Alivio en el sector agrario español tras el rechazo del PE a la propuesta comunitaria sobre reducción de fitosanitarios

Alivio en el sector agrario español tras el rechazo del PE a la propuesta comunitaria sobre reducción de fitosanitarios

El rechazo del Pleno del Parlamento Europeo a la propuesta de la CE para reducir el uso de fitosanitarios en la UE en un 50% en 2030 por 299 votos en contra, 207 a favor y 121 abstenciones, fue acogida con alivio por el conjunto de las organizaciones agrarias y asociaciones sectoriales (FEPEX, AEPLA).

Aunque aún no se ha dicho la última palabra sobre el texto, parece ya poco probable que el reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios (SUR) pueda salir adelante antes de acabar la actual legislatura comunitaria y se celebren las elecciones europeas a primeros de junio de 2024.

 

Aunque aún no se ha dicho la última palabra sobre el texto, parece ya poco probable que el reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios (SUR) pueda salir adelante antes de acabar la actual legislatura comunitaria y se celebren las elecciones europeas a primeros de junio de 2024.

Desde el principio, el sector agrario e industrial calificó el texto de poco realista al no contar haber alternativas viables frente al ambicioso objetivo de la CE en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa”, pese a los muchos esfuerzos que ya se están llevando a cabo para reducir el uso de los plaguicidas con más riesgo o más peligrosos para la salud y el medioambiente.

El sector apuesta por impulsar la investigación y la innovación (lucha integrada, técnicas de edición genómica, digitalización…) en este ámbito, y la optimización y sostenibilidad de su empleo, con objetivos más realistas y realizables.

Reacciones;

ASAJA : oportunidad histórica para impulsar la regulación de las Nuevas Técnicas de Edición Genómica (NGTs)

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) considera que el rechazo por el Plenario del Parlamento Europeo de la propuesta reglamentaria sobe uso sostenible de fitosanitarios (Reglameno SUR)  marca un punto de inflexión en la política agrícola europea.

Para ASAJA, esta decisión destaca la necesidad de explorar e impulsar alternativas innovadoras como las Nuevas Técnicas de Edición Genómica (NGTs) y subraya la división política en temas de sostenibilidad agrícola.

Creemos que las NGTs, según esta organización agraria,  ofrecen una herramienta crucial para la agricultura, permitiendo un enfoque más equilibrado y fundamentado científicamente antes de cualquier reducción de fitosanitarios. Esta votación representa no solo un cambio en la política agrícola europea, sino también una apertura hacia enfoques más innovadores y sostenibles en la agricultura.

Al respecto,  celebra este resultado en la confianza de que signifique un cambio de rumbo en la política agrícola europea hacia enfoques más innovadores y soluciones prácticas en la agricultura.

Con este inesperado resultado se pone de relieve las profundas divisiones políticas y la falta de diálogo, pero también se abre un nuevo capítulo en la política agrícola europea, según esa organización agraria, que considera que  esta decisión envía un mensaje claro: la imposición de objetivos sin fundamento, la ausencia de una evaluación adecuada del impacto y la falta de financiación de las propuestas agrícolas deben cesar.

En este sentido, considera que la votación refleja la preocupación de los eurodiputados por el enfoque unilateral de la Comisión, percibido como «ideológico y desconectado de las realidades del sector agrícola europeo».

Con esta decisión, según ASAJA, el Parlamento Europeo se posiciona en una segunda lectura, limitándose a aceptar o rechazar lo que decida el Consejo.

Existe la posibilidad de que la Comisión Europea retire el informe, aunque se considera poco probable.

Mientras tanto, la presidencia española del Consejo podría no presentar una propuesta de primera lectura en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de diciembre, siguiendo el precedente de presidencias anteriores.

ASAJA señala que, a pesar de los intentos hasta el último momento por mejorar la propuesta con una serie de enmiendas, los eurodiputados han concluido que estas medidas no eran suficientes, optando por devolver el informe a la propia Comisión Europea, en lugar de a la Comisión responsable (ComENVI).

Este acto destaca, según esta organización agraria,  la necesidad de un diálogo más estratégico y constructivo, como lo busca la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y la demanda es clara: las soluciones deben surgir del diálogo con los agricultores y sus cooperativas, en lugar de imponerse arbitrariamente. Los agricultores y las cooperativas agrícolas de la UE están comprometidos con la mejora de su sostenibilidad medioambiental, pero para ello necesitan objetivos realistas y el apoyo adecuado, elementos que han sido notablemente ausentes en el texto de la Comisión.

COAG: ha imperado el sentido común y la responsabilidad en los europarlamentarios

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valoró el rechazo del Parlamento Europeo (PE) a la reducción del 65 % en el uso de fitosanitarios para 2030, oponiéndose así a la propuesta de reglamento del Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios (SUR), impulsada por la Comisión Europea.

Para Miguel Padilla, su secretario general,  «ha imperado el sentido común y la responsabilidad» entre los europarlamentarios,  porque «sin alternativas eficaces y plazos realistas, la propuesta de la Comisión Europea dejaría indefensos a los agricultores para combatir las plagas y provocaría una fuerte subida del precio de los alimentos al consumidor».

El informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen apunta que la aprobación de este reglamento provocaría una pérdida del 20 % de la producción vegetal europea y, en consecuencia, un mayor aumento del precio de los alimentos, según esta organización agraria.

COAG mantiene que la fecha de 2030 era poco realista, porque «no hay plazo suficiente para acometer esa transición sin alternativas viables para el agricultor» y, además, «se olvida de los grandes avances y esfuerzos por parte del sector para reducir el uso de los fitosanitarios, caso de la Gestión Integrada de Plagas y la lucha biológica».

En todo caso, esta organización agraria  considera  «inadmisible que no se haya escuchado la voz de los agricultores antes de redactar este reglamento,  ya que las normas sobre producción de alimentos «no las puede marcar el lobby ecologista radical».

UdU : «hubiera sido difícil mantener en buenas condiciones sanitarias algunos cultivos»

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera una buena noticia para el sector el rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión del reglamento que impondría la reducción a la mitad el uso de productos fitosanitarios para la protección de los cultivos contra enfermedades y plagas.

La propuesta de reglamento de la Comisión habría puesto, de salir adelante, en serias dificultades al sector agrícola para mantener en buenas condiciones sanitarias sus producciones. De hecho, en algunos cultivos sería imposible su mantenimiento en sus zonas tradicionales, al encontrarse implantados en áreas sensibles en las que las prohibiciones serían aún más estrictas.

Para Unión de Uniones, las reducciones del uso de fitosanitarios, que pretendía imponer la propuesta, son inasumibles para el sector si no se destinan recursos científicos, técnicos y financieros suficientes para buscar alternativas eficaces y viables en cada zona agroclimática y, sobre todo, si estas alternativas no se buscan con el consenso de los agricultores.

“Sin medir los impactos, sin hablar con los productores, sin poner a su disposición las herramientas necesarias, aprobar este reglamento habría sido irresponsable”, consideran desde la organización.

La organización recuerda que este reglamento era uno de los pilares de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», derivada a su vez del Pacto Verde Europeo, que fue gestada antes de la pandemia del Covid-19, de sus efectos y de la crisis bélica en Ucrania.

Al respecto,  espera que esto sea una señal de que el sentido común empieza a pesar por encima de la doctrina ideológica, a la que en este último período nos han tenido lamentablemente acostumbrados las instituciones europeas.

Además, Unión de Uniones señala  los esfuerzos de todo tipo, no solo en cuestiones fitosanitarias, que están realizando los agricultores para proporcionar a los ciudadanos europeos una alimentación sana, de calidad, a precios accesibles y producidos de forma sostenible.

“Que el Parlamento haya dicho no a este reglamento no es una hecatombe ecológica, como algunos dicen.A los productores europeos ya se nos exige más y estamos dando más de lo que se le exige y lo que da ningún otro productor del mundo” subraya  Unión.

En este sentido, añaden, “las autoridades europeas deberían empezar a pedir lo mismo a todos los que colocan sus producciones en nuestros mercados y canales de consumo y proteger así nuestro modelo productivo.”

 

FEPEX:  «la producción y la seguridad alimentaria empieza a tenerse en cuenta y plantea una regulación menos radical»

 

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) celebró el rechazo del proyecto sobre el uso sostenible de fitosanitarios  (reglamento SUR), puesto que abre la puerta a que la Comisión retire su propuesta y presente una nueva menos radical.

Para esta Federación, el rechazo europarlamentario pone en evidencia que se ha impuesto el realismo y que la producción comunitaria y la seguridad alimentaria empiezan a «tenerse en cuenta y a ser prioritarias».

FEPEX señaló que  el reglamento proponía una «drástica reducción del empleo de pesticidas en la Unión Europea y carecía de alternativas eficaces, con lo que podría haber repercutido en la seguridad alimentaria.

La propuesta reglamentaria constituía, además, la «piedra angular» de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y todos los estudios de impacto realizados por organismos independientes sobre la misma mostraban «consecuencias muy negativas sobre la producción.»

Para FEPEX, la pérdida de la votación del texto de la Comisión y sus enmiendas abre ahora diferentes escenarios que hacen «inviable» la aprobación de un nuevo texto en la actual legislatura comunitaria.

 

AEPLA:  «La propuesta no tenía en cuenta a la vez la sostenibilidad y la seguridad alimentaria

 

La asociación empresarial de la industria fabricante de productos fitosanitarios en España, AEPLA, reiteró que «es más importante el acceso a la innovación y a la tecnología, que las restricciones para cumplir los objetivos de sostenibilidad y seguridad alimentaria.»

La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) aseguró que la propuesta de reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios (SUR) rechazada por el Parlamento Europeo, era «atropellada», porque a su juicio «no tenía en cuenta que, para cumplir los objetivos de sostenibilidad y contribuir al mismo tiempo a la seguridad alimentaria, es más importante el acceso a la innovación y a la tecnología que las restricciones».

AEPLA ha defendido desde el inicio la necesidad de «contar con unos objetivos razonables, un periodo de transición,  que permita encontrar alternativas y que sean los países los que puedan definir sus zonas sensibles y cómo gestionar en ellas sus zonas productivas».

Así, por ejemplo, esta Asociación señaló que en España se han logrado muchos avances, tanto en la optimización del uso de herramientas fitosanitarias, como en la gestión integrada de plagas.

Al respecto,  afirmó también que «la innovación es clave de cara a una futura propuesta de la Comisión Europea» y, en esta transición, las empresas del sector se han comprometido ya a mantener la inversión en nuevas soluciones biológicas y de bajo riesgo; en las nuevas técnicas de edición genómica (NTGs), en las tecnologías digitales y de precisión, como los drones,  y en los  sistemas informáticos de apoyo a la toma de decisiones en este ámbito.

No obstante, este esfuerzo empresarial debe ir acompañado también de un marco normativo que lo facilite y aporte la necesaria seguridad jurídica», puntualizó AEPLA.

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