UdU pide al MAPA tener más en cuenta a la ganadería extensiva, autóctona y profesional en la ordenación de granjas bovinas

Unión de Uniones (UdU) de Agricultores y Ganaderos, que ya presentó su posición y propuestas de mejora al proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas, traslado al Ministerio de Agricultura la desconexión de las exigencias propuestas con la realidad de la ganadería bovina en España, entre otros temas.

UdU pide al MAPA tener más en cuenta a la ganadería extensiva, autóctona y profesional en la ordenación de granjas bovinas

Unión de Uniones critica que “da la impresión de que han hecho un copia-pega de los reales decretos de ordenación porcino y avícola, sectores eminentemente intensivos, para elaborar la del sector de ganado bovino, sin tener en cuenta la gran diversidad y complejidad de los sistemas ganaderos extensivos y semi-extensivos españoles”.

En concreto, UdU considera que una serie de disposiciones son inaplicables,  debido al tamaño, régimen de tenencia, aprovechamiento y estructura de la base territorial de las granjas. Un claro ejemplo es que la propuesta de que, para todas las explotaciones de nueva instalación (incluidas las extensivas), las explotaciones deberán estar delimitadas perimetralmente para minimizar la entrada de personas, vehículos y animales silvestres, que es algo inaplicable en ganaderías con aprovechamiento de montes públicos, reservas naturales, zonas con fragmentación y atomización de las parcelas… etc.

El MAPA tampoco tiene en cuenta, señala esta organización agraria, el manejo que debe darse a muchas razas autóctonas. Por ejemplo, se exige a todas las explotaciones, que, si tienen instalaciones permanentes, éstas deberán estar cubiertas y aisladas, con capacidad para alojar a todos los animales, de acuerdo con la capacidad máxima. Teniendo en cuenta el temperamento y por tanto, necesidades de espacio de numerosas razas, el tamaño mínimo de estas instalaciones resulta inalcanzable, más cuando sólo se obliga para albergarlas en un supuesto caso de confinamiento, por no hablar de la inviabilidad del coste económico y la negativa debido a cuestiones medioambientales y urbanísticas en la mayoría de los casos.

Unión de Uniones destaca también el claro olvido de los sistemas ganaderos de la Cornisa Cantábrica, donde el territorio está vertebrado de forma tal que las granjas se encuentran intercaladas con los núcleos de población, mientras que el RD obligaría a una separación de 500 metros, “en esas regiones no existe terreno para cumplir esta norma” alega la organización.

Así, para las numerosas cuestiones inaplicables, Unión de Uniones reclama que se incluyan excepciones de cumplimiento para el régimen extensivo y semi-extensivo y aporte seguridad jurídica a este tipo de granjas, esenciales para el mantenimiento del medioambiente y el territorio.

Limitación del tamaño

En el proyecto de ordenación, el Ministerio también lanza su propuesta de establecer un tamaño máximo de las granjas, que se aplicaría a aquellas que no se consideren intensivas.

En su propuesta, las granjas tendrían un tamaño máximo de 850 UGM, que se traduciría, en una estimación gruesa, en unas 670 vacas de leche y 1.400 terneros de cebo.

Para UdU, estos tamaños están sobredimensionados y si bien limitan la proliferación de macrogranjas, hay margen de ajuste.

La clave de la rentabilidad de una granja no puede ser la huida hacia delante de un tamaño cada vez mayor de la explotación, sino unos precios justos, por lo que desde el MAPA se debe apostar por unos tamaños de ganadería acordes a la dimensión actual de las granjas profesionales y familiares” apunta  Unión de Uniones.

Al respecto, propone rebajar ese tamaño a las 650 UGM, algo más de 500 vacas adultas en granjas de leche y unos 1.000 terneros en el caso de cebo. Esta propuesta, según esta organización agraria, se ajusta más a un tamaño acorde con el tamaño de las granjas de los ganaderos profesionales de ambos sectores, según datos del MAPA, y en sistemas particulares como el Norte peninsular, las CC.AA. tienen capacidad de establecer normas más restrictivas de acuerdo a su realidad.

 

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