URCACYL advierte del peligro de la desaparición de las estaciones de servicio en el medio rural

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este 4 de octubre la reforma del Estatuto de los Consumidores de Castilla y León, que obligará a las estaciones de servicio a disponer de personal de forma permanente, perjudicará gravemente a aquéllas ubicadas en el medio rural, incluso llegando a su cierre.

Según la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl), los argumentos presentados por el PP y PSOE quedan desmontados por el reciente informe de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que muestra que las instalaciones sin personal cumplen con todas las medidas de seguridad y atención que el cliente precisa, reguladas por las leyes de seguridad industrial vigentes.

Algo que queda demostrado por un recorrido de más de 30 años de existencia sin incidencias o por la misma realidad de la distribución de carburantes en la UE.

Además, según fuentes de Urcacyl, no se tiene en cuenta el grave perjuicio que supone para las instalaciones ubicadas en el medio rural, mayoritariamente de titularidad cooperativa, que dan servicio no sólo a los socios de las mismas sino a toda la población de los pueblos de Castilla y León, ofreciendo un producto de calidad a un precio competitivo -como reconoce el Ministerio de Industria, y en el lugar donde se precisa.

PP y PSOE parece que se olvidan de las características de la dispersión geográfica de la región y de la falta acusada de todo tipo de servicios en los municipios rurales, que ahora se agravaría.

Es especialmente grave que estos grupos políticos desprecien la especificidad de la actividad agraria, como la vendimia, la siembra o la recolección, que no puede detenerse en períodos nocturnos o en festivos, que para el campo no existen cuando se dedica a estas labores.

La nueva normativa obligaría a cerrar las instalaciones en estos períodos de trabajo, obligando a realizar inconcebibles desplazamientos para obtener un suministro que ahora tienen cercano.

Según Urcacyl, los grupos políticos llevan tiempo siendo presionados por ciertas asociaciones que pretenden, no mejorar el servicio, sino eliminar un competidor, como son las cooperativas agrarias, que se instalan en lugares, como el medio rural, que estas mismas asociaciones mayoritariamente han rechazado por falta de rentabilidad; pero que las cooperativas, fieles a sus socios y a sus principios de mejora del entorno rural en el que se ubican, sí atienden con calidad, precio y servicio.

Poco se han preocupado los partidos, añade, cuando estas asociaciones han eliminado cientos o miles de puestos de trabajo de las gasolineras de nuestra región en los últimos años, más ocupados en vender frutas, prensa o chucherías, que de suministrar carburante al cliente, a pesar de ser consideradas como instalaciones atendidas.

Necesidades del medio rural

A juicio de la sectorial de Suministros de Urcacyl y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, parece claro que se tienen muy en cuenta las peticiones de algunos a costa de desoír las de otros, como las de las cooperativas agrarias y las necesidades del medio rural, que se han hecho llegar directamente a estos partidos y que han quedado más que respaldadas por el contundente informe de la CNMC.

Urcacyl espera que no se llegue a aplicar esta normativa o habrá que suponer que los grupos parlamentarios, en orden a la atención de los consumidores, continuarán con esta decisión hasta sus últimas consecuencias; es decir, obligando a todo tipo de instalaciones automáticas a contar de forma obligatoria y permanente con personal que atienda directamente, ya sea en horario diurno o nocturno, laboral o festivo, ya sea en gasolineras sitas en autovías, ciudades o pueblos.

Y tendrán que cuestionarse otros servicios a los consumidores, que carecen de personal atendiendo al público, como los de los cajeros automáticos de las oficinas bancarias,  o las máquinas expendedoras de billetes de trenes o autobuses, por poner algunos ejemplos.

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este 4 de octubre por una amplia mayoría de los grupos PP y PSOE (solo votaron en contra los cinco procuradores de Ciudadanos y se abstuvo el representante de la Unión del Pueblo Leonés) una modificación del Estatuto del Consumidor, que obliga a que, mientras las estaciones de servicio permanezcan abiertas, de día o de noche, al menos haya una persona en la instalación.

La norma aprobada, previsiblemente, se enfrentará a los recursos legales que presentarán la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) (presentará un recurso contencioso-administrativo en España y lo denunciará también en Bruselas), así como otros colectivos, caso de Cooperativas Agro-alimentarias, por sus efectos sobre la economía del medio rural. De hecho, se rechazó la propuesta de Izquierda Unida que apoyaba dejar la puerta abierta a algunas excepciones a la norma en las zonas rurales.

La vigente Ley de Hidrocarburos permite tres tipos de estaciones de servicio: las atendidas por empleados que sirven el combustible; los autoservicios, donde es el cliente el que se sirve, pero hay personal para cobrar y atender la tienda adyacente, y las desatendidas o automáticas, donde no hay empleados y es el usuario o cliente el que se sirve y paga en una máquina con tarjeta o en algunos pocos casos en metálico.

Según la Aesae, las restricciones son un intento de una parte de la patronal de distribución de hidrocarburos para limitar la competencia, ya que estas gasolineras “low cost”, de bajo coste, fuerzan la bajada de precios hasta 7 u 8 céntimos por litro de combustible.

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