La reforma de la Ley de Montes favorecerá su gestión, el medio rural y el medio ambiente

La ministra, Isabel García Tejerina,señala en el Congreso que sus principales objetivos son proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico. El PSOE, que presentó la enmienda a la totalidad, calificó la reforma de ‘involución ambiental’.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendido en el Congreso de los Diputados, la oportunidad de la modificación de la Ley de Montes ‘para mejorar el marco jurídico nacional del sector forestal y conseguir así unos montes mejor gestionados, más cuidados y protegidos para beneficio de nuestro medio ambiente y de la riqueza y el empleo en el medio rural’.

Durante el Debate a la totalidad del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Montes de 2003, afirmó que se trata de ‘un proyecto que modifica aspectos de la vigente ley susceptiblesde mejora e integra nuevas normas europeas surgidas durante estos años’.

Según explicó, la finalidad de este Proyecto de Ley es optimizar las funciones sociales, económicas, ambientales y culturales que caracterizan a los montes, y que el sector forestal optimice su contribución al desarrollo sostenible de la economía.

En concreto, la ministra detalló que sus principales objetivos son proteger la diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico de los recursos forestales.

En este sentido, García Tejerina entiende que la gestión forestal sostenible es la mejor barrera de protección de los montes frente a los incendios. También señaló que la lucha contra los incendios y la gestión sostenible de los montes son armas muy importantes en la lucha contra el cambio climático.

García Tejerina apuntó cómo uno de los objetivos de este Gobierno es la dinamización del medio rural y asegurar una renta adecuada a sus habitantes. Para ello, ‘debemos aprovechar los recursos disponibles que generan rentas y puestos de trabajo en el medio rural, precisamente para quienes lo habitan y cuidan’, aclaró.

Asimismo, la ministra se refirió al Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal, aprobado por el Gobierno a principios del año pasado, que destaca la reducida dimensión de la propiedad forestal, la escasa ordenación de los montes y el bajo nivel de asociacionismo. Fruto de este diagnóstico son algunas modificaciones recogidas en este Proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Por otra parte, la Ministra de Agricultura detalló los aspectos más relevantes del Proyecto de ley. En primer lugar, la modificación de la clasificación de los montes, ‘porque la Ley vigente presentaba confusiones en su tratamiento’. De esta forma, en el nuevo texto se establecen categorías separadas e independientes, y cada monte sólo pertenece a una de ellas:

 

 Demaniales: montes de titularidad pública que cumplen una función de interés general.

 Protectores: montes privados que cumplen una función de interés general.

 Patrimoniales: montes de titularidad pública que no cumplen una función de interés general.

 Particulares: montes de titularidad privada que no cumplen una función de interés general.

Además, el Proyecto de ley establece la obligación legal a los montes de interés general para dotarse de un instrumento de ordenación.

La ministra aclaró que se trata de reemplazar un modelo basado en la obligación coercitiva de la ley, por ‘un sistema que incentiva, desde el punto de vista administrativo, el que cada titular se dote del instrumento de gestión más adecuado y el que le resulte más conveniente’.

Por otra parte, García Tejerina mencionó la regulación de los ‘montes de socios’, aquellos montes cuya titularidad corresponde, pro indiviso, a varias personas, algunas de las cuales son desconocidas.

Según indicó, ‘este Proyecto de ley da una solución a todos ellos, tras la experiencia adquirida en estos años, y se habilita un marco específico que permitirá su gestión, sin necesidad de acuerdo de todos sus propietarios’.

También se regulan las sociedades forestales, como sociedades de capital o instrumentos de gestión agrupada sin pérdida de la titularidad de la superficie, ‘para promover la gestión de los montes y la generación de economías de escala’.

Con esta regulación se persigue evitar la imposibilidad de aprovechamiento de superficies forestales fragmentadas, así como poner en gestión amplias superficies forestales hoy abandonadas o semi-abandonadas, y conseguir su integración en el circuito productivo del mundo rural.

Asimismo, García Tejerina destacó que este proyecto de Ley incluye medidas para combatir la tala ilegal de madera, la principal causa de deforestación a escala global.

Para ello, el proyecto incluye las medidas que permitan la efectiva aplicación en España de los reglamentos comunitarios en materia de lucha contra la tala ilegal, ‘con la máxima simplicidad administrativa para nuestro sector forestal’.

CAMBIO DE USO DE TERRENO FORESTAL

Por otro lado, García Tejerina detalló que la modificación de la Ley de 2006 incluía varias excepciones a la imposibilidad de cambiar el uso de un terreno forestal en los 30 años posteriores a un incendio.

Sin embargo, la ministra aclaró que ‘no se exigía nada por este cambio de uso y la posibilidad de excepción dependía tan sólo del momento de su tramitación administrativa’.

Ahora, a las posibilidades otorgadas en la ley de 2006 se incorpora una adicional que exige que sobre la zona quemada haya razones imperiosas de interés público de primer orden.

Además, añadió la ministra, con el fin de garantizar la total transparencia de esta excepción, se requerirá que sea declarada por una norma con rango de ley, lo que exige una consulta previa a los órganos consultivos y también una amplia consulta pública. Y al mismo tiempo, se requiere la reposición de una superficie equivalente a la que ha cambiado el uso.

En relación con los agentes forestales y medioambientales, García Tejerina aseguró que ‘sus funciones sólo se sistematizan, sin cambiar ni sus características, ni sus funciones, ni sus obligaciones’.

Es más, añadió, se mejora la coordinación con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las ocasiones en que ambos concurren en la misma investigación, ‘lo que sucede aproximadamente en un 2% de los casos’.

La ministra incidió en que se mantiene el carácter de agentes de la autoridad de los agentes forestales. Sus obligaciones y potestades en labores de policía administrativa forestal y ambiental, así como el carácter de policía judicial, en sentido genérico, tampoco se cambia con respecto a la situación vigente.

Por último, García Tejerina mencionó la inclusión de medidas de gestión cinegética y piscícola, ante la necesidad de armonizar y coordinar aspectos importantes para el ejercicio de estas actividades, como la regulación de las licencias de caza, los periodos de veda, las repoblaciones cinegéticas con especies autóctonas o la regulación de la caza de especies migratorias.

En definitiva, con el Proyecto de ley de modificación de la Ley de Montes ‘se pretende favorecer unos montes sanos, que sean soporte de nuestra gran diversidad biológica, además de impulsar la contribución positiva a los ciclos globales del carbono y del agua’.

También señaló que el proyecto busca la protección de las poblaciones y de las infraestructuras frente a los desastres naturales, la creación de renta y empleo, y favorecer ‘las excelentes condiciones para proporcionar recreo y valores culturales para todos’.

INVOLUCIÓN AMBIENTAL PARA EL PSOE

Por su parte, la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso y Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad, Pilar Lucio, responsabilizó al Gobierno de Rajoy de ‘realizar la mayor involución ambiental conocida en la historia democrática de España’, en su intervención en el pleno para defender la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Socialista al proyecto de ley de reforma de la Ley de Montes.

‘Esta legislatura pasará a la Historia como la de la mayor involución ambiental’, porque ‘ha dado al traste con décadas de lucha para crear un sistema de protección homologable con los países más desarrollados’, afirmó la dirigente socialista, que denunció que la reforma de la Ley de Montes es un ejemplo más de una ‘voracidad legislativa’ del PP contra el medio ambiente que ni está justificada, ni cuenta con el consenso que debería tener.

Al respecto, Lucio denunció la deriva legislativa del Gobierno de Rajoy en esta materia. ‘De nuevo cambian una ley ambiental sin proyecto político que lo justifique, ni proyecto estratégico en materia medioambiental, una propuesta que carece de modelo alternativo y que de nuevo deja ver su principal debilidad como gobierno de manera global, que no es otra que el cortoplacismo y la cortedad de miras a la hora de legislar’, lamentó la portavoz socialista.

‘El carácter lesivo para el medio ambiente de este Gobierno no va a ser fácil de corregir rápidamente’, señaló Lucio, que reivindicó ‘con todo el orgullo’ la política de protección ambiental que hicieron los Gobiernos de Rodríguez Zapatero con las ministras Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, quienes ‘fueron capaces de orientar la política ambiental hacia el verdadero significado de la sostenibilidad, construyeron consensos y avanzaron’ subrayó.

Enmienda a la totalidad a la política ambiental del PP

Lucio argumentó el rechazo del Grupo Parlamentario Socialista de la reforma de la ley de Montes en que, entre otros ataques ambientales, el PP abre la posibilidad de recalificar terrenos incendiados, algo ‘imposible de justificar’, subrayó la portavoz socialista. ‘Que la quema de un bosque pueda tener como consecuencia a medio plazo la urbanización de esos terrenos quemados, supondría dar unas armas de destrucción masiva a los delincuentes y especuladores’, dijo.

También alertó de la nueva regulación de los agentes forestales que contempla el proyecto de ley, porque ‘dificultaría enormemente su actuación de denuncia de delitos’, ya que su explícita subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto, a la Guardia civil, ‘merma de forma importante la capacidad de denuncia y actuación’.

La portavoz de Medio Ambiente además incidió en otras cuestiones en las que se retrocede con la Ley del PP, como que en lugar de realizar una planificación adecuada de las especies que mejor pueden adaptarse a cada hábitat, potencian la plantación de especies de rápido crecimiento.

En definitiva, Lucio planteó ‘una enmienda a la totalidad no solo a la ley de montes, sino a toda la política ambiental del PP’, denunciando que el Gobierno ‘prima el interés particular sobre el interés general’.

Así, se mostró convencida de que ‘desde el principio de la legislatura, en un sentido paralelo al de la devaluación del mercado laboral, sin duda el plan trazado era también conseguir degradar la protección ambiental, de forma que los costes ambientales en España se equiparen a los de países en desarrollo’.

‘Esperemos que escuchen el clamor de la ciudadanía y de todos los grupos parlamentarios que aquí se han pronunciado y que rectifiquen en materia ambiental’, concluyó su intervención la portavoz socialista.

 

 

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