Las lácteas volverán a recurrir las sanciones de Competencia ante la Audiencia Nacional

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó el pasado viernes 12 de julio de sanciones a ocho empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por su actuación entre 2000 y 2013.

Al respecto, desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), a la que pertenece la gallega Unións Agrarias, se teme ahora que esa multa la acaben pagando los ganaderos, con los bajos precios pagados por la industria por la leche suministrada, si no la han pagado ya.

Por su parte, Unión de Uniones criticó el viernes 19 de julio que, debido a las deficiencias legislativas y de los organismos de control, las 16 industrias lácteas, objeto de sanción, continúan varios años después sin pagar la «multa», pese a que la CNMC calcula que las  16 industrias lácteas obtuvieron unos 685 M€ de ingresos indebidos, a costa de los ganaderos durante los años de duración de la supuesta conducta ilegal, y la multa de80 M€ sólo supone en torno a un 12% del importe total de los mismos.

Por su parte, en declaraciones a la agencia EFEAgro, un portavoz de las industrias lácteas señaló que todas recurrirán en contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (AN), como ya hicieron en su día por defectos de forma, al considerar inexistente el relato de los hechos e injustas las sanciones que ha impuesto Competencia.

La conducta ilícita, según la CNMC, consistía en intercambiar información, lo que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos.

Tal actuación se considera una infracción muy grave y ha sido sancionada con 80,6 millones de euros. (S/0425/12), lo que supone unos 8 millones menos por la rebaja de la cuantía en algunas de las empresas sancionadas y por prescripción en el caso de otras.

Este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León. En él se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y de una denuncia formulada por la organización agraria gallega Unións Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra las empresas transformadoras de leche.

Tras una investigación, que incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector y tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador, la CNMC consideró que la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) participaron y son responsables de conductas anticompetitivas, que infringen la legislación de competencia.

También participaron en estas conductas, las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien su infracción ha prescrito.

Presionar a los ganaderos

Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores, según esta Comisión, consistieron en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.

Estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de  consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.

Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y  para la cesión de ganaderos entre industriales.

Así, por ejemplo, las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo.

Esta información, según la CNMC, permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda.

Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

Los acuerdos agravaron la situación en un mercado, ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.

Asimismo,  algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda.

La Resolución de la CNMC no sólo prueba la existencia de conductas prohibidas por su objeto, que no era otro que distorsionar el normal funcionamiento del mercado, sino que además las mismas produjeron efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado.

Este es un procedimiento que ya se instruyó y resolvió en 2015. La CNMC elaboró un Pliego de Concreción de Hechos en el que se omitieron  determinados periodos infractores para algunas de las empresas, lo que condujo a una rectificación de tales datos en un segundo Pliego que Nestlé recurrió.

Mientras se tramitaba el proceso judicial, la CNMC resolvió el procedimiento sancionador el 26 de febrero de 2015. Sin embargo, el 11 de julio de 2016, la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso judicial presentado por NESTLÉ y anuló en parte la resolución de CNMC, ordenando la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la subsanación de errores (recurso 343/2014). Esto explica que las sanciones y las duraciones de las conductas sean en algunos casos diferentes a las que se impusieron en 2015.

Sanciones
La conducta descrita se considera una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de Unión Europea, consistente en prácticas de intercambio de información comercial sensible

En estos intercambios de información jugaron un papel propio y relevante dos asociaciones: Aelga y Gil, con un rol de facilitadoras de la infracción, por el que son consideradas coautoras de la infracción y multadas por ello.

Sanciones 2019 (en Euros)
Empresa

Calidad Pascual: 8.560.365.

Central Lechera Galicia: 53.310.

Corporación Alimentaria Peñasanta: 21.864.645.

Danone: 20.277.100.

Grupo Lactalis Iberia: 11.692.998

Nestlé España: 6.860.000.

Ind. Lácteas Granada: 10.269.557.

Schreiber Food España: 929.644.

Asoc. Emp. Lácteas Galicia: 60.000.

Gremio Ind. Lácteas Cataluña: 90.000.

TOTAL: 80.657.617.

En el caso de las Industrias Lácteas Asturianas, Grupo Leche Rio, Feiraco Lácteos, Leche Celta, Forlactaria Operadores Lecheros y Central Lechera Asturiana la CNMC declaró prescrita la infracción.

Recurso contencioso-administrativo

Contra la citada resolución de la CNMC no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, que es lo que han anunciado que harán las empresas lácteas sancionadas.

Cualquier persona o empresa que se considere afectada por las prácticas anticompetitivas descritas en esta Resolución puede presentar una demanda de daños y perjuicios derivada de las citadas conductas por infracción de la normativa de defensa de la competencia ante los tribunales civiles.

La CNMC considera prioritaria la lucha contra los carteles y recuerda que para su detección cuenta con el Programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.

Asimismo,  se ha habilitado en la CNMC un Buzón de Colaboración donde los operadores pueden facilitar información a la autoridad de competencia sobre este tipo de infracciones muy graves.

Archivo adjunto pdf:  CNMCMultaLácteas

¿Lo pagarán los ganaderos?

La multa de 80 millones impuesta al cártel lácteo ha dado la razón una vez más a los ganaderos, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que lleva años denunciando que los precios “de ruina” de la leche en origen no sólo son injustos e inmorales, sino que son además ilegales. “Pero no queremos la razón, queremos precios justos”, reconocen.

UPA manifiesta los “sentimientos encontrados” que genera entre los productores de leche la multa de la CNMC a las industrias lácteas, conocida el viernes. Por un lado, satisfacción, “pues siempre es agradable tener razón”, y por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.

A juicio de esta organización agraria queda “de sobra demostrado” que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas “usan a sus ganaderos” en campañas de publicidad para blanquear su imagen, “por detrás nos dan puñaladas traperas”.

Al respecto, UPA pide que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura –en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)- “vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo” para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores.

Además, la organización de ganaderos exigen a las empresas “que se dejen de recursos”, asuman la multa y que el importe de la sanción se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de “crisis profunda” en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.

UPA explica que aún hoy la situación de precios hundidos en origen, de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y de falta de poder negociador del primer eslabón son “una realidad dramática”, que provoca un goteo continuo de cierre de granjas: no en vano 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.

Deficiencias legislativa y de control

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la reciente resolución dictada por la CNMC que vuelve a rehacer el proceso sancionador a la mayoría de las  industrias lácteas con 80 M€, critica las deficiencias legislativas y de los organismos de control del sistema de fijación de precios en el sector agroalimentario que se dan constantemente.

Unión de Uniones considera que esta multa por la fijación y bajada presuntamente ilegal de precios a los ganaderos durante los años 2000 a 2013 está ampliamente justificada y no comprende cómo a la industria, que obtiene importantes beneficios, tras producir un importante hundimiento de  precios en los años precedentes, se le permite seguir pagando a día de hoy la leche a los ganaderos españoles por debajo de la media de Europa, según los últimos datos del Milk Market Observatory  del 5 de julio de 2019. Igualmente, el precio en el último año ha aumentado en España en menor ritmo que en el resto de la Unión Europea, siendo de un 3% frente al 5%.

¿Tienen las industrias  impunidad por el mal funcionamiento del sistema?

El proceso sancionador se resolvió en 2015 y hacía referencia a prácticas ilegales realizadas por 16 industrias lácteas, tales como el reparto del mercado de compra, acuerdos de precios de compra de leche cruda de las empresas transformadoras o estrategias relacionadas con la recogida de la leche como medida de presión al ganadero.

La CNMC elaboró un pliego de concreción de hechos que tuvo que rectificar por la omisión de determinados hechos y que, posteriormente, Nestlé recurriría. Por ello, según explican medios como el Diario Financiero, las sanciones y las duraciones de las conductas son, en algunos casos, diferentes ahora en 2019 a las que se impusieron en 2015, ya que la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso presentado por Nestlé anulando en parte la resolución de CNMC, ordenando la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior a la subsanación de errores.

Unión de Uniones denuncia que con el sistema y la legislación actual, los continuos recursos presentados por las grandes corporaciones, junto a los fallos en los mecanismos de control, los procedimientos se eternizan, las sanciones no son lo suficientemente disuasorias y la legislación no tiene la concreción necesaria para evitarlas, por lo que los ganaderos tienen la sensación de que estas 16 industrias actúan con una total impunidad.

El 12 % de los ingresos indebidos

La organización pone de manifiesto que, en la resolución de 2019, la CNMC dispone que las 16 industrias lácteas obtuvieron 685 M€ de ingresos indebidos, a costa de los ganaderos durante los años de duración de la supuesta conducta ilegal, por lo que la multa sólo supone en torno a un 12% del importe total de los mismos.

Cada año están dejando de pagar bastante a los ganaderos, en relación con lo que pagan las industrias lácteas de otros países”, critican desde Unión, que añade que “las industrias lácteas infractoras hacen prácticamente lo que quieren y, lo que es peor, es posible que lo sigan haciendo porque falta voluntad y valentía política para resolver este problema”.

La organización, quien ya denunciara recientemente la creciente desaparición de 1.800  ganaderos de leche, 840 ganaderos de vacuno de leche menos de junio de 2018 a mayo de 2019, rechaza esta conducta e insiste en poner sobre la mesa con urgencia la incorporación de la definición de posición de dominio en la Ley de la Cadena Alimentaria, que asegure un libre funcionamiento del mercado.

Además, señala que el sistema de control de este tipo de infracciones no está funcionando adecuadamente cuando las sanciones que se impusieron en 2015 por actuaciones realizadas desde el año 2000 en muchos de los casos, siguen sin pagarse debido a las continuas alegaciones de las industrias implicadas.

Enlace a las resoluciones de la CNMC de 2015 y 2019

Nuevo recurso

Las empresas lácteas CAPSA, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual y Nestlé recurrirán de nuevo la sanción de 80 M€ impuesta por Competencia, que les acusa de intercambiar información para influir en los precios a pagar a los ganaderos por su leche.

Fuentes oficiales de las cinco compañías -Puleva pertenece al grupo Lactalis- confirmaron a la agencia EFEAgro que volverán a presentar recurso ante la Audiencia Nacional, que ya estimó parcialmente una de sus demandas en 2018 por «defectos» de forma.

La decisión judicial, de hecho, llevó a la CNMC a revisar el procedimiento para cumplir con la sentencia, en la que el tribunal ordenaba retrotraer el proceso hasta abril de 2014. Una vez aplicada la sentencia, la CNMC informó el pasado viernes que el importe de las sanciones se rebajaba de 88 a 80 M€, ya que la duración de algunas de las conductas castigadas era más corta.

Todas las lácteas sancionadas coincidieron en manifestar su disconformidad con el criterio de Competencia y consideran que no infringieron la normativa.

Sobre la sanción a las empresas lácteas también se pronunció el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien desde Bruselas recalcó que, «gracias a la Ley de la Cadena Alimentaria» el sector lácteo cuenta con contratos escritos, que permiten tener una «mayor estabilidad», por lo que los problemas son «muy diferentes» a los que dieron lugar a la multa.

 


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