Reflexiones en torno a la crisis del sector lácteo

Francisco Sineiro y Jorge Santiso. USC.

La grave crisis que atraviesa el sector lácteo pone en evidencia las consecuencias del desmantelamiento de las medidas de regulación del mercado, con la eliminación de los precios institucionales desde el 2003 y la reciente supresión del sistema de cuotas.

La conexión del sector con los mercados globales traslada al mercado interior las caídas de precios provocadas por los desequilibrios entre oferta y demanda, a pesar de la incongruencia de que la UE apenas exporta el 8 % de su producción de leche. No vamos a profundizar en las políticas lácteas comunitarias, aunque conviene señalar que la liberalización se aproxima más a las estrategias propias de países netamente exportadores, como Nueva Zelanda, que a las políticas de otros países más dirigidos al consumo interior, como EE.UU., Canadá o Suiza, que mantienen mecanismos de regulación para limitar el impacto de eventuales desequilibrios en los mercados.

La intensidad de la crisis de precios de la leche está siendo más acusada en España y en especial en Galicia, con precios que durante los últimos meses han estado por debajo de 0,25 euros por litro para una parte considerable de los ganaderos, un 15% por debajo de la media europea. Las causas de esta mayor gravedad de la crisis están en los problemas existentes en los distintos eslabones de la cadena productiva y en la falta de medidas efectivas en las políticas agrarias, de mercados y de competencia, que deberían haber ayudado a mejorar esta situación.

De modo resumido, los problemas están ligados a una elevada dependencia de la leche envasada, agravada por su uso abusivo como producto “reclamo” por parte de la distribución y también por un déficit de organización sectorial, que afecta tanto a los productores de leche, como a las industrias lácteas. Por limitaciones de espacio, nos centramos en el primero de estos problemas, que además sirve para poner en evidencia las relaciones entre los distintos operadores y la Administración.

El fuerte desarrollo alcanzado por las marcas de distribución (MDD) en la leche envasada, que absorben un 40% de la leche recogida, hace de este producto un tema capital para el conjunto del sector. La estrategia de su uso como un producto “reclamo” para atraer clientes a sus establecimientos, resulta en precios inferiores a 0,60 euros y en muchos casos por debajo de 0,55 euros.

Estos niveles de precios no se corresponden ni con la estructura de costes del producto, ni con los existentes en otros países. El último estudio realizado en 2013 por el Observatorio de precios del Ministerio de Agricultura señalaba un precio mínimo al consumo de 0,63 euros, como resultado de incorporar los costes de la producción, industria y distribución.

Estrategia de la distribución

Se trata de una estrategia de la distribución, especialmente dura en España, como se pone en evidencia en una comparación rápida de los precios de venta en sendos grupos de distribución presentes en España y en Francia, donde son entre 16 y 22 céntimos más elevados que en sus mismos establecimientos en España.

PRECIOS LECHE UHT SEMIDESNATADA, BRIK; 1 L.

Distribuidor Marca MDD PVP España PVP Francia
CARREFOUR Carrefour 0,60 € 0,82 €
ALCAMPO-AUCHAN Auchan 0,60 € 0,76 €

Fuente: www.carrefour.es; www.ooshop.com; www.alcampo.es; www.auchan.fr (páginas visitadas el 17 09 2015)

Esta estrategia favorece únicamente los intereses de la distribución para atraer clientes a sus establecimientos, pues los posibles menores márgenes obtenidos en la venta de leche se compensan con precios más elevados en otros productos, por lo que no hay un beneficio asegurado para el consumidor en el conjunto de la cesta de su compra. El bajo precio de la MDD reduce de modo considerable el margen industrial, que, a su vez, se traslada a los productores con precios bajos a la leche, con los consiguientes perjuicios para las industrias lácteas y los ganaderos, cuyos resultados económicos dependen en exclusiva de este producto.

El mantenimiento continuado de estas prácticas que distorsionan un funcionamiento equilibrado de la cadena productiva depende tanto de la debilidad de la industria, como de la ineficacia de la normativa relativa a las prácticas comerciales y la defensa de la competencia.

La debilidad de la industria deriva de su dependencia de la distribución, que se traduce en un menor poder de negociación, al estar obligada a aceptar precios de cesión al límite de los costes por no poder prescindir de los volúmenes de fabricación de MDD que, en muchos casos, superan a los de sus propias marcas de fabricante. La fragmentación relativa de las empresas lácteas orientadas a la leche envasada, compitiendo entre sí por no perder un cliente que puede resultar determinante para su viabilidad económica, agrava la posición de dependencia ante un grupo reducido de cadenas de distribución, ya que las tres primeras concentran casi el 60% de las ventas de MDD.

La constatación de los desequilibrios en el poder de negociación entre la industria y la distribución tiene su reflejo en la normativa vigente, perceptible en leyes como la de Competencia Desleal (1991), de Ordenación del Comercio Minorista (1996), de Defensa de la Competencia (2007) o de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (2013). Sin embargo, la profusión de normas y la dispersión de competencias entre CC.AA. y la Administración General del Estado, y en esta a su vez entre diferentes ministerios, han mostrado su incapacidad para poner freno a las prácticas abusivas de la distribución, incluidas las ventas “a pérdidas” o la discriminación de márgenes. El recurso a códigos de buenas prácticas, de carácter voluntario, no ofrece mejores garantías, como señala la experiencia del logo Producto Lácteo Sostenible (PLS).

Oposición frontal

Una referencia especial merece el posicionamiento de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), como órgano encargado de velar por la competencia efectiva en los mercados, que viene mostrando una posición pasiva ante la distribución, como evidencia el expediente “Industrias Lácteas 2” que culmina con una fuerte sanción a algunas empresas lácteas, mientras evita investigar las prácticas de la distribución presuntamente abusivas, según la denuncia origen del expediente.

Esta posición contrasta con la oposición frontal a las iniciativas que tratan de introducir un cierto orden en el mercado de la leche en origen. La prohibición expresa del modelo de indexación de precios propuesto por la Interprofesión INLAC en 2003, los informes relacionados con los contratos y demás medidas del Paquete Lácteo, o la tramitación de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria son una buena muestra de la intervención de la CNMC en este ámbito.

Los documentos soporte de las discusiones entre las organizaciones representativas de la producción, la industria y la distribución en torno a una salida de la actual crisis del sector pueden abrir un nuevo escenario: la introducción de principios, como la valorización de la leche en destino, contraria a su banalización y uso como producto “reclamo”, debería facilitar la sostenibilidad tanto de la industria láctea, como de las explotaciones lecheras.

Sin embargo, y todavía pendientes de que se concreten los compromisos del acuerdo definitivo, quedan dudas sobre su alcance real para reequilibrar la distribución de los márgenes en la cadena, con cuestiones importantes como la delimitación de lo que es o no una valorización razonable de la leche o la sostenibilidad del sector, lo que señala la necesidad de contar con estadísticas fiables de precios, costes y márgenes que puedan ser utilizados como referencia.

La capacidad de los acuerdos para abordar los problemas planteados va a depender, en todo caso, del grado de compromiso real de las partes para llevarlos a cabo, así como de la voluntad de los organismos competentes para ejercer una supervisión eficaz de su cumplimiento. Parece necesario, además, que el regulador se muestre más receptivo a un enfoque global del problema; el informe emitido por la CNC al Acuerdo sobre los contratos homologados suscrito por las mismas partes en julio de 2009, en el contexto de la anterior crisis del sector es un precedente que no debería repetirse si se comparte el objetivo común de abordar una situación tan grave y compleja.

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