Las OPAs denuncian fraude en la venta de patatas de conservación de origen Francia como nuevas de España

Las OPAs denuncian fraude en la venta de patatas de conservación de origen Francia como nuevas de España

Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA han denunciado estos días la puesta en venta fraudulenta de ofertas de patata nueva (de esta campaña) y con origen España por parte algunas cadenas de distribución, cuando en realidad son patatas de conservación, procedentes de la campaña anterior, almacenadas en cámaras frigoríficas y lavadas y, mayormente de origen francés.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) nacional (y la Alianza UPA-COAG de Castilla y León) denunció el presunto fraude que se puede estar cometiendo en la actualidad en supermercados de España, según estas organizaciones agrarias, por parte de las cadenas LIDL y DIA* (ver nota en parte inferior), al vender patata de conservación, como si fuera patata nueva española y, además, utilizar presuntamente nombres de variedades de patata que no se corresponde con la realidad.

 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) nacional (y la Alianza UPA-COAG de Castilla y León) denunció el presunto fraude que se puede estar cometiendo en la actualidad en supermercados de España, según estas organizaciones agrarias, por parte de las cadenas LIDL y DIA* (ver nota en parte inferior), al vender patata de conservación, como si fuera patata nueva española y, además, utilizar presuntamente nombres de variedades de patata que no se corresponde con la realidad.

Por su parte, ASAJA denunció la campaña puesta en marcha por la cadena de distribución LIDL, con ofertas de patata a 0,90 euros/kilo asegurando que se trata de patata nueva (de esta campaña) y con origen España, y advierte a los consumidores sobre el engaño de tal oferta y pide al Ministerio de Agricultura que extreme los controles sobre los agentes de la cadena agroalimentaria para que se detecten y, en su caso, sancionen prácticas fraudulentas que perjudican tanto a los consumidores como a los productores españoles.

Esta situación, señala UPA, se ha detectado y denunciado ya en varias ocasiones, lo que demuestra, a su juicio, “la impunidad con la que actúan diferentes empresas de distribución por supuesta venta a pérdidas con productos agrarios o con fraudes al consumidor por publicidad engañosa.”

Según ASAJA, la patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros/kilo y, por tanto, no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90 euros/kg., una vez sumado los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. Se trata, según indagaciones realizadas por esta organización, de patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y con origen francés.

Para UPA, la patata vuelve a ser un producto “reclamo”, que utilizan marcas que ya han sido denunciadas en anteriores ocasiones, al realizar prácticas que son ilegales, cometiendo por ello un presunto fraude a través de sus paneles informativos y, por tanto, en el lineal, incumpliendo la legislación. “Repiten una y otra vez prácticas de este tipo, porque les resulta muy barato saltarse la norma al respecto.”

Ambas organizaciones agrarias apelan al sentido común y a la responsabilidad de la cadena alimentaria, y en especial de la distribución, para que no utilice la patata como producto reclamo, recurriendo a partidas de patata importada o de inferior calidad, tratando de desestabilizar los precios y presionar para que los cultivadores nacionales vendan a pérdidas.

Igualmente, exigen a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), al MAPA y a las Direcciones Generales del Consumo de la Junta de Castilla y León que actúen de forma inmediata y lleven a cabo las acciones para abrir expedientes y sancionar “contundentemente” a las citadas cadenas, cumpliendo con máxima diligencia por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

Según UPA, mientras este tipo de situaciones siguen produciéndose, los cultivadores de patata viven una situación delicada, con precios que, en muchos casos, son sensiblemente inferiores a los costes de producción y que en determinadas campañas han tenido que dejarlas en las tierras por no cubrir ni los costes de producción.

Esta organización señala que “en nuestro país es habitual que cada año la patata “vieja” francesa inunde el mercado español y que una parte del sector de la distribución la comercializa como patata “nueva” y, en determinadas fechas como “patatal lavada”, confundiendo a los consumidores en los lineales de una manera “impúdica”.

Para ASAJA, “cualquier presión para bajar los precios al productor se traduce en una reducción automática de las siembras, siendo especialmente sensibles cultivos como la patata, una producción en la que en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada, y en la que España es deficitaria y tiene que importar para cubrir el consumo interno en una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país no se puede permitir.”

En el caso de la patata, añade esta organización, en España se consumen cerca de 2,5 Mt, de las cuales, aproximadamente 1,2 millones se producen en  España y el resto es importado, sobre todo de Francia.

El motivo principal de la reducción del área cultivada en nuestro país son los umbrales de rentabilidad, por lo que ASAJA considera que no puede seguir perdiéndose siembras, por ser una producción esencial para el país y también por su fuerte implantación  en zonas como Castilla y León, con cerca de 2.000 cultivadores profesionales, Galicia, Andalucía y Murcia.

Por último, esta organización agraria recuerda que desde el pasado 31 de enero está abierto el registro de contratos alimentarios, en el que se deberán inscribir todos los contratos que se suscriban con el sector primario, y antes de la entrega del producto, trámite que será obligatorio a partir del próximo 30 de junio.

El contrato debe incluir el precio que, en todos los casos, debe ser superior al total de costes asumidos por el productor, el denominado “coste efectivo de producción”. Por tanto, reclama ASAJA, “respetar los beneficios legítimos del agricultor no solo es moral, sino también exigible legalmente, por lo que esperamos que la Administración actúe en consecuencia ante el menor intento de romper las reglas que todos nos hemos marcado y que son las que garantizan que llegue un producto de calidad a los consumidores.”

* Nota de DIA España:

Sobre la denuncia realizada por las organizaciones de agricultores y ganaderos UPA y COAG en Castilla y León en la que se señala a DIA por presunto fraude en la venta de patatas de conservación como patata nueva, la compañía quiere señalar que:

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