Las consecuencias del Catalexit, por Jaime Lamo de Espinosa

Cataluña aporta un 19% al PIB del conjunto español y representa el 16% de la población total, pero, además, la mayor parte de su exportación se dirige al territorio nacional. Las empresas catalanas venden más a Cantabria que a EE.UU, más a Murcia que a China, más a La Rioja que a Japón, más a Aragón que a Francia. Y su presencia en la Unión Europea y en el euro se debe a su pertenencia a España, no a ninguna concesión especial o a un derecho propio nacido de alguna disposición extraña.
Por JAIME LAMO DE ESPINOSA, director de Vida Rural.

Querido lector:

He vivido dos ocasiones la irrupción de la ruptura en la vida política española. Una, cuando la Transición fue resuelta en favor de la reforma. Otra, el 23-F cuando gracias al Rey Juan Carlos I, se quebró la ruptura. Ahora se nos plantea, nada menos, que la ruptura del Estado, de la nación española. Escribo esta carta el día 11 de septiembre, es decir el de la Diada de Cataluña, día en el que están anunciadas diversas concentraciones, movilizaciones y actos con la finalidad, no solo de festejar dicha fecha, sino, en esta ocasión, de propiciar, empujar y animar el voto del previsible referéndum del próximo 1-O.

Y digo “previsible” porque, aunque el referéndum carezca de toda legalidad –por anticonstitucional y contrario al derecho internacional– y también de toda legitimidad –solamente ver y escuchar las sesiones del Parlament de la semana pasada daban vergüenza política ajena como afirmó sensatamente la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría–, puede que al final se celebre algún simulacro o sucedáneo de referéndum, en cuyo resultado –pese a la inexistencia de quorum exigible, listas y papeletas oficiales y a la más que probable ausencia de los partidarios del No– se pretenderá fundamentar el principio de ese camino señalado por la Ley de transitoriedad que conduce teóricamente a una república catalana.

Por lo visto el experimento de octubre de 1934 con Companys y Azaña y su triste resultado sobre las instituciones catalanas no parece servir de ejemplo suficiente en el momento presente.

Cataluña y el resto de España, o España y Cataluña que de ella forma parte, se han necesitado siempre y se necesitan aunque a veces la convivencia mutua no sea fácil. Cataluña aporta un 19% al PIB del conjunto español y representa el 16% de la población total, pero, además, la mayor parte de su exportación se dirige al territorio nacional. Y su presencia en la Unión Europea y en el euro se debe a su pertenencia a España, no a ninguna concesión especial o a un derecho propio nacido de alguna disposición extraña.

Tengo la esperanza, como todos los españoles, y como la mayor parte del pueblo catalán cuya mayoría silenciosa está por el estado de derecho, que el 1-O solo conducirá –y no es poco– a la nada. Y al tiempo agravará la convivencia entre los catalanes y hará más difícil la relación entre las autoridades autonómicas y nacionales pero no a la secesión, no a la independencia de Cataluña. Cataluña tiene tanto que perder fuera de España que sería un suicidio colectivo llegar a esa situación. Durkheim, el gran sociólogo y filósofo francés publicó a finales del siglo XIX su gran monografía titulada “El suicidio” y basó todas sus teorías en los llamados “hechos sociales”. Esos hechos sociales son colectivos, parten de la cultura de la sociedad que asume tales hechos desde que nace, aunque muchas tradiciones sean ciertas unas veces e inciertas las más.

Pero hablemos claramente porque el relato real no coincide con lo que allí se proclama oficialmente. Una Cataluña independiente –y eso no se ha querido contar, se ha ocultado durante estos últimos meses y años– sería inevitablemente una Cataluña fuera de la UE y fuera del euro. Las advertencias de Juncker, Schultz, Merkel o Macron en tal sentido no dejan lugar a dudas pero no son aceptadas por los difusores del independentismo, como si pudieran ser objeto de duda. Los Tratados son los que son y rigen la vida de la UE y esos tratados no permiten en esta materia interpretación alguna. Y así, un territorio que se separa solo vuelve a entrar en la Unión por un acuerdo específico de adhesión sólo si cuenta con el sí de todos los Estados miembros, unánimemente, lo que es imposible de concebir.

Pero además una Cataluña fuera de España y fuera de la Unión significa la renegociación de todos los tratados internacionales que vinculan a España y a la Unión con el resto del mundo. Estamos ante un Catalexit y al igual que el Brexit o que la pretendida secesión escocesa tiene unos costes. Cuando Escocia llevó adelante su referéndum, felizmente rematado por el No, se realizó el estudio sobre “Análisis de Escocia: el proceso de autonomía y las implicaciones de la independencia escocesa”, que fue el primero de los informes encargados por el Gobierno del Reino Unido para advertir del coste de una hipotética secesión.

El informe, realizado por James Crawford de la Universidad de Cambridge, y Alan Boyle, de la Universidad de Edimburgo (dos de los principales expertos mundiales en Derecho internacional), concluyó que la secesión de Escocia la situaría fuera de la Unión Europea (UE) y debería negociar su ingreso así como la adhesión a cerca de 14.000 tratados internacionales de todo tipo que entonces estaban en vigor en el país. Lo mismo ocurriría si Cataluña produjera su Catalexit. Más de 15.000 tratados internacionales debería renegociar, muchos años de vacío comercial, normativo, laboral, etc.

Pero el Catalexit no acaba aquí. La incertidumbre no solo afecta a lo político, afecta y mucho o tanto más a las cifras económicas. Cataluña tiene una deuda con España y el resto del mundo de imposible asunción. Esa secesión tendría implicaciones muy negativas y empeoraría, si cabe, el perfil del crédito catalán en el resto del mundo, aunque también para el de España. La prima de riesgo de la región se disparará. La banca no podrá garantizar los depósitos en territorio secesionado. Y se pondrá en grave riesgo la continuidad de los inversores españoles o extranjeros en dicho territorio.

Y en este debate se suele minusvalorar la importancia de las ventas catalanas de bienes y servicios al resto de España. La cifra de ventas (datos de CCC, Convivencia Cívica Catalana) es casi similar entre el resto de España y el resto del mundo. Pero de los veintitrés mercados donde las empresas catalanas venden más de 1.000 millones de euros anuales, más de la mitad, trece son comunidades autónomas españolas. Las empresas catalanas venden más a Cantabria que a EE.UU, más a Murcia que a China, más a La Rioja que a Japón, más a Aragón que a Francia. Cataluña exporta a Alemania menos de la mitad de lo que vende a los aragoneses. Y además disfruta de un importante superávit comercial con el resto de España de cerca de 19.000 millones de euros frente a un déficit comercial de casi 17.000 millones en su comercio con el extranjero.

Dicho de otro modo, dentro de España venden más de lo que compran, pero fuera de España compran más de lo que venden. Y además por cada euro que vende Cataluña al resto de España obtiene un 7% más de beneficio empresarial y un 18% más de impuestos recaudados en Cataluña que ese mismo euro vendido al resto del mundo. Todo lo anterior es especialmente relevante para las empresas de Lérida y Tarragona donde la cuestión se agudiza. Y además una gran parte de las exportaciones al resto del mundo, según datos del ICEX, procede de empresas exportadoras que en su mayoría son filiales de multinacionales de capital extranjero con sede de sus matrices fuera de Cataluña. “La salida de la UE es una manera de poner barreras a tu comercio. Punto final”, afirmó en su día Adam Posen, del Instituto Peterson para la Economía Internacional refiriéndose al Brexit. Igual cabe asegurar aquí y ahora.

Y si nos concretamos sobre la parte agro-alimentaria (ya lo hemos explicado en anteriores ocasiones, ver, por ej., Carta del 15.9.2015) la secesión supondría la pérdida completa de las ayudas de la PAC lo que representa una cifra aproximada de 400 millones de euros/año en “pago único” y una cifra algo menor pero semejante en ayudas Feader. Ayudas que en caso de secesión perderían los agricultores y ganaderos catalanes. Sí, perderían. Y además, ¿qué política agraria implantaría ese hipotético nuevo estado? Nada se conoce. Todo son incertidumbres y riesgos.

Pero es más, los beneficios empresariales por las ventas al resto de España respecto a las ventas fuera de España en productos agroalimentarios son de 108,74 M€ frente a 24,14 M€ en productos lácteos; 604,57 M€ frente a 321,66 M€ en productos alimenticios; 354,78 M€ frente a 233,08 M€ en productos ganaderos; 233,24 M€ frente a 164,07 M€ en bebidas; y 241,90 M€ frente a 222,07 M€ en industrias cárnicas. Perder el mercado español –y nadie duda que lo perderían, seguro– sería un grave error, un suicidio. Pues, además, las exportaciones de productos agroalimentarios o bienes manufacturados en España se verán gravadas por los aranceles correspondientes como exportaciones de un país tercero, lo que haría aún más difícil la vida económica y el empleo en Cataluña.

Ese suicidio colectivo, causado por un delirio nacionalista que, desgraciadamente, resurge cada cierto número de décadas, arrastraría a Cataluña a una sima económica nunca imaginada donde su PIB caería no menos de un 30%.

Dios quiera que estas reflexiones y lo que ocurra el 1-O conduzcan a la sensatez y a una vía de diálogo donde se abandonen las terquedades independentistas y se propicie una nueva relación de comprensión entre la autonomía y el Estado del que forma parte, pactando, cómo no, de modo inicial un nuevo sistema de financiación autonómico que corrija los graves defectos del hoy vigente, cuyas consecuencias son en buena parte el origen primigenio de todo este “procés” y seguidamente la necesaria reforma constitucional y en especial la de su Título VIII. Creo, espero, que no haya referéndum y que una nueva vía de reforma, no de ruptura, se abra a partir del 2-O.

Un cordial saludo

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