La UNIÓ recoge 15.000 firmas contra la aplicación estatal de la nueva PAC

La UNIÓ de Llauradors sigue recogiendo firmas de agricultores y ganaderos profesionales en contra de la aplicación de la PAC en España, en la que, el modelo aprobado por el Gobierno permite a personas físicas y jurídicas que no son agricultores activos beneficiarse de las ayudas.

Ha entregado otras 5.000 firmas en la Representación de la Comisión Europea que se suman a las más de 10.000 presentadas anteriormente y que forman parte de la campaña de adhesiones a la denuncia interpuesta por La UNIÓ y todas las organizaciones de la Unión de Uniones contra la aplicación estatal del Gobierno de la nueva PAC.

Esta decisión, que ha ocasionado perjuicios económicos graves para los agricultores y ganaderos profesionales, no obedeció además a instrucciones recibidas desde la Comisión Europea según respuesta del Gobierno en sede parlamentaria, contrariamente a lo que el Ministerio sostuvo en el período previo a la publicación de la normativa española.

Concretamente desde el Parlamento se ha contestado recientemente a este respecto a la pregunta hecha por el diputado socialista, Alejandro Alonso, señalándole ‘que no existe un escrito de la Comisión Europea por el que se obligue al Gobierno español a modificar la definición de Agricultor Activo inicialmente anunciada y que exigía que el 20% de sus ingresos agrarios no procedan de los pagos directos de la PAC’.

Cabe recordar que la organización presentó el pasado 12 de febrero una denuncia ante la Comisión Europea (CE) contra el Gobierno de España por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) en los reales decretos que regulan, a partir de este 2015, la aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Dentro de esta iniciativa se está llevando a cabo una campaña informativa con charlas por toda la Comunitat Valenciana y la recogida de firmas que se están presentando ante la CE.

La vulneración de la figura de ‘agricultor activo’, más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no son agricultores, y por lo tanto no deberían haberlos recibido, tiene como consecuencia según las estimaciones de La UNIÓ, que el conjunto de los beneficiarios tengan que asumir un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único.

‘El problema de este modelo de PAC está en la definición de agricultor activo, no se ha aprovechado la oportunidad de la UE para dejarla clara y se ha optado por una en la que cabe todo el mundo, con el grave perjuicio que ello supone de cara a garantizar el futuro del sector’, asegura el miembro de la Comisión Ejecutiva de La UNIÓ, Luis Javier Navarro.

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