La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de maquinaria agrícola

La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de la distribución de maquinaria agrícola

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó que actualmente investiga posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de reparto del mercado de la distribución de maquinaria agrícola en España, a través de la restricción de las ventas pasivas a clientes situados fuera del área especificada en los contratos de distribución.

Del 26 al 29 de septiembre de 2023, según Competencia, se llevaron a cabo inspecciones en empresas que podrían estar realizando dichas prácticas.

 

Del 26 al 29 de septiembre de 2023, según Competencia, se llevaron a cabo inspecciones en empresas que podrían estar realizando dichas prácticas.

En este proceso, la CNMC contó con la colaboración de la Autoridad Autonómica de competencia de uno de los territorios en los que se ubica una de las empresas investigadas.

Las inspecciones de Competencia no prejuzgan el resultado de la investigación, ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas

Este organismo aclara que las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación, ni tampoco la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

Si la CNMC encontrase indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como resultado de la inspección, procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.

Los acuerdos que infringen los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10 % del volumen de negocio total de las empresas infractoras.

En el caso de los cárteles, la CNMC cuenta con el programa de clemencia, que permite beneficiarse de la exención del pago de la multa a las empresas que aporten elementos de prueba a la CNMC que posibiliten la detección del cártel en el que participen o hayan participado. Este programa también permite beneficiarse de una reducción del importe de la multa a las empresas solicitantes de clemencia que aporten información con valor añadido significativo una vez iniciada la investigación por la CNMC.

Además de la exención del pago de la multa o la reducción de su cuantía, las empresas solicitantes de clemencia también quedan exceptuadas de la prohibición de contratar establecida en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Ello es así en aplicación del artículo 72.5 de la citada ley, y de los artículos 65.4 y 66.5 de la Ley de Defensa de la Competencia, en los que se regula el programa de clemencia.

La CNMC también dispone de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles. Esta plataforma, denominada Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), permite informar de forma anónima sobre prácticas anticompetitivas, tales como acuerdos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, reparto de los mercados o de los clientes, o repartos fraudulentos de las licitaciones públicas o privadas.

Por su parte, ASAJA de Castilla y León (ASAJACyL) confirmó que la investigación de Competencia se abrió a raíz de la denuncia que esta organización agraria envío en julio de 2021 al Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, que consideró nuestra petición de que se investigara el reparto de zonas de influencia entre concesionarios de maquinaria agrícola, que impide la libertad de elección y compra del agricultor.

En el marco de la denuncia interpuesta desde ASAJA, el Pleno del Tribunal confirmó por carta en abril de 2022 que las razones esgrimidas por nuestra organización tenían peso, aunque, dado que la totalidad de las marcas comerciales o distribuidores investigados corresponden a empresas con domicilio social fuera de nuestra Comunidad Autónoma, se trataba de un problema de ámbito nacional. De este modo, se trasladó esta investigación a la Dirección de Competencia de la CNMC, a quien correspondía actuar ante la presunta infracción.

Hoy, señalas ASAJACyL, dos años después de iniciado este proceso, la CNMC informó que ha inspeccionado varias empresas entre el 26 y el 29 de septiembre, para lo que ha contado con la colaboración de la autoridad autonómica de competencia en uno de los territorios en los que se ubica una de las firmas investigadas.

Estas inspecciones son un paso preliminar a la posible incoación formal de un expediente sancionador. En caso de que se prueben conductas anticompetitivas, constituyen una infracción muy grave, con multas previstas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.

Tal como se indicaba en el informe facilitado por ASAJA a los órganos competentes, desde hace años se ha consolidado en las ventas de maquinaria y aperos agrícolas un sistema perverso que impide la competencia y frena los principios de libre circulación de bienes y servicios que marca la legislación.

Según esta organización, existe un acuerdo sin luz ni taquígrafos, pero sí de facto, por el que los concesionarios se reparten el territorio de Castilla y León, impidiendo al potencial comprador adquirir cualquier producto en el establecimiento que prefiera y le sea más ventajoso por las condiciones que ofrece. Esta situación es bien conocida y soportada desde hace años por los agricultores y ganaderos, que acatan una situación injusta por el riesgo a verse desatendidos en el caso de necesitar asistencia técnica posterior.

 

 

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