La Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, esa desconocida

Alfredo López

Más de dos años y medio después de aprobarse, sorprende constatar que la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria es bastante desconocida, no ya por el común de los ciudadanos que pasaba por allí, sino sobre todo por los distintos agentes de los eslabones de la cadena de valor.

Según la investigación realizada por el Instituto Cerdá para el Magrama en el marco del Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario, un 78,4% de los productores encuestados no conocía esta norma; un 21,4%, sí, y un 0,2% ni sabía, ni contestaba. Porcentajes similares a los de la industria alimentaria (78,3%, no; 21,5%, sí y 0.2% ns/nc).

Peores ratios de conocimiento arrojaban mayoristas y distribuidores, ya que un 82,6% y un 85,3% de los consultados, respectivamente, decían desconocer una Ley, que sí les “sonaba” al 16,1% y 13,6% restante, respectivamente, con un 1,3% y un 1,1% que ni sabía, ni contestaba.

Es más; de los que decían conocer la norma, eran mayoría los que consideraban que ésta no era efectiva y que no había servido para mejorar las relaciones comerciales. Así opinaba un 52,6% de los productores; un 51,1% de la industria, y un 58,3% de los mayoristas, salvo los distribuidores (un 40%, no, y un 55,8%, sí).

Para todos, la transparencia en las relaciones comerciales era el aspecto que más había mejorado con la Ley (un 83,5%, productores; un 82,2%, industria; un 75,2%, mayoristas, un 85%, distribuidores), por delante de la seguridad juridica (78,1%, 68,9%; 65,8; y 74,2%, respectivamente), y de la ausencia o disminuición de prácticas comerciales potencialmente desleales (48,1%; 63,2%, 60,3% y 64,8%).

La gran mayoría indicaba también que su empresa no estaba expuesta a prácticas comerciales abusivas, aunque un 30,6% (productores); un 23,9% (industria); un 22,7% (mayoristas) y un 17,5% (distribuidores) consideraba que sí.

La mayor parte de estos agentes de la cadena decía que nunca tenian dificultades a la hora de formalizar las relaciones comerciales de venta con sus clientes, aunque el subsector lácteo señalaba con un 26,5% que sí, siempre o frecuentemente.

En este ámbito, un 62,8% de los productores indicó que formalizaba esas relaciones mediante contratos por escrito, un 58,2% con acuerdos verbales y un 27,9% con operaciones de pago al contado. En la industria, los acuerdos verbales ganaban por mayoría del 64,4% (un 76% en el sector lácteo), igual que en los mayoristas (66,2%) y los distribuidores (52,7%).

La encuesta recorre otros aspectos de la Ley, como los contratos, condiciones y obligaciones; plazos de pago; exigencia de información comercial sensible…etc..

En cualquier caso, ante estos resultados no es de extrañar, por ejemplo, la reacción de los mayoristas de frutas y hortalizas, que, ante el hecho de ser de los que más expedientes de sanción acumulan (un 68% de los más de 140 en total) por incumplir los preceptos de esta Ley, según la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), han vuelto a agruparse 15 años después en una Confederación.

Desconocer una Ley, no exime de su cumplimiento y tiempo han tenido para ello. Probablemente, estos operadores nunca creyeron que los contratos obligatorios por escrito, los plazos de pago y demás exigencias fuera con ellos.

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