La Junta regional remite a información pública la futura Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía abrió en días pasados el trámite de información pública para el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, aprobado el pasado 11 de octubre por el Consejo de Gobierno. Según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), este período de alegaciones estará abierto durante el plazo de un mes, hasta el próximo 12 de diciembre.

Las alegaciones deberán realizarse preferentemente en formato digital y abierto a la dirección sga.capder@juntadeandalucia.es, sin perjuicio de la posibilidad de realizarlo en formato papel ante cualquier registro general -preferentemente en el de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural-, así como mediante el resto de vías contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tras el trámite de información pública, la incorporación de las alegaciones oportunas y la finalización de los pertinentes informes preceptivos, el texto se someterá al dictamen del Consejo Económico y Social y se remitirá al Consejo Consultivo antes de su aprobación ya como proyecto de Ley por Consejo de Gobierno. La previsión es que en el primer semestre de 2017 se inicie la tramitación parlamentaria.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, destacó que la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía reconoce el cambio climático como uno de los grandes retos a los que debe hacer frente el sector agroalimentario.

La norma constituirá uno de los elementos programáticos de la Consejería dirigidos a mitigar los efectos de este fenómeno, que ya se viene considerando en distintas líneas de actuación recogidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) y en otros planes del Departamento.

En su intervención en la Comisión parlamentaria, la titular de Agricultura destacó entre estos planes la Estrategia de Gestión de Restos Vegetales, diseñada en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; y el III Plan Andalucía de la Producción Ecológica, dotado con 301 millones de euros.

Asimismo, recordó que entre las líneas fundamentales del Plan Estratégico para la Agroindustria 2016-2020 se encuentra la sostenibilidad ambiental y energética, e incluye operaciones orientadas a consumir menos recursos y reducir los impactos contaminantes.

Entre los principales factores del cambio climático que inciden en la agricultura, Carmen Ortiz resaltó el incremento de las temperaturas máximas y el descenso de disponibilidad de agua por la disminución de las precipitaciones y el aumento de su variabilidad. En cuanto al principal reto de futuro, la consejera se refirió a la necesidad de la actividad agrícola y agroindustrial de reducir las emisiones que producen y asumir su papel de sumidero de carbono.

Medidas de la Consejería

La titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural detalló que la Junta de Andalucía está implementando diversas medidas dirigidas a contribuir con la adaptación de la actividad agraria al cambio climático que se enmarcan en la Estrategia Andaluza dirigida a este fin, aprobada en 2002 y que es pionera entra las Comunidades Autónomas.

Sobre las iniciativas impulsadas desde la Consejería, Carmen Ortiz destacó especialmente las recogidas en el PDR 2014-2020, que prevé un gasto público de más de 344 millones de euros para promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transición a una economía baja en carbono en los sectores agrícola, alimentario y silvícola.

Además de estar presente de forma transversal en todo el documento, el Programa de Desarrollo Rural recoge actuaciones dirigidas específicamente a la adaptación al cambio climático.

Un ejemplo son las medidas agroambientales y de producción ecológica, que en los dos últimos años suman más de 490 millones de euros puestos a disposición de los agricultores y ganaderos de Andalucía para impulsar modelos de producción más sostenibles.

Carmen Ortiz citó también las ayudas destinadas al mantenimiento agrario en zonas con limitaciones, cuyo objetivo es evitar la degradación y erosión producida por el abandono de la actividad agraria; y las inversiones en activos físicos, como subvenciones para regadíos, modernización de explotaciones o de industrias.

Asimismo, la consejera recordó que las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores priorizan los planes empresariales que contienen actuaciones de eficiencia en el uso del agua y la energía; y los incentivos a los Grupos Operativos de Innovación apoyan especialmente a proyectos que contribuyen a reducir el impacto de la actividad primaria en el clima.

Cadena agroalimentaria

Por su parte, la directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Rosa Ríos, destacó en Sevilla la “especial atención que la Ley de Agricultura y Ganadería va a dedicar a la cadena agroalimentaria con la finalidad de evitar desequilibrios, una de las mayores preocupaciones del sector agrario”.

Asimismo, la Ley favorecerá el aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, e intensificará el fomento de los productos agroalimentarios y su internacionalización.

Ríos participó en la XIV edición de los Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto que organiza la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía (Landaluz) bajo el lema ‘Capder-Landaluz: un modelo de colaboración público-privada’, donde hizo un repaso de las directrices del anteproyecto de la Ley de Agricultura y Ganadería.

Durante su intervención, resaltó la “especial atención que la norma va a dedicar a la cadena agroalimentaria con la finalidad de evitar desequilibrios, una de las mayores preocupaciones del sector agrario”. Asimismo, la Ley favorecerá el aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, e intensificará el fomento de los productos agroalimentarios y su internacionalización.

Según explicó Rosa Ríos, la Ley reforzará el autocontrol en el complejo agroalimentario y obligará a que los productos agroalimentarios se acompañen de un documento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude.

Asimismo, se elaborarán planes de emergencia para la gestión de alertas y crisis alimentarias con sistemas de coordinación y colaboración eficaces entre autoridades competentes.

La directora general hizo hincapié también en la función social de la cadena alimentaria. La futura ley obligará a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.

Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, y en especial la venta a pérdida, el anteproyecto incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria.

En materia de investigación, desarrollo, innovación y formación, la directora general informo que la Ley prevé la aprobación de una Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario y Agroalimentario Andaluz, y un Foro de Innovación como órgano de asesoramiento.

Rosa Ríos afirmó que se trata de una norma “con una clara vocación de servicio no sólo para mejorar las garantías de los productos que consumimos, sino también para facilitar la actividad empresarial, simplificando los trámites administrativos para dar las mayores facilidades posibles al administrado”.

 

 


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