Las incoherencias de las Estrategias “De la granja a la mesa” y de Biodiversidad 2030. Artículo de opinión de Farm Europe

Artículo de opinión de Farm Europe
La Comisión Europea publicó este 20 de mayo su Estrategia de Biodiversidad para 2030 y su Estrategia de «Granja a la mesa». En línea con el Pacto Verde Europeo, éstas se presentan como una hoja de ruta para futuras iniciativas con el fin de preservar y proteger la biodiversidad, por un lado, y  diseñar un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, por otro.

Farm Europe acoge de forma satisfactoria una reflexión estratégica sobre el futuro de los sistemas agrarios y alimentarios para la UE. De hecho, creemos que las políticas comunitarias deberían contribuir a una mayor protección del medio ambiente y a luchar contra el cambio climático, y eso debe hacerse de la mano de la mejora de la situación económica de los agricultores y  de garantizar la seguridad alimentaria.

Estas dos comunicaciones de la Comisión Europea incluyen elementos positivos. En particular, el reconocimiento de que es necesario garantizar la seguridad alimentaria; el hecho de que los alimentos de la UE son seguros y de buena calidad; la difícil situación económica de los agricultores, la necesidad de proteger los ecosistemas, el apoyo a la agricultura digital y a la producción de biometano, etc. por nombrar algunos.

Sin embargo, estas dos estrategias dejan abiertas una serie de preguntas sobre la coherencia general de lo que se propone.

La semana pasada, la comisaria de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, declaró que se necesitan mejorar los datos disponibles para identificar y cuantificar tales objetivos de reducción de insumos. Sin embargo, en la Estrategia ya se proponen recortes abruptos de fitosanitarios y fertilizantes, así como una disminución obligada del uso de las tierras agrícolas. Hacer estas propuestas sin proporcionar una evaluación de impacto parece incomprensible.

De hecho, la Comisión Europea debe demostrar, primero, que sus propuestas no supondrán una carga adicional de costes de producción, ya elevados, para los agricultores, ni que darán lugar a una disminución de la producción agrícola comunitaria, porque eso alejaría el objetivo central de incrementar la seguridad alimentaria de la UE y de mejorar el crecimiento económico del sector agrario y de las zonas rurales.

Hoy es necesario analizar, más allá de las orientaciones generales sobre la seguridad alimentaria y de las mejoras de la sostenibilidad ambiental y económica de sectores y territorios agrícolas, el valor añadido que las medidas concretas que proponen estas dos estrategias podrían aportar a la Unión Europea.

En este momento, la combinación de ambas estrategias propuestas, si se pusieran en marcha como tales, daría como resultado, ante todo, una reducción del 15% de la producción agrícola de la UE y una fuerte disminución de la seguridad alimentaria comunitaria.

Además, las restricciones planteadas a los agricultores de la UE aparecen en marcado contraste con la posición comunitaria, no suficientemente firme, respecto a las importaciones agrarias, que se producen en nocivas condiciones medioambientales y donde solo se considera el etiquetado.

Por tanto, los agricultores comunitarios competirán en un terreno de juego aún más pequeño y se verán obligados a cumplir con condiciones medioambientales más costosas y más estrictas, a las que sus competidores en el mismo mercado no están sujetos.

Por último, deben abordarse algunas incoherencias entre la Estrategia “De la granja a la mesa” y la Política Agrícola Común (PAC) y su reforma.

Como declaró el vicepresidente, Frans Timmermans, un alto nivel de protección del medio ambiente y la integración de la política ambiental se pueden combinar con un nivel igualmente alto de desarrollo y crecimiento económico. Ya es hora de que la UE esté a la altura de esta declaración y se asegure de que se haga realidad.

Primer análisis de las medidas propuestas por las CE:

– Las Estrategias propuestas subrayan la necesidad de inversiones innovadoras en los sistemas agroalimentarios de la UE, aunque desafortunadamente siguen siendo imprecisas sobre el apoyo que se brindaría, sin decir una palabra, sobre la necesidad de tener un conjunto de herramientas de la UE más eficiente para gestionar mejor el entorno económico volátil, para enfrentar riesgos climáticos y de mercado y crisis. Después de la pandemia de COVID-19 y su impacto económico en el sector, la necesidad de más herramientas de gestión de riesgos y crisis es obvia.

Al mismo tiempo, proponen medidas restrictivas muy precisas que se implementarán para 2030 en el uso de insumos, en la parte de la tierra agrícola que se dejará improductiva (10% con una ubicación a decidir por los Estados miembros, -a pesar de la importancia ambiental de garantizar una presencia homogénea de explotaciones familiares-) y en la proporción de tierras agrícolas que deberán convertirse a la producción ecológica (25%), al tiempo que crea un vínculo confuso entre el impacto económico y ambiental de la agro-ecología y lo orgánico.

En lo concerniente a la producción de proteínas vegetales de la UE, lo redactado debería ser algo más que deseos  vacíos. La Comisión debería comprometerse a proponer medios concretos y eficientes, y reconocer que la única herramienta que ha tenido éxito en las últimas décadas para aumentar este tipo de producción ha sido el desarrollo de los biocombustibles procedentes de la UE.

En cuanto al vínculo entre las dos estrategias propuestas y la reforma de la PAC, hay un signo de interrogación sobre cómo ligaría la Comisión los objetivos de reducción de insumos por  Estados miembros, teniendo en cuenta sus diferencias y realidades agrícolas. ¿Cómo obligaría la Comisión a los Estados miembros a revisar los objetivos, si los Planes Estratégicos elaborados en 2022 no tuvieran una base legal a la que adherirse para fijar objetivos de disminución del uso de pesticidas y fertilizantes,  que solo se decidirían en 2022 mediante una revisión de la Directiva correspondiente?

Este diseño también plantea el problema de consistencia entre:

– el proyecto de reforma de la PAC, que pretende encomendar a los Estados miembros la tarea de definir 27 estrategias o planes estratégicos nacionales diferentes de la PAC,

– y el objetivo de la Comisión de fortalecer su poder de decisión, definir directrices para cada Estado miembro y transformar los requisitos, que propone en estas dos estrategias, en condiciones para la aprobación de los planes estratégicos nacionales de la PAC.

 

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