Tres modelos para la agricultura española

José María García Álvarez-Coque. Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV.
Durante los años de la crisis, entre 2008 y 2013, la producción y la industria agroalimentarias mantuvieron sus niveles de ocupación anteriores a la crisis. No es para lanzar las campanas al vuelo, pues el valor añadido bruto total en el sector primario agrario no creció apreciablemente en dicho período aunque sí lo hicieron las exportaciones que aumentaron en más de un 50%. La salida exterior ha sido más una respuesta a la caída de la demanda interna que el fruto de una revalorización del modelo productivo. La producción primaria sigue en crisis, lo que es debido a desequilibrios en la cadena de valor y a debilidades estructurales para las que la PAC no ha suministrado soluciones en sus 30 años de aplicación en España.

En este punto nos preguntamos si hay alternativas para una agricultura sostenible generadora de empleo. Es claro que siempre se necesitará el apoyo de las políticas públicas pues no existe un mercado para las externalidades alimentarias y ambientales que genera la agricultura. Pero puede haber estrategias alternativas para sobrevivir en un mercado globalizado.

Tres son los modelos que quiero destacar sin descartar otras posibilidades o combinaciones. El primero apuesta por los sistemas alimentarios locales y tendrá un gran desarrollo en zonas peri-urbanas, sobre todo con consumidores informados y responsables. Aquí se pueden mencionar los esfuerzos para diseñar estrategias alimentarias, como es el caso de mi ciudad, Valencia, que ha sido designada por la FAO capital mundial de la alimentación en 2017.

El segundo modelo se basa en la integración empresarial, a veces de carácter vertical y gobernada por la industria y la distribución. Este modelo puede proporcionar tecnología y riqueza, pero en la estructura actual de la agricultura mediterránea la transición se presenta a veces dolorosa cuando pasa por el abandono del cultivo y la desactivación de muchas pequeñas explotaciones.

El tercer modelo pasa por la reorganización de la producción en unidades empresariales asociativas. Este modelo puede proporcionar estabilidad, pero su viabilidad depende de la profesionalidad de sus gestores, sea en fórmulas cooperativas o en otros modelos asociativos.

No nos podemos permitir el lujo de renunciar a ninguna estrategia. Sin embargo, es el momento de poner en valor la política de estructuras actualizando los instrumentos que tan valientemente introdujo la Ley 19/1995 de Modernización de las Explotaciones.

Como respuesta a la fragmentación parcelaria emerge el modelo asociativo de gestión común de la tierra. En este modelo, tanto la gestión comercial como la productiva están integradas en decisiones empresariales por la entidad asociativa. Frente al abandono del cultivo, pueden proponerse mecanismos de cesión del uso del suelo a la entidad asociativa, que es un proceso que ya está ocurriendo en varios lugares de nuestra geografía, y que podría ser facilitado por la administración y las entidades financieras. Los bancos de tierras aparecen también como una herramienta necesaria que requiere voluntad y sobre todo capacidad técnica.

Cambios legislativos ya han sucedido recientemente en algunas CC.AA. y están en debate en otras. Estas políticas suponen un gran esfuerzo que no puede venir solo del sector público sino que deben implicar a sindicatos, cooperativas y municipios, con altas dosis de innovación social y capacidades gerenciales renovadas. Quizás no estemos hablando de aproximaciones totalmente nuevas, pero tenemos una ventana de oportunidad para emprender una nueva política de estructuras, un ámbito donde a la PAC no se le espera, al menos con la deseable atención.

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