La protesta de los agricultores continúa por segunda jornada consecutiva

Segunda jornada de protestas improvisadas. Los agricultores y ganaderos españoles continuarán movilizados este miércoles, paralizando autovías, afectando al tráfico en las vías principales y bloqueando infraestructuras. Cuentan ahora con el apoyo de los transportistas.

De momento, van por libre, las principales organizaciones profesionales agrícolas mostraron el lunes su respecto y admiración hacia la movilización masiva e improvisada, pero de momento, no han establecido un calendario de movilizaciones. El secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, señaló: «No sabemos quién ha convocado, pero todo el respeto para los manifestantes por los intereses del campo».

UPA, COAG y Asaja anunciaron la semana pasada un calendario de movilizaciones que empezarían inicialmente en las comunidades autónomas, pero muchos agricultores, organizados por redes sociales o plataformas de mensajería instantánea se les adelantaban este lunes.

Nadie se atreve a hablar de cifras todavía dada la espontaneidad del movimiento, pero sí es seguro que agricultores y ganaderos de todos los rincones de España salieron ayer a las carreteras con el objetivo de dar voz y buscar soluciones a su «desesperanzada» situación: entre los motivos de las protestas, está la asfixia del campo por las medidas medioambientales interpuestas desde Bruselas.

Bruselas retira la propuesta de Reglamento de uso sostenible de los fitosanitarios

De hecho, este mismo martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba que retirará la propuesta para un nuevo Reglamento de uso sostenible de los productos fitosanitarios, cuya tramitación en su forma actual ha fracasado en el Parlamento y el Consejo, y prometió que involucrará más al sector agrícola en la redacción del próximo borrador.

Este Reglamento, que planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50% el uso de los productos fitosanitarios para 2030, se había encontrado con el rechazo del «lobby» agroalimentario europeo por temores sobre su impacto en la seguridad alimentaria.

Otras de las peticiones del campo pasan por mejorar la relación con la Administración, con una comunicación «fluida» y una PAC «justa y flexible» con un pago digno, al mismo tiempo que les permita vivir de su trabajo; unos eco-regímenes y medidas que tengan en cuenta la realidad de cada zona; así como un precio justo en origen por los productos, junto a una regularización de los precios de los insumos; y priorizar el aprovechamiento de recursos, como el agua. Los productores también reclaman una reducción de la burocracia de la PAC y denuncian la competencia desleal que supone la importación de productos de terceros países a los que no se les exigen las estrictas normas de producción de la UE para entrar en el mercado comunitario.

El Ministerio de Agricultura, por su parte, defiende que este es el Gobierno «que más ha apoyado al sector con ayudas directas importantes, así como con medidas laborales y fiscales, sigue trabajando para apoyar a agricultores y ganaderos». Fuentes de este Departamento han cifrado estas ayudas en cerca de 4.000 millones de euros para agricultores y ganaderos en los últimos dos años, de los que 1.380 millones de euros han sido ayudas directas extraordinarias.

El 21 de febrero, gran tractorada frente al Ministerio 

Las movilizaciones se extenderán de manera desigual a lo largo de esta semana. Además, la protesta cuenta ahora también con el apoyo de los transportistas, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que agrupa a miles de transportistas por carretera, autónomos y pymes, comunicaba el lunes que ha decidido sumarse a las protestas de los agricultores con la convocatoria de un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado.

Y en el horizonte, los agricultores no se olvidan de que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convocó una tractorada que llegará a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid el próximo 21 de febrero para denunciar la situación «crítica» que atraviesa el sector.