El 27% de las demandas de la España Rural no cuenta con ninguna iniciativa legislativa
La despoblación, la desigualdad o la desatención son conceptos que se asocian de forma recurrente a la España rural en el debate público desde hace unos años, pero ¿conocemos de verdad las necesidades de esos territorios?, ¿sabemos qué soluciones reciben? Cotec, junto a Political Watch, ha identificado 41 demandas prioritarias de la España Rural y ha analizado las respuestas de la Administración a estas necesidades.
De acuerdo con los datos del diagnóstico elaborado por el Gobierno para diseñar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, entre 2001 y 2017 el 61,9% de los municipios españoles perdieron población; y no solo eso, sino que, de estos, el 46,8% han perdido entre el 10% y el 50% de sus habitantes. El diagnóstico revela además que el 48 % de los municipios en España tiene menos de doce habitantes por km2 y que, de estos, el 83% tiene una población de menos de quinientos habitantes.
Las realidades que se encuentran detrás de estos impactantes datos han ido poco a poco aumentando su presencia en los medios de comunicación y en la agenda política. Pero el informe Cotec se pregunta si recogen los medios y el debate político las necesidades de las personas que habitan en estos territorios, qué imagen se proyecta de ellos en los medios y en qué términos se están dando estos debates.
Partiendo de estas preguntas, la investigación detecta hasta 41 demandas de la España Rural que agrupa entorno a 11 grandes temáticas:
- Educación: demandas vinculadas a garantizar una oferta educativa adaptada y orientada a la vida en el campo.
- Empleo y economía: variedad de demandas que van desde la creación de oportunidades de empleo y negocio teniendo en cuenta el contexto a la protección de pequeños agricultores incluyendo sus necesidades propias y la protección del patrimonio natural.
- Financiación: demandas vinculadas a la necesidad de beneficios fiscales, la reducción de barreras de acceso a ayudas y subvenciones.
- Gobernanza: este bloque es uno de los más amplios, incluye seis demandas concretas que van desde impulsar un pacto de Estado contra la despoblación o la incorporación de la perspectiva rural en la elaboración de nuevas legislaciones hasta la necesidad de reducir la burocratización, facilitando la digitalización y la descentralización.
- Identidad y cultura: demandas vinculadas al fomento de la cultura y el ocio, pero también a la necesidad de intervenir en el imaginario de lo rural.
- Inclusión: demandas que van desde la acogida de nuevos pobladores y la gestión de la dependencia y la accesibilidad universal hasta la necesidad de capacitar y sensibilizar en materia de orientación sexoafectiva.
- Participación: estas demandas hacen referencia a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones por parte de colectivos vulnerables, a la promoción del diálogo urbano-rural y al impulso del tejido asociativo.
- Movilidad: demandas vinculadas principalmente a la mejora del transporte público en cuanto a frecuencia, disponibilidad e infraestructuras.
- Vivienda: estas demandas se relacionan con la disponibilidad de viviendas mediante planes específicos y mayor inversión, pero también con la rehabilitación y la necesidad de reducir los procesos burocráticos para acceder a las diferentes ayudas.
- Sanidad: estas demandas se orientan en torno a la disponibilidad de especialistas y consultorios y a la necesidad de nuevas dotaciones hospitalarias.
- Servicios: demandas que van desde garantizar la cobertura de internet o servicios para personas mayores y otros orientados a la conciliación de las familias hasta otros como el reciclaje, bancos, farmacias, bibliotecas, etc.
La investigación analiza además las respuestas de las administraciones a estas demandas y concluye: de las 41 demandas identificadas, casi un 27% no cuenta con ninguna iniciativa legislativa relacionada. Se trata de aquellas vinculadas a la financiación de los Ayuntamientos rurales, la promoción de la participación de los habitantes de la España rural, el aumento de dotaciones hospitalarias o la garantía del derecho a la teleasistencia.
Para las que sí han tenido un reflejo en las administraciones, el informe de Cotec aclara: “las iniciativas correspondientes en muy pocos casos tienen un compromiso y una relación sólida con las necesidades definidas por las personas entrevistadas”.
