de carbono» que protegen la biodiversidad y la desertificación.
«Renovables sí, pero de forma controlada», han resumido ambas portavoces a la espera de poner en marcha esta macrocausa judicial con la que esperan llegar a un futura ley que garantice el suelo agrícola y la protección del trabajo de los agricultores.
