La Audiencia Nacional confirma el Cártel de la Leche y abre la puerta a reclamaciones millonarias
La Audiencia Nacional confirma la existencia del Cártel de la Leche llevado a cabo por las principales industrias lácteas que operan en España (Pascual, Puleva, Capsa, que actúa bajo la marca Central Lechera Asturiana, Danone, Lactalis, Nestlé, Celega y Schreiber), entre los años 2000 y 2013.
En estas resoluciones históricas, la Audiencia Nacional confirma las prácticas anticompetitivas de las industrias lácteas debido al intercambio de información, a nivel nacional y autónomo, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Según las compañías de servicios jurídicos que han llevado el caso, «este comportamiento ilícito ha privado a los ganaderos productores negociar libremente los precios de venta de su leche, limitando a su vez la libre elección de su cliente».
Eskariam, empresa de servicios jurídicos especializada en reclamaciones de daños y litigios complejos, en colaboración con el despacho internacional Hausfeld, lidera, bajo la dirección letrada de Hitchings & Co, la reclamación del sector ganadero con más de 7.000 clientes a nivel nacional (ubicados mayoritariamente en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria).
Eskariam, Hausfeld y Hitchings & Co intervinieron legalmente en el proceso judicial ante la Audiencia Nacional, rebatiendo los informes periciales de las industrias lácteas y presentando escritos de defensa de la resolución sancionatoria de la CNMC. En esta intervención ante el Tribunal, «nos centramos en la explicación del funcionamiento del mercado lácteo, que nos parecía clave para poder rebatir con fundamento las defensas desplegadas por las industrias lácteas cartelizadas. Creemos que esto ha hecho posible este fallo histórico emitido por la Audiencia Nacional».
En un comunicado las tres firmas legales apuntan que «este esfuerzo en recursos humanos y económicos a favor de todo el sector ganadero permitirá que todos los ganaderos mantengan vivo su derecho a reclamar su indemnización por los daños sufridos todos estos años».
Por último señalan que «las empresas cartelistas pueden recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, pero, no podrán rebatir los hechos probados, reduciendo drásticamente su capacidad para revertir la situación y evitar el aluvión de reclamaciones por parte de los ganaderos afectados».
