Los agricultores y los ganaderos, las agricultoras y las ganaderas españolas, estamos demasiado acostumbrados a modificaciones legislativas que implican grandes cambios en nuestra actividad y afectan de forma directa a nuestras rentas. En muchas ocasiones hemos reivindicado la importancia de la estabilidad de las políticas agrarias, para que cada uno pueda realizar sus inversiones y planificar su actividad a largo plazo.

Hay quien opina que el sector agrario no tendría que contar con el apoyo financiero propuesto por la Comisión Europea, cuando en todas las administraciones se están sufriendo ajustes presupuestarios. La sociedad europea debe entender este apoyo en su propio interés, ya que ese presupuesto le permite disponer de algo tan elemental como el suministro de alimentos y una seguridad alimentaria que no deberíamos dejar en manos de terceros países.

No es necesario recordar las estimaciones de la ONU sobre el crecimiento mundial de la población, y las necesidades de alimentos que este aumento demográfico conlleva, por lo que deberíamos olvidarnos de precios bajos de los alimentos y abastecimiento de los mismos por terceros países, que sin duda tendrán muchos mercados a los que abastecer.

Teniendo en cuenta, por tanto, la importancia de lo que nos jugamos, es totalmente justo que aquellos que representamos los intereses del sector agrario digamos claramente las cosas que no nos gustan, y que bajo nuestro punto de vista ponen en jaque la labor más importante que realizamos día a día: la producción de alimentos.

Estamos convencidos que la agricultura y ganadería centroeuropea no sufrirá efectos devastadores con las nuevas propuestas comunitarias. Sin embargo, estamos seguros que esta nueva filosofía es muy dañina para la agricultura mediterránea y en particular para el sector agrario productivo español.

Hemos entendido perfectamente que esta nueva filosofía pretende favorecer al territorio frente al agricultor y ganadero, algo tremendamente erróneo si analizamos las características de nuestro sistema de producción. Por esto decimos que la propuesta de nueva PAC ataca a la agricultura y ganadería productiva.

Además se apuesta por una definición absurda del "agricultor activo", que viene a mantener el concepto de beneficiario de ayudas que tenemos en la actualidad, y en el mejor de los casos deja un pequeño margen a los Estados miembros para que definan la actividad mínima que deben tener esos "agricultores activos". Es decir, lo que yo no soy capaz de proponer a nivel comunitario, hazlo tú en tu país.

Nuestra diversidad de cultivos, nuestras limitaciones productivas y la propiedad de la tierra, que no está precisamente en manos de los agricultores y ganaderos que viven y trabajan en el campo, son las principales causas que hacen que califiquemos de tremendamente negativa la propuesta.

En un país donde conviven explotaciones de regadío de 8 o 10 hectáreas con otras de secano de 150, nadie puede entender un apoyo por hectárea igual en ambos casos. Esto se podría resolver de alguna manera con la regionalización propuesta, pero la filosofía general de la Comisión Europea es la tasa plana por hectárea, lo que es a nuestro juicio ilógico.

Un modelo de pagos donde alrededor del 90% del apoyo no se relaciona con un cultivo o una producción ganadera concreta, desde luego no está orientado a la agricultura y la ganadería productivas.

Un régimen de apoyo que prima al territorio y no al agricultor, no puede tener un efecto positivo en un país en el que más del 50% de la tierra se gestiona en régimen de arrendamiento.

Un país como España donde actualmente hay unos 17 millones de derechos y su importe se propone repartirlo entre unos 26 millones, significa un incremento del número de derechos del 53% y una reducción del valor medio del derecho del 35%, lo que implica necesariamente una transferencia de recursos hacia hectáreas menos productivas. ¿O acaso alguien puede defender que los 9 millones de hectáreas que actualmente no tienen pago único y que la propuesta de la Comisión pretende que lo tengan son todas productivas?

Si el que suscribe este artículo, en lugar de defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores profesionales, defendiera los intereses de los propietarios, tendría una opinión radicalmente diferente a la que defiendo en estas líneas. En este caso sí que consideraría la propuesta como un buen proyecto de reforma de la PAC.

Los agricultores y ganaderos queremos vivir de lo que producimos día a día, para ello es necesario que nuestros productos tengan el valor que realmente merecemos. En este tema todo el mundo nos da la razón, pero nadie es capaz de darnos las herramientas para conseguirlo.

Sabemos que cambiar el modelo liberal que impera en la Unión Europea no es sencillo, pero viendo que todas las administraciones y todos aquellos que tienen poder de decisión reconocen el enorme desequilibrio que existe en cadena agroalimentaria, no nos explicamos cómo no se proponen cambios más profundos, particularmente en lo relativo a las normas de competencia y las excepciones para el sector agrario.

Necesitamos que la PAC diga claramente que nuestro sector debe reforzarse en la cadena de valor y que la mejor manera de conseguirlo es permitiendo negociaciones colectivas de las condiciones de venta de nuestros productos, incluido el precio. Si esto no es así, la reforma de la PAC será nefasta, pero no sólo para los agricultores y ganaderos, también para el consumidor europeo, que irá viendo como derechos tan básicos como el derecho a la alimentación de calidad, se verán mermados.

Si la legislación dice claramente esto, ninguna autoridad de competencia podrá poner excusas sobre aquellos acuerdos que el propio sector agrario sea capaz de alcanzar.

Entiendo que las razones para mostrar nuestro desacuerdo sobre la reforma son bastante claras y también las propuestas que deberían incluirse para mejorarla. Es nuestra labor explicar esta situación y poner todo nuestro empeño en mejorar la vida de los agricultores y los ganaderos, y de toda la sociedad.