A escasas fechas para el nombramiento de los miembros del nuevo Gobierno tras las últimas elecciones generales, constituye un interrogante el nuevo equipo responsable de la política agraria para cuya dirección  manejan numerosos candidatos donde se entremezclan personas con amplia experiencia en política agraria nacional y autonómica y otras ajenas al sector agrario. Rosa Aguilar anunció a su llegada el desembarco verde que (mejor), nunca existió, salvo en los papeles. Ahora llega de verdad el desembarco azul.

El  Ministerio de Agricultura ha sido tradicionalmente un departamento de segunda utilizado desgraciadamente como comodín para tapar agujeros, cubrir compromisos derivados de cuestiones como la cuota femenina, los ajustes entre comunidades autónomas o las familias en el seno de un mismo partido. Esa fue la política seguida en el pasado remoto y de la que ha sido un ejemplo lo sucedido en las dos últimas legislaturas, tanto con el nombramiento de Elena Espinosa como con el de Rosa Aguilar. En el Partido Popular existen personas suficientes con los conocimientos necesarios para tejer un equipo con experiencia en el sector agrario y no sería un buen inicio caer en las mismas dependencias.

Al grano. Con una negociación fundamental para el futuro del sector agrario pendiente en Bruselas, es indispensable que el nuevo, la nueva ministra sepa, del sector agrario, que no desembarque como un extraterrestre  y que conozca a fondo la realidad negociadora de Bruselas. No puede caer en las tentaciones de la ministra actual que, además de no conocer Bruselas, descabezó al equipo que la podría haber apoyado a diseñar sus estrategias Es importante saber y dejar moverse en Bruselas, pero, tal como se ha presentado la propuesta de reforma, es fundamental que el nuevo equipo  tenga una gran capacidad negociadora con todo el sector y las comunidades autónomas para lograr los acuerdos necesarios de cara  cerrar un reforma equilibrada.

Tal como están la cosas por los efectos de la crisis y los compromisos para cumplir con la exigencias sobre el déficit público, habrá recursos escasos, probablemente los justos para mantener la actividad, pero no partidas para acometer las inversiones necesarias que requerían las mejoras para lograr una modernización de las estructuras y una mayor competitividad de las mismas. Sin fondos, una buena parte de los programas son un canto al sol, aunque en muchos años también lo han sido con recursos. Desde esta perspectiva, más que un experto en gestión de fondos, el Ministerio requiriría un experto para generar y gestionar ilusión, el orgullo perdido por una profesión,  su reconocimiento social, en aplicar políticas más baratas y sacar  la máxima eficacia para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, como es una mayor organización del campo para comprar medios de producción y vender sus productos para dar a los mismos un mayor valor añadido.

Del programa de los populares, además de esa oposición a la propuesta de reforma de la PAC en la campaña electoral, uno de los puntos más claros es  el compromiso de volver a la vieja denominación de Ministerio de Agricultura al que se añadiría lo de Pesca, Alimentación, y donde no sobraría lo de Medio Rural.

Por lo que ha sido en este país el sector agrario y por lo que sigue siendo el medio rural, volver a la vieja denominación de Ministerio de Agricultura es un reconocimiento de justicia a todo esa población y a todo ese espacio que supone el 80% del territorio. No tenía demasiado sentido que Agricultura pasara a ser Medio Ambiente como carta de presentación, cuando el medio ambiente no es solamente una cuestión del campo, sino de todos los sectores económico. Pero, por encima de la batalla de los nombres, lo importante en el futuro del Ministerio serán sus competencias. Y, entre todas ellas, hay una que es previsible sea el objetivo de las mayores disputas por los muchos intereses que se mueven en su entorno: el agua, sobre la que caben principalmente dos opciones. Que sea un producto  gestionado desde la perspectiva de su eficacia para los regadíos, donde actualmente se destina el 80% de los recursos,  o que se haga desde la posición de los interese de las grandes infraestructuras,  bajo la mirada de  los técnicos de Fomento y de  las grandes, medianas y pequeñas  constructoras. El sitio del agua debería estar en Atocha.