El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó al Gobierno en funciones a derogar la orden que, en la práctica, blinda al lobo como especio con una protección total y tenga en cuenta el nuevo criterio anunciado por la Comisión Europea para rebajar ese amparo en las zonas en las que por sobrepoblación son un peligro para la actividad ganadera.
Suárez-Quiñones valoró la decisión de Bruselas de abrirse a la posible flexibilización de la protección del lobo, después de que este lunes 4 de septiembre la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que algunas concentraciones de manadas de lobos son «un verdadero peligro» para el ganado y para las personas, abriéndose a rebajar la protección de la que gozan esos animales.
Suárez-Quiñones valoró la decisión de Bruselas de abrirse a la posible flexibilización de la protección del lobo, después de que este lunes 4 de septiembre la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que algunas concentraciones de manadas de lobos son «un verdadero peligro» para el ganado y para las personas, abriéndose a rebajar la protección de la que gozan esos animales.
En concreto, Von der Leyen afirmó en un comunicado que la concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos, e instó a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación actual de la UE ya les permite hacerlo.»
La Junta de Castilla y León mostró su apoyo a la decisión de flexibilizar la normativa de protección del lobo, al considerar que «la Comisión Europea ha dado un paso fundamental en relación a la gestión del lobo en Europa, marcando otro paso decisivo en un proceso que ha durado meses y que ha sido objeto de preocupación tanto para la ganadería como para la conservación de esta especie emblemática».
El responsable autonómico de Medio Ambiente señaló que, “desde noviembre del año pasado, cuando el Parlamento Europeo tomó una decisión histórica en la que instaba a la adopción de medidas para flexibilizar la gestión del lobo y restablecer el equilibrio entre la conservación de la especie y las actividades económicas en el medio rural, se ha trabajado arduamente en este proceso».
Suárez-Quiñones argumentó que «la preocupación por los crecientes daños causados por los lobos a la ganadería y la necesidad de controlar el aumento de su población en zonas muy humanizadas o con alta densidad de ganadería extensiva fueron los factores clave que impulsaron esta iniciativa».
Al respecto, la Consejería de Medio Ambiente incidió en que Bruselas ha invitado a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre de 2023 sobre la población de lobos y sus repercusiones.
Sobre la base de los datos que se recogen, la Comisión decidirá sobre una propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la UE y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie.
Esta Consejería recalcó que, precisamente, los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) a la CE sobre las poblaciones del lobo no se correspondían con la información que tenían las CC.AA. responsables de la gestión de esta especie, y así le fue comunicado en abril por Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, al comisario europeo de Medio Ambiente.
Según la Consejería regional de Medio Ambiente, en el caso de España, antes de la nueva regulación sobre el lobo del Gobierno que incluyó a este animal en Listado de Especies de Especial Conservación (LESPRE), al Norte del río Duero, el régimen europeo de protección del lobo permitía la gestión de la especie a la Administración autonómica. Esto hizo que las principales CC.AA. loberas, fundamentalmente Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, se dotaran de planes de gestión y conservación, con sistemas de control público de la especie, que garantizaba un equilibrio entre la evolución favorable de la especie y unos daños a la ganadería limitados.
Mientras, al Sur del río Duero el régimen era y es de estricta protección, no cabiendo medidas de gestión administrativa. Y así, en esta zona, el 20 % de la población del lobo venía causando el 80 % de los daños a la ganadería, mientras que al norte del Duero, el 80 % de la población de lobo causaba el 20 % de los daños a la ganadería.
La UE permitió este régimen flexible al Norte del río Duero en el año 1992 (en que se dictó la Directiva Hábitat) por la importante población de lobos existente, que en aplicación de este régimen ha venido incrementándose con equilibrio.
Y en Europa, el régimen es de estricta protección, existiendo sólo la posibilidad de gestión por la Administración en España al norte del río Duero y en una parte pequeña en Grecia.
La Consejería ha venido defiendo que lo que Europa estudia es cambiar el régimen, de manera que el que venía disfrutando Castilla y León al Norte del río Duero (el lobo está en el Anexo V de la Directiva) se extendiese a otros territorios de la Unión en vez del régimen de estricta protección (el lobo está en el Anexo IV de la Directiva).
Por su parte, el nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, Pablo Palencia (PP) aseguró también que es una «buena noticia» que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se haya abierto a rebajar la protección del lobo, aunque cree que este posicionamiento llega ya un poco tarde.
Palencia dio la bienvenida a que la UE pueda empezar a poner en marcha unas medidas para el control del crecimiento exagerado que está habiendo del lobo, e indicó que “en esta región existen unas 20 familias de lobos.”
El consejero, no obstante, indicó, que continuarán trabajando para convencer «a quien haya que convencer» de que hay que sacar al lobo del LESPRE, ya que “está causando muchos daños no solo en ganaderos, sino también en la población y los núcleos urbanos.”
La Dirección General de Biodiversidad y los servicios técnicos de la Consejería ya recopilan datos para enviarlos a Bruselas que justifican no solo el crecimiento del lobo en Cantabria, sino también los daños causados y el área de extensión que está ocupando este animal en esta Comunidad. «Haremos todas las medidas que sean necesarias para intentar combatir este problema», añadió Palencia.
Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, calificó de «magnífica noticia» la nueva postura de la Comisión Europea sobre el lobo, dado que coincide con la postura de su Gobierno y podría permitir la recuperación de los controles del espacio donde se detecten manadas que sean un peligro para la ganadería y para las personas.
Barbón subrayó que la necesidad de mantener las extracciones de algunos ejemplares la viene defendiendo el Ejecutivo «de forma alta y clara» y advirtió al Gobierno central que «legislar está bien, pero se tiene que tener en cuenta la realidad de los territorios».
Además, recordó que su gabinete mantiene una reclamación ante los tribunales contra la Administración Central para seguir aplicando su plan de gestión y emplazó al Ministerio de Transición Ecológica (Miterd) a atender las reclamaciones de Asturias y de otras Comunidades Autónomas.
El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, señaló que España ya dispone de mecanismos de flexibilidad para la protección del lobo, después de que la Comisión Europea (CE) se haya abierto a rebajar el nivel de protección de la especie.
En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo informal de Ministros europeos de Agricultura en Córdoba, Planas destacó que España cuenta ya con mecanismos de flexibilidad e instrumentos legales dentro del plan de gestión del lobo.
Eso hace posible, añadió Planas, que cuando en un lugar haya sobrepoblación o animales especialmente peligrosos, estos puedan ser objeto de extracción, previa autorización administrativa.
El ministro recordó también que existen fondos con cargo a la PAC o propios del Estado y de las CC.AA. que permiten «adquirir y financiar instrumentos de defensa» frente a los ataques del lobo, con vistas a proteger las explotaciones ganaderas, junto al sistema del seguro agrario y la financiación autonómica de indemnizaciones.
No obstante, Planas calificó de «interesante» la sugerencia de la Comisión Europea de profundizar en el censo europeo del lobo, obteniendo mejores datos sobre la situación de esta especie silvestre, en lo que se refiere al número de ejemplares y al nivel de riesgo para la producción ganadera.
«Las palabras de la presidenta Ursula von der Layen están llenas de realismo», apuntó el ministro, a la vez que indicó «compartir la angustia de muchos ganaderos en determinadas zonas de España ante los ataques del lobo.”
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