Las organizaciones agrarias se mostraron bastante críticas con la reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento de la Mesa de la Sequía. Por un lado, por el formato de la reunión –de nivel técnico y por videoconferencia y, por otro, por la falta de nuevas medidas a las puestas en marcha por el Gobierno en marzo (aún en vigor), pese a que esta adversidad meteorológica se agudizó entre los meses de mayo a septiembre.
Así, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, criticó que “la reunión de la Mesa de la Sequía haya estado presidida por un subdirector general del Ministerio, cuando el problema exigía de un mayor nivel político y decisorio, y solo se ha producido un análisis de la situación cuando lo que se necesita son soluciones y no análisis.”
Así, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, criticó que “la reunión de la Mesa de la Sequía haya estado presidida por un subdirector general del Ministerio, cuando el problema exigía de un mayor nivel político y decisorio, y solo se ha producido un análisis de la situación cuando lo que se necesita son soluciones y no análisis.”
Para Barato, «la sequía en España y los problemas que se están teniendo merecen un poco más de nivel en la reunión, porque los problemas del campo se tienen que tomar en una mesa más solida.»
Barato demandó soluciones porque el análisis «ya está hecho»: un 35% menos del cereal, el sacrificio obligado de un 15 o 17% de animales por los incrementos de costes, las pérdidas en el viñedo de más de un 27% o una previsión de recogida de la mitad de aceitunas, entre otros ejemplos.”
Por su parte, la organización agraria COAG pidió más ayudas directas y nuevas líneas de financiación para apoyar a los productores en su lucha contra la escasez de agua.
«Desgraciadamente no se han sacado (de la reunión) conclusiones que nos valgan ante la grave situación que estamos atravesando», destacó el portavoz de la Ejecutiva, Andrés Góngora, en un vídeo difundido por la organización.
Góngora demandó al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «aborde en un encuentro diferente una batería de medidas muy contundentes para salvar a los productores, con más líneas de financiación y ayudas directas destinadas a determinados sectores, que lo van a pasar muy mal».
También apuntó que en la reunión se llevó a cabo un «análisis muy exhaustivo de la situación actual en todas las CC.AA. y se presentaron unas previsiones meteorológicas, que no son positivas, con temperaturas más altas de lo habitual y menos precipitaciones para los próximos tres meses.”
El agua embalsada en algunas zonas, añadió Góngora, “está por debajo del 20 % de su capacidad, por lo que ya se han producido restricciones para el regadío y algunos cultivos ya afrontan reducción de superficie como los hortícolas y que en ciertos lugares se va a sembrar hasta un 20 % menos.”
Además de los problemas en las zonas de secano, COAG mostró también su preocupación por la situación de la ganadería, “que atraviesa una situación excepcional y necesita de un apoyo específico para continuar con la actividad.” Así, concluyó Góngora, “en la Cornisa Cantábrica están ahora mismo consumiéndose los pastos que debían estar previstos para el invierno, y nos tememos que no haya qué dar de comer en la próxima campaña.»
A su vez, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) se reclamó una política integral, que proteja al campo frente a las adversidades climáticas, “cada vez más graves”, y que se tenga en cuenta la «excepcionalidad agraria» en las políticas energéticas para reducir la factura de los productores.
Esta organización agraria recordó que la sequía y el calor han afectado a diversos cultivos, como los cereales, el olivar, el viñedo, las frutas y hortalizas, así como a todos los sectores ganaderos en extensivo o semi-extensivo, que han visto disparados sus costes ante la ausencia de pastos.
A juicio de UPA, es imprescindible invertir en modernizar las infraestructuras hídricas existentes y en crear otras nuevas que nos hagan más resistentes a fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales.”
Esta OPA se mostró a favor de la rebaja del precio del agua desalada, «un recurso que cobra cada día más importancia, pero cuyos costes deben ser asumibles para los agricultores.
UPA hizo referencia también a la «excepcionalidad agraria», al tratarse de un sector con consumos energéticos que tiene «picos y valles», y que se estudie la reducción del IVA de los insumos de los productos que necesita la agricultura y ganadería, especialmente los energéticos (gasóleo, electricidad…) y de los fertilizantes.
Por último, esta organización agraria pidió que a esta reunión de carácter técnico, donde se han evaluado los efectos y consecuencias de los diferentes eventos climáticos, le siga enseguida otra de carácter político donde se analicen medidas concretas que acompañen al plan de choque que se aprobó el pasado marzo.
Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) se demandó al Gobierno que «estudie caso por caso las causas de la sequía, que puede estar relacionada con la falta de lluvias, los efectos del cambio climático, el aumento de todas las demandas, la poca eficiencia en los usos, el incremento de caudales ecológicos o la menor escorrentía superficial por el abandono de cultivos de secano.”
También planteó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) desarrolle el reglamento, que permita a los regantes modificar dos veces al año la potencia eléctrica, una posibilidad que el MAPA recogió ya en la Ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria del mes de diciembre pasado, pero que aún no ha visto la luz.
Asimismo, este colectivo pidió al Gobierno más medidas y recursos al MAPA para impulsar la modernización de los regadíos, que es “uno de los mejores instrumentos de adaptación al cambio climático” y también solicitó a las CC.AA. que inviertan más fondos en modernizar regadíos, con vistas a transformar las 800.000 hectáreas que aún quedan pendientes en España. Además pidió al Miterd el desarrollo de una política de ahorro.
El secretario general de Fenacore, Juan Valero de Palma, hizo referencia al «consenso que hubo en esta reunión en torno a la escasez de agua y a la necesidad de hacer un uso eficiente del recurso, y a la importancia de la regulación y los embalses.”
Fenacore remitirá al MAPA en los próximos días una batería de medidas, como ampliar a todas las cuencas la aprobación de los decretos de sequía para esta campaña de riegos y propondrá medidas fiscales de bonificaciones y apoyos a los expedientes de regulación temporal de empleo; que se apruebe un IVA reducido para el suministro de energía al regadío y, una vez más, un cambio de potencia de la tarifa durante el año para las comunidades de regantes.
Por otro lado, Fenacore ha presentado datos oficiales para desmontar las acusaciones de que los regantes son despilfarradores y culpables de la sequía que han sufrido durante el verano sus propios asociados.
Según sus datos, casi ocho de cada diez hectáreas regadas son de bajo consumo de agua, después de que en 2021 aumentara, hasta alcanzan 1.642.465 hectáreas, las superficies de cultivo que se riegan por goteo y aspersión con respecto a las que había antes de 2000.
Desde entonces, según esta Federación, el porcentaje de riego modernizado ha escalado 36,7 puntos, hasta el 77,7 % de la superficie regada (3.877.901 ha en toda España), según la última Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del MAPA.
Fenacore defendió igualmente que los 5.000 M€ invertidos en modernización de regadíos han permitido ahorrar 3.000 metros cúbicos por hectárea y año desde 1996. “Esto contradice el injusto señalamiento de despilfarradores en las últimas semanas», apuntó esta organización.
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