Tejerina responsabiliza a las CC.AA. de la sanción de 262,88 M€ por no aplicar el CAP entre 2009 y 2013

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló en el Pleno del Senado que las CC.AA. son las Administraciones públicas  responsables de determinar la superficie admisible de pastos con derecho a ayuda de la PAC.

También apuntó que algunas CC.AA., en concreto 5 (Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco) aplicaron el denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) de 2009 a 2013, establecido por la Comisión Europea y, por tanto no fueron objeto de corrección financiera, mientras que las otras 11 CC.AA. restantes optaron por no hacerlo, por lo que son responsables, añadió Tejerina, de hacer frente a la corrección financiera.

En respuesta a una pregunta de la senadora Elena Víboras, García Tejerina explicó que la Comisión Europea advirtió en 2009 de la necesidad de excluir de los pastos con derecho a ayudas de  la PAC a aquellas zonas en las que el ganado no puede entrar a pastar.

En ese momento, añadió la ministra, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) transmitió la Declaración de la Comisión de 2009 a todas las CC.AA., ese mismo año, ya que son estas Administraciones las autoridades competentes a la hora de determinar la superficie admisible de los pastos con derecho a ayuda.

La ministra explicó también que la Comisión Europea fijó, en junio de 2016, una corrección financiera de 262,88 millones de euros por la falta de aplicación de un coeficiente reductor de la superficie de pastos (CAP), correspondiente a las ayudas que van desde los años 2009 y 2013

En este sentido, García Tejerina recalcó que el FEGA advirtió hasta en cinco ocasiones a las CC.AA. sobre la necesidad de establecer el coeficiente de admisibilidad de pastos exigido por la Comisión. “Y hubo CC.AA. que sí siguieron las instrucciones del FEGA y establecieron un coeficiente. Y éstas no han sido objeto de corrección financiera”. El resto deberían haber actuado limitando la superficie admisible, tras la Declaración de la Comisión, según la ministra.

Por ello, el FEGA inició de oficio, en 2015, los procedimientos de repercusión de la corrección financiera, imputando a cada organismo pagador de cada comunidad autónoma sus propias responsabilidades.

  No obstante, García Tejerina precisó que, en agosto de 2016, el Gobierno presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la decisión de la Comisión, ya que la consideraba desproporcionada y no ajustada a Derecho.

Al mismo tiempo, se logró aplazar en tres anualidades el pago, y la primera anualidad ya ha sido adelantada por parte de la Administración General del Estado (AGE), “ayudando de esta manera a las CC.AA. para que asuman el ejercicio de sus competencias”. En cualquier caso, García Tejerina aseguró que su Departamento seguirá trabajando para que la multa sea la menor posible.

Asunción de responsabilidades

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Víboras, pidió al Gobierno, de forma firme y contundente, que asuma la multa “millonaria” que la UE impuso a España por no trasponer correctamente la directiva europea sobre la admisibilidad de pastos y, en consecuencia, que abone de manera inmediata la sanción impuesta por la Unión Europea de 262,88 millones de euros.

Durante la sesión de control, la senadora andaluza, Elena Víboras, trasladó a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la preocupación de los socialistas ante esta sanción, que inquieta y preocupa significativamente a 11 de las 17  CC.AA. y a los agricultores y ganaderos de casi toda España, reclamándole que el Gobierno central, “es decir, usted”, asuma “sin más dilación” la corrección impuesta por la Unión Europea, y le ha exigido que “no insista” en trasladar a las distintas autonomías la responsabilidad de “un error cometido por su Ministerio”.

Víboras pidió a la ministra que aprovechara su intervención en el Senado, en la Cámara de representación territorial, para enviar “un mensaje de tranquilidad” a los agricultores y ganaderos de Castilla y León –su Comunidad-, de Extremadura, de Andalucía, de Murcia, de La Rioja y a sus gobiernos autonómicos.

Dígales que ellos, añadió, no van a pagar “los platos rotos” por los errores cometidos por su Ministerio. No pueden jugar con los intereses de los ciudadanos por su ineptitud”, reclamó la senadora socialista a García Tejerina.

En su intervención, recordó también que el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento por determinar y repercutir las responsabilidades por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en su Disposición Adicional Quinta señala que será atribuible a la Administración General del Estado la responsabilidad de las correcciones financieras impuestas por la UE.

En este sentido, Elena Víboras explicó que dicha corrección afecta a 11 CC.AA. y detalló que, de todas ellas, la mayor sancionada es Extremadura con 79,6 M€, seguida de Andalucía con 63,6 M€, Castilla y León con 57,6 M€, Murcia con 1,8 M€, La Rioja con casi 4 M€ y, así, hasta una suma que asciende a 262,8 millones de euros.

Al hilo de ello, hizo hincapié en que nos encontramos ante una sanción impuesta por Bruselas, porque el Gobierno “no ha hecho sus deberes correctamente” y ha aplicado “mal” una normativa europea.

En este punto, reprochó a la ministra de Agricultura que resulta “inaceptable” que haya amenazado a las CC.AA. con descontar de la aplicación de la PAC los importes por los que han sido sancionadas y le recordó que muchas de ellas “les han llevado ya a los tribunales”, concretamente, al Supremo.

A mayor abundamiento, la senadora jienense señaló que las organizaciones agrarias han “alzado su voz”, mostrando todas ellas, sin excepción, su apoyo a que sea el Gobierno central quien asuma su error.

 

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