Bruselas plantea recortar un 5% el presupuesto PAC 2021-2027 y que los Estados aporten más al Desarrollo Rural

Bruselas presentó este martes 2 de mayo, tal y como había anunciado, su propuesta de nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, que contempla una reducción de los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y para la Política de Cohesión de en torno al 5 %, respectivamente sobre el presupuesto actual.

Bruselas plantea recortar un 5% el presupuesto PAC 2021-2027 y que los Estados aporten más al Desarrollo Rural

En general, la propuesta global de la Comisión Europea demanda a los Estados miembros elevar el presupuesto total de la UE 2021-2027 al 1,11 % del Producto Nacional Bruta (PNB) conjunta, frente al 1,03 % del periodo actual.

El que será el primer presupuesto plurianual de la Unión Europea, sin Reino Unido, aumentará su volumen hasta 1,279 billones de euros (en precios corrientes) en compromisos de gasto para los próximos siete años (unos 185.000 M€ anuales de media), frente a los 1,083 billones del vigente MFP 2014-2020.

Este aumento, junto con recortes en ciertas partidas, debe permitir paliar el agujero de más de 12.000 millones que dejará el «Brexit», más la necesidad de otros 10.000 millones anuales para nuevos retos o desafíos, según la CE.

Respecto al marco financiero anterior, disminuyen las partidas dedicados a la Política Agraria Común (PAC) y a la Política de Cohesión, sobre el 5 % en cada caso, «para reflejar la nueva realidad de la Unión Europea a 27», según el Ejecutivo comunitario. Pese a ello, ambas políticas se mantienen como los pilares más importantes del presupuesto UE y copan cerca de un 65 % del mismo, frente al 73 % en el marco actual. La partida más elevada es la de «Cohesión y Valores» con 442.412 M€ (34,6 % del total), de los que 273.000 millones se destinarán a Fondos Estructurales y de Cohesión y 101.000 millones al Fondo Social Europeo.

Le sigue la partida de Recursos Naturales y Medio Ambiente con 378.920 M€ (29,6 %), a precios corrientes, de los que el grueso se destinará a la PAC: unos 365.000 millones para pagos directos  y gastos de mercados y medidas de Desarrollo Rural.

Dentro de la PAC, los pagos directos, que suponen el montante más importante, bajarán un 4 %, hasta 286.195 M€ y, por otro lado, la CE pretende que se aumente la contribución de los Estados miembros, es decir, la cofinanciación nacional (Administración General del Estado y CC.AA.) en las medidas del segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural), destinando  78.811 millones de fondos del Feader comunitario, lo que supondría un recorte de hasta el 15% sobre lo dispuesto en el marco financiero actual.

La CE permitirá un trasvase de fondos del primer pilar (pagos directos y mercados) al segundo pilar (Desarrollo Rural) o viceversa, según decidas en sus planes de apoyo o estratégicos los Estados miembros, que deberán cumplir con unos objetivos comunes, fijados a nivel comunitario.

También se pretende constituir una nueva reserva de crisis para afrontar las crisis derivadas de acontecimientos imprevistos en los mercados internacionales o las dificultades en el sector agrario provocadas por acciones de países terceros.

Para cumplir con los compromisos adquiridos por la UE en el Acuerdo de París sobre el Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, al menos el 25% del gasto de la UE irá con este objetivo, con acciones dirigidas a mitigar el cambio climático, no solo a través de la PAC, sino en el resto de políticas comunitarias.

Las propuestas de textos legislativos sobre la futura PAC se pretende presentar o bien a finales de mayo (29) o bien el próximo 1 de junio, como ha comunidado ahora la Comisión.

Otras partidas

Por otro lado, la partida de Mercado Único, Innovación y Digital, donde se engloban, entre otros, el programa Horizonte 2020, está dotada con 187.400 M€ (14,6 % del total).

Por otro lado, la Comisión propone aumentar de forma importante los fondos destinados a Inmigración, Seguridad, Defensa y Acción Exterior. En concreto, asigna 123.000 M€ a las actividades de Acción Exterior y Vecindad; otros 34.900 M€ a la Gestión de las Fronteras e Inmigración, y 27.500 M€ a Seguridad, Defensa y Respuesta ante Crisis.

Estas tres partidas, que antes se englobaban en solo dos -Europa Global y Seguridad y Ciudadanía- pasan a representar en conjunto un 14,5 % del total, frente al 8 % que suponían en el marco anterior (84.000 millones).

Por otro lado, la Comisión propuso introducir un mecanismo que permita a la Unión «suspender, reducir o restringir» el acceso a los fondo comunitarios a aquellos países donde se detecten deficiencias en el Estado de Derecho, de forma «proporcionada» a la gravedad de los fallos.

Además, Bruselas quiere crear dos nuevos fondos dotados con 55.000 M€ en total para impulsar la integración de la eurozona. Por una parte, plantea un mecanismo con hasta 30.000 millones para dar préstamos en condiciones ventajosas a los países que atraviesen crisis para que puedan mantener su nivel de inversión pública. Por otro, propone un nuevo programa con 25.000 millones para apoyar a los países que quieran hacer reformas estructurales, con vistas también a potenciar la convergencia de aquellos que quieran unirse a la eurozona.

Le propuesta de la CE servirá de punto de partida para la negociación entre los 27 Estados miembros. El Ejecutivo querría cerrar un acuerdo -que deberá ser validado por la Eurocámara- antes de las elecciones de mayo de 2019, pero las capitales ya han advertido de que esto será difícil.

«Es un presupuesto realista y razonable», señaló el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, al presenta su propuesta, reconociendo que hay recortes, pero «no una masacre» en los fondos de cohesión y de la PAC.

Por su parte, el comisario de Presupuesto, Günther Oettinger, afirmó que había «dos grandes problemas»: por un lado «llenar el agujero que deja el ‘Brexit'» y, por otro, “encontrar financiación para tareas que en los MFP anteriores no tenían un «perfil predominante», como Inmigración, Prevención del terrorismo o Defensa.”

Según los cálculos de la Comisión, el agujero que deja el Reino Unido en su salida prevista dentro de un año de la UE, oscila entre los 12.000 y 15.000 M€, mientras que las nuevas necesidades exigen otros 10.000 millones adicionales al año.

En el lado de los ingresos, Bruselas plantea nuevos recursos propios: transferir al presupuesto un 20 % de lo obtenido con el sistema de comercio de emisiones de carbono; aplicar una tasa del 3 % sobre la futura base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS), y una contribución nacional en función del volumen de plástico no reciclado, a razón de 0,8 euros por kilo. Calcula que, con todos estos ingresos, podría obtener 22.000 millones anuales.

La propuesta de la CE servirá de base para una negociación en la que se requiere unanimidad y que tradicionalmente se prolonga meses. Bruselas quiere un acuerdo antes de las elecciones de mayo de 2019 para que lo pueda validar la actual Eurocámara, pero las capitales lo ven difícil y es posible que se alarguen, al menos, hasta última hora, poco antes de que finalice el próximo año.

Fondo anti-crisis

La CE  propuso crear también un mecanismo para mantener la inversión en tiempos de crisis, dotado con 30.000 M€ del presupuesto comunitario y pueda ampliarse a largo plazo con contribuciones de los países.

La idea se incluye en la propuesta de presupuesto para el periodo 2021-2027 constituye el primer intento de crear un mecanismo para responder de forma conjunta en casos de crisis que afecten a un sólo país, algo que se considera fundamental para reforzar la eurozona.

«Una nueva Función Europea de Estabilización de la Inversión proporcionará prestamos del presupuesto europeo a países golpeados por importantes crisis asimétricas, por un total de hasta 30.000 millones de euros. También proporcionará un subsidio para los tipos de interés, dijo el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis.

La Comisión plantea que en su inicio funcione como un sistema para conceder créditos con fondos comunitarios que los países deberán usar para sostener las inversiones «prioritarias».
A esta cantidad se le añadiría una garantía para cubrir los costes de los intereses una vez que tenga que devolver el préstamo.

Según los planes de Bruselas este aval podría ser aportado por los Estados de la Eurozona a través de una contribución equivalente al beneficio que obtengan por la emisión de monedas de euro.

En una fase posterior «esta función podría ser complementada con recursos financieros adicionales de fuera del presupuesto de la UE, tales como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el futuro Fondo Monetario Europeo, y un posible mecanismo voluntario de seguro establecido por los Estados miembros», apunta la Comisión.

El Ejecutivo comunitario indica que su tamaño debería ser «lo suficientemente amplio como para proporcionar una estabilización real», pero no fija un objetivo concreto.

Señala además que este instrumento se centraría en los países de la Eurozona, pero estaría abierto a los demás si contribuyen financieramente y que debería poder activarse «rápidamente» en base a «criterios claros de elegibilidad (…) en línea con los principios de unas políticas financieras y macroeconómicas sólidas».

El mecanismo podría sentar el embrión de la futura capacidad de estabilización fiscal sobre la que no logran ponerse de acuerdo los países de la eurozona, pero está lejos de ser el presupuesto para el área de la moneda única que defiende el Gobierno francés.

Además, su tamaño inicial (30.000 millones) es muy reducido si se compara con los rescates que han sido necesarios durante la crisis: el español, que se centró solo en el sector bancario, utilizó 41.300 millones de euros, y Grecia ha recibido ya 45.900 millones dentro de su tercer rescate de un total de 86.000 millones, como ejemplo.

Ahora bien, el objetivo tal y como lo plantea Bruselas, no sería salvar economías enteras, función que seguiría estando en manos del MEDE, sino contribuir a estabilizar la situación con inversión pública para evitar llegar a mayores.

Los países de la UE, salvo Reino Unido, tendrán la última palabra sobre este fondo cuando decidan si aprueban el proyecto de presupuesto.

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