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La UNIÓ pide que el Código Penal contemple los abusos en la regularización de variedades protegidas

La UNIÓ de Llauradors reclama que el proyecto de reforma del Código Penal tenga en cuenta de forma expresa los abusos a que se ven sometidos los agricultores en todo el proceso de la regularización de las variedades protegidas, tal y como ha ocurrido concretamente en las de cítricos.

Según esta organización agraria valenciana, el proyecto de reforma del Código Penal, que ha pasado ya al Senado tras su aprobación por el Congreso, debería contemplar y tipificar los abusos de aquellos que quieren implantar nuevas variedades protegidas de cítricos y que primero regalan y extienden varetas de esas variedades por todos los sitios, con o sin licencia, y una vez obtenida la protección se reclaman los royalties por importes muy altos, aprovechándose de una actuación con muy mala fe para ‘hacer caja’.

El actual texto del Código Penal contempla diversas tipologías de penas por hechos que atentan contra la propiedad intelectual, pero no incluye ninguna tipificación respecto a los abusos en materia de regularización de variedades vegetales protegidas y es aquí donde La UNIÓ va a iniciar los contactos con los diversos grupos políticos del Senado para introducir enmiendas que recojan y tipifiquen como delito estas prácticas.

El Código Penal sí que contempla mayor severidad contra los robos en las explotaciones agrarias, tal y como había insistido desde hace tiempo La UNIÓ, quien confía en que ello pueda contribuir, con otras medidas de acompañamiento, a reducir la incidencia de este tipo de delitos.

Las enmiendas al articulado del Código Penal aumentan las penas cuando los hurtos y robos se producen en las explotaciones agrarias o se refieren a productos característicos de las mismas (cableados, tubos, gasóleo, cosechas, instalaciones de riego, etc.). La UNIÓ ve imprescindible esta medida, pero no suficiente, para reducir el número de delitos en el medio agrario.

Paralelamente a la reforma del Código Penal debe fortalecerse, según esta OPA, con una mayor dotación de medios personales y materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado especializadas en este tipo de delincuencia, la mejor coordinación de las administraciones implicadas, el control sobre la compra-venta de los materiales sustraídos y la intensificación de las medidas de empleo y el fortalecimiento de los servicios sociales en el medio rural.

 

 

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