La incertidumbre por la evolución del Covid-19 retrasará la entrada en vigor de la nueva PAC hasta 2023

La incertidumbre creada por la expansión y la evolución de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo retrasará la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) al menos hasta 2023, según las fuentes consultadas del Ministerio de Agricultura y del propio sector, en vez de en 2022, como en principio parecía previsto.

La incertidumbre por la evolución del Covid-19 retrasará la entrada en vigor de la nueva PAC hasta 2023

Esto conllevará también a su vez a que el MAPA, las CC.AA. y el propio sector agrario retrasen sus planes de trabajo para avanzar en el diseño del borrador del Plan Estratégico nacional de la PAC (PEPAC).

En esta segunda quincena de abril estaban previstos los debates iniciales para definir la estrategia a seguir por España en relación con las intervenciones sectoriales (los nuevos programas de apoyo a sectores, como las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura, el aceite de oliva y la aceituna de mesa…etc.).

Estos encuentros de trabajo, sin embargo, sufrirán un retraso, que aún no se conoce cuánto puede durar, ya acordado con las comunidades autónomas, ya que éstas y el propio Gobierno están centrados en la gestión diaria de la crisis sanitaria del coronavirus en sus respectivos ámbitos territoriales.

En principio, los debates y los planes de trabajo entre MAPA, CC.AA. y sector podrían retrasarse entre seis y ocho meses, y el objetivo es poder contar con un primer borrador de PEPAC completo a finales de este año 2020 o comienzos del próximo 2021 y remitir el documento formal a la Comisión Europea en otoño de 2021.

Incertidumbre presupuestaria

En paralelo, en Bruselas está la gran incertidumbre sobre qué va a suceder con la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, en el que se incluye el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el nuevo periodo, así como con la de los tres reglamentos que la vayan a desarrollar, dado que el Covid-19 ha cambiado radicalmente el escenario que había hasta ahora.

Si ya antes de esta situación excepcional, el apoyo presupuestario de la UE al sector agrario de la UE y sobre todo al Desarrollo Rural, en el nuevo MFP 2021-2027 se orientaba a la baja, en el actual escenario de crisis sanitaria, que está derivando en una fuerte crisis económica y social, esa tendencia podría ir a peor.

No obstante, la UE deberá ser consciente también de que garantizar la seguridad del abastecimiento de alimentos y bebidas a la población es clave y esencial en una situación tan crítica como la que se está viviendo. No se entendería que, pese a ello, el apoyo que viene recibiendo el sector agropecuario se redujese aún más, yendo a contracorriente de ese mensaje central yabriendo las puertas a incrementar aún más la dependencia de materias primas y productos agroalimentarios de países terceros, con todos los riesgos que ello supone y con la incidencia que tendría para un sector que no solo produce alimentos, sino que juega un papel determinante en la ocupación del territorio rural y en la defensa del medio ambiente.

Las últimas noticias son que la UE planea doblar al menos su presupuesto para financiar la recuperación o reconstrucción económica que la actual crisis sanitaria dejará en la sociedad. La CE baraja elevar el techo de gasto al 2% de la Renta Nacional Bruta, en vez de casi el 1% actual (el presupuesto de 2020 equivale al 0,904% de la RNB de la UE, lejos del 1,20% del umbral fijado), que también algunos Estados miembros (los “frugales”) proponían para al nuevo periodo.

Se trataría de un MFP reforzado, extraordinario para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid-19, dado que las necesidades de gasto serán mayores, de al menos 1,8 billones de euros. Cómo se financiará ese gasto es algo que aún está por debatir, porque tampoco se haría como hasta ahora, principalmente con la aportación de los Estados miembros según su nivel de riqueza, sino a través de la creación de un fondo financiero temporal y excepcional, mediante la emisión comunitaria, por ejemplo, de bonos en el mercado.

No obstante, podrían explorarse otras vías, como un MFP bis, paralelo al MFP 2021-2027, que estaría centrado exclusivamente en afrontar las consecuencias derivadas del Covid-19 en Europa, pero sin afectar a las bases de la propuesta de MFP 2021-2027 que ya se venía negociando.

El primer debate sobre este presupuesto, marco financiero o fondo de reconstrucción estará sobre la mesa de los Jefes del Estado y de Gobierno el próximo 23 de abril.

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