¿Quién representa a quién en el campo?

El Ministerio de Agricultura, tras una dejación histórica, ha iniciado el proceso para determinar qué organizaciones agrarias son las más representativas en la agricultura y ganadería españolas. El mecanismo elegido ha generado, cuando menos, incomodidad entre los sindicatos que pugnan por este reconocimiento, que al menos en esta ocasión no estará al alcance de las asociaciones surgidas tras el importante movimiento reivindicativo de 2024. Lo previsible es que el resultado apenas altere la configuración actual, salvo por la “oficialización” de Unión de Uniones, pero hay nervios.

A mediados de abril el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con las organizaciones profesionales agrarias (OPA) para tratar sobre las cuestiones que en esos momentos marcaban la agenda del campo. El encuentro no ofreció muchas novedades, salvo la de que entre el grupo de OPA citadas se encontraba Unión de Uniones, cuya legitimidad para representar oficialmente al sector (en el ámbito nacional) depende, por el momento, de una mera decisión gubernativa.

Unión de Uniones ha obtenido buenos resultados electorales en las citas autonómicas donde se ha presentado y ha sido una organización muy visible en las movilizaciones agrarias de los últimos tiempos, pero ninguna de estas circunstancias casa con la norma que establecía la representatividad formal hasta la reforma introducida en la ley contra el desperdicio alimentario recientemente aprobada, así que no podía formar parte del grupo hegemónico formado por Asaja, COAG y UPA.

Esta modificación cambia las reglas del juego y cuando termine el proceso que el MAPA acaba de iniciar no cabe duda de que el sindicato contará con todas las “bendiciones” para afirmarse representativo en el Estado español.

Sin embargo, ese proceso se encuentra en sus primeros estadios y, quizá por ello, en la rueda de prensa posterior a la reunión el resto de las organizaciones abandonó la sala antes de que Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones, hiciera uso de su turno de palabra. El gesto, contra el que este último tuvo duras palabras, parecía dejar el mensaje de que esa intervención no correspondía.

Las dudas sobre la legitimidad de unos y otros para sentarse en las mesas oficiales no van en una única dirección. Mientras algunos observan a Unión de Uniones casi como un intruso sin pedigrí, esta organización tampoco ha parado de criticar una representatividad que considera caducada, puesto que procede de unas elecciones celebradas ¡en 1978!

El mapa de las descalificaciones lo completa el rosario de asociaciones surgidas tras la llamarada reivindicativa de las primeras semanas de 2024. Casi todas de carácter provincial, pero con un denominador común: la crítica hacia las OPA tradicionales, a las que acusan de pensar más en su propia supervivencia que en los problemas de agricultores y ganaderos.

Estos nuevos sindicatos han comenzado a federarse en una organización estatal, Unaspi, que, en cualquier caso, no alcanzará el reconocimiento oficial como organización más representativa, puesto que no cumple los requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura. Más leña al fuego. Su coordinador, Miguel Ángel Aguilera, no duda en afirmar que no se trata de un proceso para saber quién representa y en qué medida al campo, sino para “blindar” a las OPA preexistentes frente a la voluntad de las nuevas de seguir adelante y no dejarse controlar.

Si hacemos un poco de historia vemos que el origen de la representatividad democrática se encuentra, tras la muerte del dictador, en la extinción del sindicato vertical franquista y sus hermandades de labradores y la aprobación de la ley de libertad sindical de 1977.

Los nuevos sindicatos surgidos al amparo de esta norma se midieron en unas primeras elecciones en 1978 y ya nunca más lo han vuelto a hacer. La categoría que hoy ostentan COAG y Asaja en el ámbito estatal proviene de ahí; UPA se incorporó más tarde (nació en 1982) para formar la tríada preeminente actual. Sucesivas leyes (1986, 2009 y 2014) han previsto los oportunos procesos electorales o basados en elecciones, pero ningún gobierno ha desarrollado los reglamentos necesarios para hacer realidad este espíritu calibrador de la representatividad.

Cuando las cámaras agrarias (órganos de representación provenientes del franquismo pero democratizados por el nuevo régimen) se transfirieron a las comunidades autónomas en 2005, hubo comicios en muchas de ellas y de ahí procede el sistema representativo autonómico. Sin embargo, al igual que en el Estado, en estos territorios, salvo en cuatro (Madrid, Castilla y León, Cataluña y Extremadura), no han vuelto a celebrarse elecciones, con lo que las dudas sobre la representatividad real de la OPA han encontrado, igualmente, un terreno abonado en el ámbito de las autonomías.

Al margen de esta falta de medición democrática y de situaciones regionales puntuales, durante mucho tiempo fue obvio que Asaja y COAG, y luego UPA, eran las organizaciones mayoritarias, pero la escisión que vivió COAG y que dio lugar a Unión de Uniones cambió el panorama y las movilizaciones de 2024 han dado otra vuelta de tuerca a este.

Además de enquistada electoralmente, la situación ha ganado complejidad con el tiempo y se ha convertido en una patata caliente para gobiernos de uno y otro signo. Determinar la base electoral no es fácil, el proceso es costoso en esfuerzo y dinero, la participación se prevé muy escasa y, todo sea dicho, el entusiasmo de las organizaciones consolidadas se ha ido, asimismo, diluyendo. Para colmo, surge una pléyade de asociaciones que añaden una gran dosis de incertidumbre (y también de miedo) a un mecanismo, el electoral, que a casi nadie convence.

No obstante, son muchos, incluidos representantes de las OPA clásicas, los que piensan que es urgente desatascar la situación y medir la representatividad real. Para el director adjunto de la Revista de Estudios Agrosociales, Carlos Gregorio Hernández, la deslegitimación de los representantes actuales de agricultores y ganaderos es “lo que subyace después de tanto tiempo sin elecciones”; “hay una autoridad que todo el mundo reconoce, pero no tiene una base objetiva real”, añade. Mantiene que el reconocimiento de facto no es suficiente y que, aunque los sindicatos clásicos están muy presentes y desempeñan un papel muy necesario, en este tiempo han aparecido “otro tipo de asociaciones que están representando a otras partes del sector”.

Afirma este profesor de la Universidad Politécnica de Madrid que es preciso “clarificar quién representa a quién” explorando las diferentes opciones de medición que pueda haber. “El nudo gordiano [las elecciones] no se aborda porque se sabe que al final la participación tendría poco alcance”, estima.
Hernández considera que la vía abierta por el MAPA es “un paso que había que dar para otorgar esa legitimidad” y que aunque las nuevas organizaciones no puedan entrar ahora en el proceso, lo importante es que “ya hay unas reglas de juego” que rompen con el estancamiento, abordan el problema y dan lugar a una revisión de la representatividad y licitud que es importante llevar a cabo.

Esas reglas acaban de ser publicadas tras aprobarse la enmienda a la ley contra el desperdicio alimentario que manda al Gobierno reformar la ley de 2014 que sustituyó a la de 2009 y nunca se ha ejecutado.
Según Demócrata, medio especializado en información parlamentaria, el propio Ministerio de Agricultura había impulsado una propuesta concreta a través de una enmienda del PSOE que no convenció a sus socios. En este caso, relata la publicación, se dejaba en manos del ministerio la elección de qué organizaciones pasaban a ser representativas a partir de una serie de criterios que no parecieron suficientemente objetivos a Sumar y otros asociados del Gobierno.

Una vez conseguido el apoyo de los discrepantes, el proceso lanzado por el ministerio establece que serán representativas para la Administración General del Estado y entrarán a formar parte del Consejo Agrario las organizaciones que acrediten, en primer lugar, estar legalmente constituidas y registradas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y estatal, conforme a la Ley 19/1977, y con al menos un año de antigüedad.

Además de actuar en el ámbito estatal y tener implantación y actividad efectiva en al menos siete comunidades autónomas, en sus estatutos deberán contemplarse fines generales vinculados a la defesa de la agricultura, ganadería y silvicultura.

Si estas condiciones no se cumplían antes del 31 de diciembre de 2024, no es posible optar al reconocimiento. Y si se trata de federaciones o agrupaciones de organizaciones territoriales, estas deberán demostrar documentalmente su integración jurídica al menos con seis meses de antelación a la solicitud.
El resultado del proceso, por tanto, parece cantado, pues ninguna de las organizaciones de nuevo cuño reúne estas condiciones. Unaspi, la nueva federación nacional, aglutina en estos momentos a 14 de varias comunidades, pero ni estaba constituida el 31 de diciembre pasado ni puede acreditar su implantación efectiva en siete territorios. Su portavoz, Miguel Ángel Aguilera, dice estar considerando la recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular, ya que consideran el mecanismo diseñado “antidemocrático y, seguramente, anticonstitucional”.

Por su parte, el MAPA afirma que la anterior normativa sobre representatividad, basada en las leyes de 2009 y 2014, creó un sistema para determinarla a nivel estatal basado en un engranaje de consulta pública, directa y simultánea en todo el territorio nacional cuya aplicación práctica “implicaba dificultades materiales, económica e incluso teleológicas” y necesitaba “un importante despliegue de medios”.

El nuevo procedimiento evaluará la documentación que envíen las OPA en función de procesos de votación establecidos por la legislación autonómica vigente, certificaciones que acrediten la mayor representatividad sin necesidad de proceso electoral o, en ausencia de las anteriores, mediante la participación institucional efectiva de las organizaciones en órganos o procesos normativos de la comunidad autónoma.

La condición de organización profesional agraria más representativa tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde la publicación oficial de la resolución que lo acredite. En mayo está previsto que se conozca el resultado.

El hecho de que, previsiblemente, su cualidad de representativas no corra riesgos podría ser un motivo de satisfacción para las tres organizaciones clásicas y la que se unirá a estas. Del mismo modo, y frente a las dudas sobre la legitimidad del lugar que ocupan, que un nuevo proceso aporte cierta seguridad en este sentido también es un hecho saludable.

Sin embargo, si algo están dejando traslucir es la enorme incomodidad que este paso les provoca. La rueda de prensa celebrada tras la reunión con Luis Planas y que puede verse en el canal de Youtube del MAPA es una muestra evidente. En ella, Miguel Padilla, secretario general de COAG, prácticamente ignoró las preguntas al respecto de los periodistas. Repreguntado por Agronegocios, la única respuesta obtenida ha sido un lacónico “por el momento, no hay valoración”.

En nombre de Asaja, su presidente, Pedro Barato, que tachó de “infumable” el “papel” enviado por el ministerio, vino a afirmar que le preocupan “otro tipo de situaciones del mundo agrario” mucho más que la de la representatividad. Su alusión a Unión de Uniones con un “que estén los que tengan que estar” fue la que desató la airada respuesta de Luis Cortés: “¿Por qué el ministro tiene que hablar con unos señores a los que ningún agricultor ha votado?”, preguntaba retóricamente para lamentar a continuación “¡que vengan ahora a perdonarnos la vida!”

Unión de Uniones, que ha hecho de la reivindicación de las elecciones su gran lema sindical, admite la solución no electoral del MAPA para establecer la representatividad y afirma que es el momento de presionar a las comunidades autónomas porque son las competentes para convocar comicios.

La incomodidad de UPA se infiere de la escueta pero clara crítica que hace al mecanismo para establecer la representatividad. Su secretario general, Cristóbal Cano, se queja de que no se hayan aceptado criterios como el número de expedientes PAC tramitados por las OPA y, sin embargo, sigan siendo válidos resultados electorales de hace 20 años. Concluye que no comparten el modelo, aunque lo aceptan. Y sentencia: “deberá justificarlo quien lo ha aprobado”.

Si alguien pretendía desbloquear el camino para clarificar quién representa a quién en el campo y legitimar esa representación, puede que no lo tenga tan fácil como pudo pensar.