El Partido Popular acabó nombrando ministro de Agricultura a Miguel Arias Cañete, que hasta última hora parece se había resistido a que le endosaran este complejo departamento cuyas competencias van desde las producciones agrícola y pesquera, hasta la gestión del agua y la cuestión medioambiental. Tal como habían prometido los populares a lo largo de toda su campaña, se ha recuperado el nombre de Agricultura para este departamento, algo que nunca se debía haber perdido. Sin embargo, podemos decir que nos hallamos con un Ministerio con diferente nombre, pero con las mismas competencias que tuvo el pasado y que en estos siete años no se ha demostrado se haya ganado en eficacia o eficiencia, sino todo lo contrario.

El nuevo departamento mantiene el área de Medio Ambiente, con la gestión del agua, donde más del 70% se utiliza para los regadíos. Pero no se acaba de entender por qué el medio ambiente en su conjunto no tiene un organismo propio de carácter horizontal, que coordine las actividades de  varios ministerios afectados por la materia.

Frente a muchos de los nombres que se habían barajado para dirigir este departamento en base a compromisos políticos, cuotas de la mujer o de comunidades autónomas, utilizando el Ministerio como comodín de ajustes, Arias Cañete volvió al departamento tras siete años de ausencia.

Al grano. La llegada del Miguel Arias al Ministerio de Agricultura se puede decir se trata de la mejor de las soluciones adoptadas por el Partido Popular para dirigir este departamento en los actuales momentos, cuando se halla pendiente la reforma de la Política Agraria Común con la necesidad de impulsar nuevos modelos de producción, de comercialización, de hacer frente a una actividad cada vez mas globalizada, mayor apertura de fronteras, junto a desequilibrio de una cadena alimentaria con una gran distribución que impone su modelo de ofertas y precios.

 Miguel Arias tiene de positivo que conoce el sector agrario español y, obviamente, el entramado de mecanismos de Bruselas donde se deciden ayudas por un montante cercano al 30% de la renta media agraria española. Conoce el funcionamiento de las administraciones nacionales y no le son ajenas las siglas de los organismos que deberá coordinar, sus funciones y hasta también la capacidad de muchos de los funcionarios profesionales que hoy se hallan en los puestos de responsabilidad en primera o segunda línea. No va a preguntar a qué se dedica el FEGA.

Siendo un hombre de partido, y ahora probablemente más que nunca ligado al núcleo de poder, Miguel Arias tiene un talante de diálogo y una mirada abierta que seguro, junto su equipo de confianza, no le va a impedir contar con los mejores para desarrollar su proyecto de política agraria y no desaprovechar el potencial de muchos que han trabajado en los últimos tiempos como profesionales con la Administración socialista.

En su etapa anterior le tocó la negociación sobre la reforma o "chequeo médico" de la PAC en 2003, las negociaciones para las llamadas reformas de las producciones mediterráneas y la gestión de la crisis de las vacas locas. Dejó en el tintero su proyecto de ley de bases para el sector agrario y dedicó mucho tiempo y dinero para elaborar un Libro Blanco del sector que  duerme en el polvo de los armarios. Actuó a impulsos y con dispersión.

 Hoy, aunque no haya los recursos que serían necesarios para el desarrollo de determinadas políticas como la del agua o el desarrollo rural, se puede decir también que es posible avanzar en cuestiones importantes de organización y transparencia para el sector que no requieren grandes inversiones, sino una política agraria coherente y de la que puede depender una parte muy importante de las rentas.

Con la aplicación a medio plazo de la reforma de la PAC, el conflicto con las empresas eléctricas o la prepotencia de los grandes grupos de la distribución. a Miguel Arias le va a tocar emplear todo su talante para llevar a buen término sus compromisos. Y, en medios agrarios, le recuerdan y advierten que, aunque Andalucía es importante, la agricultura es cosa de todos.