¿En qué consiste el último Paquete de Simplificación de la PAC?

Por Gonzalo Corrales Ciganda

Director de la Oficina de UPA en Bruselas

La Comisión Europea pretende reducir la presión administrativa sobre los Estados miembros y los agricultores en el paquete anunciado el 14 de mayo, con sistemas de pagos directos más sencillos, menos controles a los productores, adaptaciones a la aplicación de las normas BCAM y el fin de las liquidaciones anuales.

Se modifica la disposición relativa a esta definición para que los Estados miembros puedan optar por ampliar de cinco a siete años el periodo durante el que deben estar sin laboreo para ser considerados como tales; ello evitaría que los agricultores recuperen los pastos temporales cada 5 años para que no caiga el precio de sus tierras. «la experiencia adquirida con la aplicación de la definición de pastos permanentes ha demostrado que su aplicación resulta difícil en los sistemas agrícolas con rotaciones agronómicas largas, en particular para luchar contra las malas hierbas».

Otra propuesta es la de aumentar el porcentaje anual permitido de reducción de pastos permanentes del 5 % al 10 % a nivel nacional: «debería flexibilizarse aumentando la posible disminución de pastos permanentes que no da lugar a la reconversión a pastos permanentes del 5 % al 10 %, a fin de tener en cuenta los cambios estructurales de las explotaciones, en particular en el sector ganadero».

Los Estados miembros tendrán la opción de excluir esta BCAM del nivel de referencia de los ecorregímenes y los compromisos agroambientales y climáticos para remunerar las prácticas de gestión de los humedales y las turberas con el fin de mejorar el potencial de secuestro de carbono de estas zonas. Se trata de un primer paso hacia un sistema de condicionalidad más basado en incentivos, que la Comisión Europea planea ampliar en el marco de la futura PAC.

Agricultura ecológica: se considerará conforme a las BCAM 1, 3, 4, 5, 6 y 7 «Los sistemas ecológicos dependen en gran medida de prácticas como la rotación de cultivos, los cultivos múltiples, la retención de residuos de cultivos, la labranza mínima o nula, el uso de abonos animales y abonos verdes, los residuos orgánicos externos a la explotación y aspectos del control biológico de plagas para mantener la productividad del suelo, suministrar nutrientes a las plantas y controlar las plagas». Estas prácticas «son beneficiosas tanto para la protección y la conservación del suelo como para la protección de los cursos fluviales contra la contaminación y la escorrentía».

Se permitirá que los Estados miembros apliquen su propia definición para darles «la oportunidad de armonizar mejor la definición de cursos de agua con la establecida en la legislación nacional», siempre que la definición sea coherente con el objetivo principal de las BCAM, «con el fin, entre otras cosas, de evitar que se excluyan de la definición de cursos de agua los cursos de agua más pequeños que puedan transportar contaminación aguas abajo y, posiblemente, también a través de las fronteras hacia otros Estados miembros».

Se propone racionalizar el método de control de los requisitos de condicionalidad «deben reducirse los costes administrativos tanto para los Estados miembros como para los pequeños agricultores, eximiéndolos de la aplicación del sistema de condicionalidad». Según la Comisión, «muchos Estados miembros no han optado por un sistema más sencillo para los pequeños agricultores, que consiste en un pago único y un procedimiento de solicitud más sencillo. Por lo tanto, la propuesta aumenta el pago único máximo posible para los agricultores participantes a 2500 euros», señalando también la propuesta de que «tengan la posibilidad de permitir a los agricultores que se benefician del pago único solicitar pagos en el marco de los regímenes ecológicos».

Se incrementará el límite de la ayuda financiera de la UE a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. El incremento será del 0,5 % del valor de la producción comercializada sobre el porcentaje establecido actualmente. La Comisión quiere ampliar de esta forma la posibilidad de aumentar el apoyo a los sectores de las frutas y hortalizas, «sobre la base de la experiencia de los Estados miembros en la aplicación de las intervenciones sectoriales».

«La experiencia ha demostrado que la reserva agrícola se utiliza principalmente para hacer frente a catástrofes naturales y fenómenos climáticos adversos. Por ello se propone «limitar claramente su uso a dichos fenómenos y se modifica la disposición para que la reserva agrícola se centre en su objetivo original de mitigar los efectos de las perturbaciones del mercado».

A fin de establecer dos pagos de crisis adicionales que los Estados miembros podrían movilizar en caso de catástrofes naturales y fenómenos climáticos adversos «los estados miembros podrán dedicar hasta el 3 % de su Presupuesto anual para ayudar a los agricultores a hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales o las enfermedades animales. Una vez modificados los planes estratégicos, estos nuevos pagos «pretenden complementar la reserva, no sustituirla, y van acompañados de salvaguardias para garantizar que no distorsionen el comercio ni afecten de manera desproporcionada a otras intervenciones de la PAC».

«Debe promoverse el desarrollo empresarial de las pequeñas explotaciones agrícolas para mejorar su competitividad y viabilidad, manteniendo al mismo tiempo la sencillez de los pagos». Por lo tanto, se propone establecer un pago específico para tal fin. Los Estados miembros ya podían retener hasta el 3 % de los pagos directos que debían abonarse a los agricultores para apoyar su contribución a un instrumento de gestión de riesgos. Solo se pagará a los agricultores para los que existan programas de gestión de riesgos en un año determinado. «Los Estados miembros en los que existan programas de gestión de riesgos para todos los beneficiarios de pagos directos deberían poder seguir reteniendo hasta el 3 % de los pagos directos de todos esos beneficiarios».
Cambios en los planes estratégicos: otra propuesta es que los cambios en los planes estratégicos de la PAC solo requieran la aprobación de la Comisión cuando afecten a las partes estratégicas de los planes, y no a algunos elementos técnicos que no forman parte de la estrategia.

Se suprime la aprobación anual de la ejecución para aliviar la carga administrativa de los Estados miembros. Esto también simplificará el informe anual de ejecución. Se pide a los colegisladores que estudien la posibilidad de que esto se aplique con carácter retroactivo a 2025.

Se reduce la carga y la presión de control sobre los agricultores introduciendo el objetivo de «un control anual», que establece que los Estados miembros deben organizar controles sobre el terreno de las solicitudes de ayuda, las solicitudes de pago o la condicionalidad de manera que se limite en la medida de lo posible la realización de controles múltiples a un beneficiario durante un año, con la excepción de «cuando las circunstancias requieran un segundo control para garantizar la protección efectiva de los intereses financieros de la Unión».