El Colegio de Abogados de Madrid estrena una nueva Sección de Derecho Alimentario

El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca,  Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, destacó ayer, en la presentación de la nueva Sección de Derecho Alimentario del Colegio de Abogados de Madrid, el creciente interés de los países por  garantizar la seguridad alimentaria, lo que ha llevado a la promulgación de un complejo abanico de normas para regular el comercio y el consumo, y asegurar al ciudadano el acceso a unos alimentos saludables y de calidad. “Unas normas que están en permanente evolución para adaptarse a los nuevos procesos  de producción, transformación y comercialización, y que afectan al ámbito nacional,  al de la Unión Europea y al mundial”.

Por ello ha valorado la creación de una nueva Sección de Derecho Alimentario en el seno del Colegio de Abogados de Madrid, una iniciativa, ha afirmado, que permitirá a los profesionales colegiados disponer de un foro de encuentro en el que abordar este complejo campo, impulsando el estudio, el debate y la difusión de los aspectos de mayor interés en el panorama nacional, comunitario e internacional.

Durante el acto de presentación de esta nueva sección, Haddad ha recordado las numerosas áreas que se incluyen en el concepto de Derecho Alimentario, como la sanidad alimentaria, la protección de los consumidores, el etiquetado, la inspección y control de los alimentos o la responsabilidad jurídica de los agentes que intervienen en el proceso.

Un proceso de producción, transformación y distribución, ha señalado, cuyas competencias afectan a varios departamentos ministeriales, entre ellos el propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al que corresponde el desarrollo y coordinación de las relaciones multilaterales de las políticas agroalimentarias, la investigación e innovación en materia agroalimentaria, así como la definición, propuesta y ejecución de las políticas referentes a industrias y mercados alimentarios, recursos agrícolas y ganaderos, sanidad animal y vegetal, acuerdos sanitarios y fitosanitarios con terceros países.

En el ámbito de esas competencias, el subsecretario ha resaltado el esfuerzo normativo que ha realizado el Departamento en estos últimos cinco años, para impulsar leyes como la de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Una norma que, además de favorecer las relaciones entre los integrantes de los tres eslabones básicos de la cadena (productores, transformadores y comercializadores), también pretende contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que se refiere a la disposición de una información completa sobre los alimentos y su calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad.

También ha destacado la importancia del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, que completa los principios contemplados en la Ley, sobre los que han de fundamentarse las prácticas comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena alimentaria.

Y junto a esas normas, la Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico, complementario al establecido por la Unión Europea, aplicable a las Denominaciones de Origen Protegidas, o  la Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que persigue fomentar la fusión o integración de entidades agroalimentarias.de naturaleza asociativa mediante la constitución o la ampliación de la mismas.

Para el desarrollo de estas y otras políticas, Haddad ha subrayado la colaboración que el Ministerio mantiene con el sector, tanto en la fase de producción a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de las Cooperativas, como en la fase de industrialización y distribución, a través de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

Un diálogo permanente que se ha plasmado en la Ley, recientemente promulgada, por la que se crea el Consejo Agroalimentario del Estado. Un órgano consultivo, ha explicado el subsecretario, en el que participan las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria, con la finalidad de asesorar sobre aspectos relacionados con la política agraria y alimentaria.

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